Este miércoles 23 de agosto en el Hotel Antofagasta, se celebró el seminario “Impacto del Litio en la política en la Región de Antofagasta 2018-2023”, organizado por el IPP-UCN, SQM y el Mercurio, el cual conto con autoridades como el Gobernador Ricardo Díaz, el alcalde de San Pedro Justo Zuleta (FRVS), el vicepresidente ejecutivo de SQM, panelistas varios ligados a la academia de la UCN y a consultoras del mundo privado, además de Vladimir Reyes presidente del CPA, Concejo de Pueblos Atacameños o Licanantay que pueblan las cuencas de los diversos humedales (salares) en el altiplano.

El informe: “Evaluación de resultados para la región de Antofagasta de los contratos entre el Estado y la industria del Litio”.

La exposición central estuvo a cargo de Cristian Rodríguez (ex intendente del PPD) encargado del Instituto de Políticas Publicas de la UCN Antofagasta, que hizo una síntesis del estudio realizado por la UCN sobre el impacto en términos económicos percibido por el Estado, el GORE y la UCN, a partir de la modificación a los contratos a las 2 grandes empresas explotadoras del salar de atacama: SQM, empresa del ex yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou y la Estadounidense Albemarle.

El centro de la ponencia radica en explicar que a partir del 2014 con la “política nacional del Litio” se modificaron los contratos del Estado con Albemarle (2016) y con SQM (2018), ampliando no solo las cuotas de producción para ambas empresas, además de entregarle “más años de concesión” (Albemarle hasta el 2043, y SQM 2030), si no que por primera vez, después de años de regalarle este negocio a los grandes empresarios, el Estado decidió pedirle aportes para el “desarrollo tecnológico I+D”, definir una redistribución de rentas descentralizada, y redefinir la gobernanza con el Salar de Atacama.

Esta modificación a los contratos que Cristian Rodríguez planteo como un gran cambio de paradigma donde los empresarios ya no “aportarían voluntariamente” a las localidades si no que se “institucionaliza” la responsabilidad social empresarial, fue reivindicada por el ex intendente como un gran cambio, que permite hoy “financiar el centro de baterías de Litio” para el departamento de Ingenería con platas de SQM, el Instituto de Tecnologías Limpias, celebrar el aumento del 2% de mano de obra regional empleada en el Litio, y aplaudir los nuevos recursos que llegarían al Estado.

Reivindicando las migajas de SQM. El Litio en la mira para reeditar la “alianza publico privada” y profundizar el saqueo y extractivismo en la región.

Más allá del conocimiento aportado por los académicos e investigadores del que los trabajadores, la juventud y los militantes socialistas debemos apropiarnos y estudiarlo, para ponerlo al servicio de nuestra propia liberación, no podemos tapar el sol con un dedo. Es tarea política identificar los discursos interesados y las motivaciones ideológicas que están presente en estos seminarios y estudios que buscan ante todo crear un relato a favor de los grandes empresarios. Aquí se declamaron las bondades de la “responsabilidad social” de trasnacionales norteamericanas o empresas como SQM, que hasta hace unos años se le conocía más por su oscuro origen en Dictadura y como estuvo a la cabeza de financiar con aportes fraudulentos campañas políticas de los partidos de la Derecha y la Ex concertación.

Sabemos que el hoy el Litio está en el ojo del imperialismo. Laura Jane Richardson, Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos en enero de este año, declaró la visión que tiene la Casa Blanca y el Pentágono sobre América Latina, un centro de extracción de “del Litio, Petróleo, Tierras Raras y agua dulce”, commodities claves que interesan en la disputa geopolítica con China y Rusia. Es la intención declarada del imperialismo y las potencias de redoblar el extractivismo en la región.

Hoy en el boom de la electromovilidad, donde se espera que de aquí al 2030 la demanda en esta área aumente un 256%, y el llamado momento de transición energética (para los países ricos) y abrir nuevas áreas de negocio y nichos de acumulación para el gran capital en energías y tecnologías limpias o hibridas, el continente latinoamericano y dentro de él, Chile en particular tiene una relevancia importante. Aquí el Litio forma parte de los minerales claves para las cadenas de producción global, ubicando a Chile como 2do productor mundial, con el 27% de la producción global, y el 50% de las reservas disponibles. Por eso los empresarios y trasnacionales están apostando a redoblar el saqueo de la región sin importar costos ambientales, y profundizando así el carácter atrasado y dependiente del capitalismo Chileno.

Dicho esto es interesante como el expositor y ex intendente resalta como un gran avance los aportes al Estado que se recibe por el % de ventas de SQM: Apenas un 1% al GORE para FNDR, un 0,3% al GORE para “desarrollo productivo”, un 0,2% a la municipalidad de San Pedro, un 0,1% a la municipalidad de Antofagasta y otro 0,1% a la municipalidad de María Elena. De conjunto, migajas más, migajas menos, más allá de que el expositor intente demostrar que es un gran avance para el Estado y la población, debido al valor en pesos del gasto público generado.

Es increíble cuando empresas como SQM que el 2022, debido al súper boom se embolsaron 10.710,6 millones de dólares, y que desde el 2015 vienen de un crecimiento exponencial al 438% su producción, que los académicos y autoridades celebren las migajas que tiran al piso como un gran avance para todos los chilenos.

Detrás de los increíbles datos celebrados en el informe, y la intervenciones por parte de los panelistas, estaba la clara opinión de que el modelo de explotación del litio ha sido un éxito y debe mantenerse. Que el Estado a lo sumo debe saber bien como “invertir las migajas que recibe” desde las empresas controladoras.

Los problemas medioambientales bajo la alfombra, la denuncia de los pueblos atacameños.

En el Seminario también estuvieron representantes del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), en particular uno de sus panelistas, su presidente Vladimir Reyes.

Más allá del tono formal de la actividad, tanto Vladimir como el expositor e investigador del CPA, pusieron sobre la mesa importantes preguntas y denuncias de las que simplemente no se hacen cargo las autoridades.

Vladimir Reyes, interpela al Estado y al gobierno, cuando se dice que se quiere ubicar a Chile como “el número uno en la producción mundial de Litio”, pero se pregunta ¿a qué costo? Si bien no estuvo en el centro de sus intervenciones, no pudieron evitar soslayar que hoy a pesar de tanta palabra de buena crianza sobre diálogo con las comunidades, desarrollo sostenible y poemas sobre la responsabilidad social empresarial, la verdad es que 3 empresas explotadoras del Salar de Atacama (Albemarle y las cupríferas Zaldivar de Luksic y Minera Escondida) hoy se encuentran demandadas bajo tribunales ambientales por el Consejo de Defensa del Estado, que estuvo obligado actuar debido a la denuncia de las comunidades atacameñas, respecto al daño irreparable que se le ocasiono al Acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo.

Otras denuncias bastante expresivas del dominio del extractivismo en la política pública diseñada por la Derecha y la Ex Concertación, es que las comunidades demandan que dentro del SEA no existen metodologías diferenciadas y apropiadas para la evaluación de impacto ambiental en los ecosistemas nortinos, se aplican mismos criterios que a los sistemas del sur de Chile por ejemplo. O bien reclaman que no existe información alguna por parte del Estado y las universidades sobre la cuestión del agua en el altiplano y la única mano de las academias que han recibido las comunidades quechua han sido de universidades extranjeras como las de Queensland. No obstante las comunidades han diseñado sus propios mecanismos para medir y monitorear los salares.

Denuncias brutales se pusieron sobre la mesa, como que la Dirección General de Aguas DGA no tiene modelos hidrogeológicos y no posee capacidad para generarlos, es decir, el Estado no cuenta con balances hídricos propios, y que entonces, para tomar decisiones no le queda más remedio que apoyarse en la información que les entregan las empresas explotadoras del Salar ¡increíble!

Y aun así la Derecha, y los empresarios se quejan de la “permisología” y la “barrera ambiental” que en Chile está “asfixiando el crecimiento”. Así lo expreso Villarino del Concejo Minero, encargándole a la nueva Ministra de Minería Aurora Williams Partido Radical, ex gerenta de Luksic, que avance rápido a “destrabar la agenda ambientalista”.

Hay que enfrentar el consenso extractivista. No hay transición ecológica posible sin los trabajadores. Hay que expropiar y estatizar y poner bajo control obrero y de las comunidades a SQM y Albemarle.

Hay que enfrentar al avance del consenso extractivista que quieren imponer la derecha, los empresarios y los neoliberales de la ex concertación, para avalar la el redoblaje de las cadenas imperialista en la región.

En Chile desde el 2011 a la fecha se han cuadruplicado la cantidad de familias que viven en campamentos. En la región de Antofagasta el último año aumento un 75% las familias (6000 familias nuevas) que viven en “asentamientos irregulares”, un aumento de 7.300 a 12.800 personas que no tienen acceso a luz y agua potable. Mientras que la marca del cáncer sigue azotando la región poniéndola en el número uno del cáncer al pulmón. En la misma sintonía la encuesta CASEN 2022, sitúa a la región como la única en el país en que aumento la pobreza multidimensional.

El relato de la vía al desarrollo es una ideología creada por el imperialismo para penetrar sobre economías pobres, busca establecer objetivos incumplibles, disponiendo “ayudas” a través de la llamada “inversión extranjera”, que no tienen otro propósito más que se acelerar negocios que permitan crear más riqueza para ser transferida al exterior, se establecen así patrones asimétricos que permiten a los países imperialistas descargar en la periferia los costos ambientales en los que se sustenta la reproducción a través de las cadenas de valor organizadas por sus grandes firmas trasnacionales.

Las y los trabajadores podemos dar una salida a esta crisis social, ambiental y económica que se nos impone, tenemos que detener esta gran máquina de producir pobreza, desigualdad y sacrifico del medio ambiente.

La Estrategia Nacional del litio del gobierno, con o sin CODELCO, solo viene a consagrar este modelo extractivista.

Es necesario terminar con el saqueo de los bienes comunes naturales. Para esto es clave poner en primer término la nacionalización de empresas como SQM o Albemarle, bajo control de sus trabajadores, pueblos originarios, comunidades afectadas y especialistas de universidades de la región, para buscar de forma urgente iniciar una transición hacia una producción que no destruya la naturaleza. No hay “transición ecológica” posible sin planificar racionalmente la producción, distribución y consumo, para así invertir las prioridades y poner todos esos recursos al servicio de las grandes urgencias populares. Este camino solo es posible junto a los trabajadores, que ocupan las posiciones estratégicas en la economía en alianza con la juventud, las organizaciones sociales y medio ambientales junto a todo el pueblo pobre.