Con un proyecto de resolución, los diputados del Frente de Izquierda Unidad propusieron que el Congreso se expida en repudio a la represión del sábado 2 de septiembre pasado, por parte de la policía Bonaerense, contra más de 200 familias trabajadoras, pobres y sin techo del barrio Tierra y Libertad, ubicado en Ciudad Evita, en el municipio de La Matanza.
Con un proyecto de resolución, los diputados del Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca y Romina del Plá, propusieron esta mañana que el Congreso se expida en repudio a la represión el sábado 2 de septiembre pasado, por parte de la policía Bonaerense, contra más de 200 familias trabajadoras, pobres y sin techo del barrio Tierra y Libertad, ubicado en Ciudad Evita, en el municipio de La Matanza.
Además, denunciaron que esa represión, ejercida por las fuerzas que responden al Secretario de Seguridad Sergio Berni y al gobernador de la provincia Axel Kicillof, fue ejercida "sin ninguna orden ni aviso previo", y que a ella le siguió una cacería desatada por esta fuerza en las inmediaciones del barrio.
Producto de ese accionar, fueron detenidas 23 vecinas y vecinos, entre ellos dos menores de edad y 13 mujeres, que fueron privadas de su libertad cuando se manifestaban en la puerta de la Comisaría 3 de Ciudad Evita, en reclamo de la liberación de quienes habían sido detenidos. "Recién este domingo 3 de septiembre, gracias a la movilización de los vecinos y organizaciones solidarias, fueron liberados todos los detenidos", cuentan en el proyecto los diputados del FITU.
Las diputadas y diputados del @Fte_Izquierda presentamos un proyecto para rechazar la represión y detenciones de la policía Bonaerense a cargo de Berni y Kicillof contra las 200 familias del barrio Tierra y Libertad de Ciudad Evita. pic.twitter.com/ROOxjZKpaM
Como documentaron las cámaras de seguridad que aportaron los vecinos, el proceder ilegal de la policía bonaerense fue total. "Nos desayunamos con un desalojo. Sin aviso y sin mostrar orden. Cazaron, golpearon y llevaron detenidos a varios vecinos. Una vez más la respuesta a la problemática habitacional es la represión golpeando a las familias más vulnerables. Nos sentimos sin derecho. Golpearon brutalmente a un vecino en la cabeza. No sabemos su situación", relataba a este medio una de las vecinas.
Represión al servicio del negocio inmobiliario
El barrio Tierra y Libertad, ubicado en la localidad de Ciudad Evita, en la provincia de Buenos Aires, fue fundado en marzo de 2008 por un grupo de familias de escasos recursos (en su mayoría con hijos), que se vieron obligadas, por la necesidad, a ocupar el predio que los alberga, perteneciente al Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como advierte el proyecto que lleva las firmas de Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca y Romina del Plá, "desde ese momento a esta parte, mientras el negocio inmobiliario creció, la problemática del acceso a la vivienda para quienes menos recursos tienen tan solo se agravó. Según los datos oficiales, que brinda el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), ya hay más de 140 barrios de emergencia en el poblado municipio de La Matanza. Sin embargo, si se tienen en cuenta las decenas de asentamientos que no han sido contabilizados oficialmente, la cantidad de barrios populares en este municipio se estima que supera los 200".
En un comunicado de prensa que difundieron este domingo, los vecinos destacan también que, como parte de ese proceso, “hace 14 años desalojaron dos manzanas de nuestro barrio porque según el Estado municipal y judicial los terrenos que habitábamos eran reserva natural de Ciudad Evita y no se podía edificar. Quedaron más de 50 familias en la calle, nunca se acercaron a preguntar o dar solución a las familias. Después de tantos años nos duele ver que se convirtió en un negocio inmobiliario de venta de lotes ilegales”.
“Somos testigos del negocio inmobiliario”, manifiestan, y denuncian la complicidad de la justicia y del gobierno local para garantizar ese negocio: “Fuimos a la fiscalía y el fiscal que nos atendió nos dijo que no puede hacer nada porque no tiene papeles y no puede actuar (...) y en una mesa de diálogo, también se le dijo al secretario Gustavo Dutto de las ventas ilegales de terrenos en la reserva y nos respondió lo mismo, que no podían hacer nada”.
“El 80% de lo que denominan reserva ya no existe, todo fue vendido. Somos testigos de eso”, subrayan, y destacan que “hace años se vienen talando árboles y se construyeron edificaciones millonarias”. “Cansados de pedir intervención y de no ser escuchados, los vecinos nos organizamos y volvimos a recuperar las tierras para construir nuestras casas”, cuentan, y enfatizan que “nuestro reclamo a la tierra y vivienda es justo”.
El proyecto del Frente de Izquierda, que espera ser girado a Comisiones para que pueda obtener allí su tratamiento, destaca que "la situación que describen los vecinos y vecinas, de la cual es responsable el gobierno local de Fernando Espinoza y el de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, es la misma en todos esos barrios: los gobiernos "resuelven" la pobreza y la falta de vivienda intentando silenciar el justo reclamo de una vivienda digna a través del desalojo, la represión, con heridos y detenidos".
"Es parte de un accionar que se repite, como se vio en medio de la pandemia con las topadoras pasando por encima de las casillas en Guernica, o en julio de este año en la localidad de Virrey del Pino, donde las vecinas y vecinos denunciaron que incluso les tiraron balas de goma y de plomo para forzar el desalojo de más de 800 familias que se encuentran en el predio, reclamando tierra para construir casa para sus hijos", sostienen desde el FITU y remarcan que "también es el mismo accionar que vemos ejercer a gobiernos de la oposición de derecha, como ocurrió tantas veces en la Ciudad de Buenos Aires en barrios de la Villa 31, u otros, donde la policía de Horacio Rodríguez Larreta reprimió para desalojar a quienes reclaman el básico derecho a un techo para vivir".
Una gran paradoja, que volvió a ponerse al descubierto en los últimos días, en medio de un alza sostenida del precio de los alquileres: en Argentina hay miles de casas y terrenos ociosos, y miles de familias no tienen un techo digno donde albergarse.
Los números de la crisis habitacional
El último censo del 2022 reveló que la construcción de viviendas aumentó respecto al 2010 más de lo que creció la población (28,5% vs 14,8%), y se calcula que hay 1 vivienda cada 2,6 personas. Es decir, sobran viviendas.
De acuerdo al Censo de 2010, el 72,95% de los hogares tenían una vivienda propia, y en el 2022 esa cifra bajó al 65,5%. A nivel nacional, no tiene vivienda propia el 35,5% de los hogares (una de cada tres familias). En el Conurbano es el 34%, y en La Matanza el 32,5% (556.216 personas ). Mientras miles se ven obligados a destinar gran parte de su salario a pagar un alquiler, la pelea por un terreno donde construir una vivienda digna, es otra de las caras de la crisis habitacional.
Se estima que más de 10 millones de inquilinos e inquilinas viven una situación crítica y llena de incertidumbre. Según un Reporte Inmobiliario de i-Profesional, en las principales localidades del Gran Buenos Aires el monto para el alquiler de departamentos usados supera el 200 por ciento de incremento en los últimos 12 meses. En la zona oeste del GBA, los departamentos de 2 ambientes promedian entre $120.000 y $150.000 por mes como mínimo. No hay casi oferta, los precios escalaron y crecen las publicaciones en dólares en las plataformas, así como los requisitos de las inmobiliarias que son cada vez más leoninos.
La bochornosa sesión que modificó la ley de alquileres en la Cámara de Diputados, que hoy espera tratamiento en el Senado, terminó con la obligación de firmar contratos a tres años, con la indexación que estaba regida por el índice que combinaba inflación y salarios, y ahora se va a poder aumentar el alquiler cada cuatro meses, agravando la situación para millones de personas.
Al respecto, el proyecto del FITU detalla que para el caso de La Matanza, el Registro Nacional de Barrios Populares (que elabora el ministerio de Desarrollo Social), contabilizó que hasta 2022 había "142 barrios populares, con 54.512 viviendas y 59.958 familias. En Virrey del Pino, según ese informe, se encuentran 29 de estos barrios, donde viven 14.500 familias; en González Catán se estima que hay 37 (más de 17,500 familias), en Rafael Castillo 12 (más de 4100 familias). Cabe remarcar que un barrio popular, según este organismo, es aquel donde viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, y donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más de los servicios básicos: agua corriente, electricidad con medidor domiciliario y/o red cloacal", recuerda el texto de la izquierda, y enfatiza que "hoy son miles las familias de éstos y otros barrios del Conurbano bonaerense los que siguen reclamando por planes de viviendas dignos, acceso al agua, al gas, a centros de salud y polos educativos para sus hijos".
"Y allí también están las mujeres, muchas de ellas trabajadoras de casas particulares, precarias o desocupadas, que ponen en pie sus viviendas precarias, como sucedió en el barrio Tierra y Libertad, desde hace más de 14 años: comenzaron con lonas y palos improvisados, hasta que con mucho esfuerzo logras juntar algunas chapas y alguna puerta para protegerse del frío en el invierno. En estos llamados barrios populares, son ellas las que también organizan los merenderos, como las mujeres de La nueva Unión o 1 de noviembre, que lo hacen para garantizar el alimento y cuidado de los niños. Muchas de ellas llegan escapando del riesgo a que les quiten la vida, víctimas de violencia de género. Es inadmisible que la respuesta del Estado y de sus gobiernos, provincial y local, sea la represión y criminalización de su lucha", plantean desde las bancas del FITU.
Finalmente, el texto que espera tratamiento recuerda que "en Argentina hay 3,8 millones de familias en situación de emergencia habitacional. Por eso, mientras repudiamos la represión y criminalización de su lucha, peleamos por un plan de obras públicas para la construcción de viviendas y urbanización de barrios y líneas de crédito hipotecario accesibles, por el impuesto progresivo a las tierras ociosa, por la revisión de la venta de tierras del Estado a los grandes pulpos inmobiliarios y expropiación de los terrenos y viviendas ociosas que estos grupos tengan en su poder".
