Luego de que el Departamento Contravencional desistiera íntegramente de la acusación contra Andrés García, referente del sindicato recuperado de la docencia jujeña, Cedems, el juez contravencional Borda Cabello resolvió su absolución. Acompañaron la cita docentes de distintos niveles, referentes de Derechos Humanos como Nora Ferreyra y Oscar Alfaro, quienes habían asistido en calidad de testigos, sindicales como Mercedes Sosa y Diego Machaca -Cedems-, SEOM, Nando Acosta -ATE-, Gastón Remy -Concejal del PTS/FIT y Diputado provincial electo-, AOMA, APUAP, CTA, apoyo de integrantes del Malón y organizaciones indianistas, organizaciones sociales como el Polo Obrero, ATD, CCC, MST, PCR, así como otros trabajadores y referentes de organizaciones sindicales, sociales y políticas que adhirieron.
Se trata de un importante paso adelante de todos los y las que luchan contra los ataques en curso, desde las contravenciones hasta los descuentos y también quienes sufren represión y hostigamiento. En unidad es posible pararles la mano.
Lo cierto es que la “justicia” no tenía, como en todos los casos, absolutamente nada para demostrar sus acusaciones inverosímiles. El compañero García estaba en una movilización. Eso es todo lo que se ve en las “pruebas”. Como cerca de allí se produjo lo que Morales y sus amigos llamaron “la quema de la Legislatura”, García o cualquier otro y otra que haya estado allí es responsable de ese hecho. Recordemos que no hay ninguna persona acusada por ese hecho particular, pero todos los que son parte de la manifestación, para la “justicia” deberían ser parte del hecho. No solo de ese, sino de arrojar bombas molotov y quemar autos. Insólito. La justicia no avanzó en este caso por la campaña que se hizo y porque iba a salir a la luz una acusación tan escandalosa que iba a demostrar cómo funciona la justicia jujeña. Pero siguen otras causas, tan armadas como esta. Con este “sistema” hay una compañera docente Mercedes Maidana de Humahuaca que es acusada de “sedición”. Aún quedan Carina Sumbaino y otros docentes imputados.
Estos hechos permiten ver varias cosas. Por un lado que la Justicia contravencional es la herramienta utilizada por el gobierno de Morales para criminalizar la protesta social.
Al mismo tiempo ve que las causas existentes carecen de sustento, de pruebas que permitan imputar a distintos manifestantes que ejercen su legal y legítimo derecho a la protesta, libre expresión y reunión, de peticionar a las autoridades. Se trata de causas armadas que, como se dice, si pasan, pasan…
Lo más peligroso quizá, es el modus operandi utilizado por la policía y el Departamento Contravencional. Este consta de identificar referentes (en el caso de García un docente e integrante de la directiva de un sindicato). ¿Cómo se lo identificó a él y a otras personas? No hay otra forma que contar con una base de datos de algunos y algunas referentes. Esto lo vimos en el llamado Proyecto X que se hizo contra los trabajadores de Kraft Foods por parte de la Gendarmería durante el gobierno de Cristina Kirchner. Luego, se intenta probar que “los identificados” ejecutaron un conjunto de las conductas no probadas y cometieron todos los supuestos delitos que se investigan. Una aberración reaccionaria para los libros de la historia del Derecho.
Ese proceder resulta muy delicado, porque estigmatizando referentes se busca penalizar personas, no hechos y actos, algo que está prohibido en el sistema penal argentino, configurando lo que se llama “derecho penal de autor”.
Recordemos que la hipótesis de co-autoría ya fue utilizada por el Ministerio Público de Acusación para detener a compañeras y compañeros como Ivan Blacutt, que aún siguen procesados.
Desde ya que en semejante “investigación” no se hace mención alguna a las personas infiltradas y los policías que desataron una ilegal y feroz represión y siguen impunes (al punto de tirar piedras, balas de goma a la cara y gases lacrimógenos provocando graves lesiones) mientras que los manifestantes son perseguidos y criminalizados, que se expresaron legítima y democráticamente por el aumento de los salarios, por el rechazo a la reforma antiderechos impulsada por Morales votada en conjunto con el PJ.
Que se trata de una justicia que persigue a opositores y manifestantes con causas armadas, puede comprobarse en distintas causas contravencionales, como la seguida a Cruz, confirmado que ni siquiera se encontraba en el lugar de los hechos; a Ali Peralta que resultó absuelto entendiendo que el caso presentaba el ejercicio legítimo del derecho a la manifestación, protesta social; a Ivonne Aparicio que resultó absuelta en similares condiciones que Andrés García, no pudiendo probar ninguna de las imputaciones realizadas.
Queda claro que ante la imposibilidad de probar acusaciones ostentosas pierden peso la persecución y estigmatización que promueven. Se ve que la respuesta colectiva y unitaria puede pararles la mano. Se trata de pelear en común sindicatos, organismos de DDHH, comunidades, organizaciones políticas y sociales, para poner fin a todos los atropellos del gobierno. Este es un paso que sirve para demostrar que se puede. Vamos por el fin de todo tipo de persecución, represión y hostigamiento, contra los descuentos que son represalias por luchar y por el cierre de todas las causas a los y las compañeras perseguidas por haber enfrentado y seguir enfrentando la Reforma. Arriba los derechos, arriba los salarios, Abajo las persecuciones, los descuentos y las causas contravencionales y penales. Abajo la reforma. |
