Tras la visita este lunes de Yolanda Díaz a Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo, en la mañana de este martes el expresident catalán en el exilio ha presentado en rueda de prensa las condiciones para sentarse a negociar la posible investidura de Pedro Sánchez en las próximas semanas.

Puigdemont ha dado valores algo más concretos a las dos demandas que viene planteando como condición para el necesario “sí” de los diputados de Junts en el Congreso: la amnistía y la autodeterminación.

Sobre la primera cuestión, se exige el fin de la persecución judicial del independentismo y se marca como fecha de referencia el año 2014, momento en que se realizó la primera consulta el 9N, a pesar de su anulación por el Tribunal Constitucional.

Esto se debería traducir, según sus palabras, en la retirada inmediata de las acusaciones contra todo acto de tipo político de parte de la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado. Una tarea sobre la que ha responsabilizado directamente al gobierno en funciones.

También ha exigido que el fin de esta criminalización conlleve medidas concretas como la anulación de la directiva de inteligencia aprobada por el gobierno, que considera al independentismo como la segunda amenaza después del terrorismo islamista. Una instrucción que ha denunciado servía para ordenar operaciones de espionaje y montajes judiciales.

Sobre la posible Ley de Amnistía, Puigdemont ha exigido que esta sea tramitada en el Congreso antes de la investidura y ha recordado que hay plazo legal suficiente para su aprobación. Según el reglamento de ambas cámaras, si PSOE, Sumar y el resto de socios parlamentarios la tramitaran por procedimiento de urgencia podría ver la luz en tan solo 50 días. Quedan 90 hasta que venza el plazo para la repetición electoral.

Respecto a la cuestión de la autodeterminación, ha vuelto a plantear la legitimidad de la voluntad manifestada el 1-O, recordando la respuesta votada por más de 2 millones de catalanes a favor de un “Estado independiente en forma de República”. Ha declarado que solamente un referéndum acordado y llevado adelante según el artículo 92 de la Constitución, podría superar este mandato.

Tanto para la negociación de este supuesto referéndum como para otras reivindicaciones relativas a la defensa del catalán, inversiones o competencias, ha planteado que todo el proceso debería estar tutelado por un mediador independiente, dada la nula confianza en la palabra dada por el Estado central y los partidos de gobierno.

PSOE en las "antípodas" de estas demandas y Sumar trabajando para que se renuncie a ellas

Las medidas presentadas en Bruselas por Puigdemont han sido recibidas como una señal de disposición a la negociación por medios afines al gobierno y sus socios parlamentarios. La derecha, como era de esperar, ha rechazado de plano cualquier concesión en ninguna de las materias. Pero también voces del PSOE, como el expresidente del gobierno Felipe González, han salido a decir que en la Constitución no caben ni la amnistía ni la autodeterminación.

En rueda de prensa, la portavoz del gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez García, ha dejado claro que la posición del PSOE está en las "antípodas" de las exigencias de Puigdemont. Nada sorprendente viniendo de uno de los dos partidos del 155.

Lo cierto es que estas demandas democráticas elementales están muy lejos también de las propuestas de Sumar. La formación de Yolanda Díaz ya sacó de su programa para el 23J la reivindicación de un referéndum pactado. Su defensa de una Ley de Amnistía, que fue el centro de la visita de Díaz a Puigdemont este lunes, incluye además la amnistía para los policías acusados de violación de derechos humanos el 1 de Octubre.

Sobre esta cuestión, Puigdemont ha declarado hoy que no estarían de acuerdo en poner en un plano de igualdad a víctimas y victimarios. Una negativa a apoyar la propuesta de Sumar que recuerda a los elementos más oscuros de la política de inmunidad de los crímenes del Franquismo con los que el PCE fue parte del Pacto Constitucional.

El carácter reaccionario y prorégimen del “progresismo” en el gobierno se hace evidente ante la disyuntiva de tener que elegir entre darle una nueva oportunidad a la derecha en una hipotética repetición electoral o ceder a unas demandas que no son las de Puigdemont, sino que este instrumentaliza unas reivindicaciones apoyadas por el 80% del pueblo catalán. La falsa “izquierda” de mentira que llamaba este 23J a “frenar a la derecha” (de verdad), prefiere antes una España “facha” que “rota”.

La supuesta "firmeza" de Puigdemont no es ninguna alternativa para conquistar efectivamente la amnistía y la autodeterminación

La supuesta defensa de Puigdemont de estas reivindicaciones no es, sin embargo, ningún retorno al enfrentamiento con el Estado ni nada que se le parezca. Incluso tienen un alto componente de impostura en cuestiones como la persecución del independentismo. No olvidemos que son decenas los activistas encausados contra los que la Generalitat - tanto bajo Aragonés, como bajo Torra o el mismo Puigdemont - ha actuado y actúa de acusación particular.

La hoja de ruta del procesismo en decadencia sigue siendo, por lo tanto, un verdadero callejón sin salida para conquistar la autodeterminación y la amnistía. Aunque hoy lo haga desde una relativa y coyuntural posición de ventaja, su apuesta sigue siendo la espera pasiva a que el Estado español y la Corona “concedan” estas demandas.

Los instrumentos de la presión institucional, la búsqueda de la mediación de instituciones internacionales u otros Estados y de un acuerdo “in extremis” con el Estado, fueron la base de la hoja de ruta que en 2017 dejaron escapar la oportunidad de poder imponer efectivamente el derecho a decidir.

Entonces se negaron y bloquearon por todos los medios que la enorme movilización del 1-O y la huelga general del 3-O pusieran contra las cuerdas hasta el final al Régimen del 78. La dirección procesista de Junts y ERC prefirió claudicar - entregándose o marchando al exilio - antes de permitir que la clase trabajadora y los sectores populares conquistaran por sus propios medios estas demandas democráticas, y abrieran la posibilidad de avanzar con un programa de transformacíón social.

Retomemos una lucha independiente desde la clase obrera y en todo el Estado contra el Régimen del 78

La CUP en todo este periodo actuó como el ala izquierda del mismo procesismo, siendo parte de todas las ilusiones y sin prepararse para presentar una alternativa independiente desde los sectores populares y la clase obrera en el momento de la previsible claudicación. Hoy, lamentablemente, siguen sin sacar ninguna lección profunda y han saludado “criticamente” las palabras de Puigdemont, si bien reconocen que una verdadera solución “solo vendrá por la vuelta de la movilización y el conflicto”.

Para que esto sea posible, es necesario tomar una posición que alerte de toda ilusión en las “jugadas maestras” de Puigdemont, que explique abiertamente que su posición de aparente firmeza lleva implícita una política de no volver a las calles. Y que, en ningún caso se puede descartar, que la firmeza de hoy termine diluyéndose con el paso de las semanas y acaben aceptando un acuerdo a la baja en la línea de lo que han hecho estos años sus exsocios de ERC.

En el resto del Estado la izquierda anticapitalista, sindical y de los movimientos sociales debe también salir a denunciar enérgicamente el rol totalmente reaccionario que las formaciones que aspiran a revalidar el gobierno "progresista" están jugando en este terreno. La solidaridad con las demandas democráticas del pueblo catalán, es una condición imprescindible para retomar toda perspectiva de lucha contra la Corona y el régimen.

Como en 2012, 2014 o 2017, la clave para conquistar el derecho de autodeterminación y la amnistía total, tanto de los independentistas como del resto de luchadores sociales encausados o encarcelados en todo el Estado, no es reeditar viejos bloques con los partidos de la burguesía independentista, ni limitarse a la presión amable sobre el gobierno "progre". Es fundamental apostar por retomar una movilización independiente de la clase trabajadora y los sectores populares en Catalunya, en alianza con los del resto del Estado. Que tome en sus mandos estás demandas, en la perspectiva de tumbar el Régimen del 78, por abrir verdaderos procesos constituyentes y porque el embate para conseguirlo permita también imponer un programa que resuelva los grandes problemas sociales a costa de los grandes capitalistas.