Este 7 de septiembre se celebra en Brasil el 201 aniversario de la Independencia de Brasil de Portugal. Una fecha a la que las Fuerzas Armadas tradicionalmente dan mucho peso, lo que se intensificó durante el gobierno de Bolsonaro, convirtiéndose en un día de grandes demostraciones de fuerza y movilización de la extrema derecha reaccionaria de Brasil, lo que reforzó el perfil nacionalista y militar de Bolsonaro y su gobierno.
El gobierno y las instituciones del régimen político como el Parlamento y el Poder Judicial, quieren utilizar la fecha para relegitimar el régimen que se ha desgastado desde el golpe institucional, incluyendo a los militares. Frente a esto, ¿cuál debe ser la política de la izquierda?
Lula dice que el 7 de septiembre no puede ser sólo de las Fuerzas Armadas y tiene que ser de "todos". Pero incluso durante los gobiernos anteriores del PT, esta fecha se utilizó para exaltar el nacionalismo y el papel de las Fuerzas Armadas. Lula aprovecha esta fecha como una nueva oportunidad para continuar su política de conciliación con diversos sectores del régimen político y con los militares.
Bolsonaro ganó fuerza a partir del compromiso de la "familia militar" con su proyecto, actuando como un verdadero "partido en uniforme". Aprovechando la cierta legitimidad que las Fuerzas Armadas han logrado mantener en Brasil en amplios sectores de la sociedad, gracias a la impunidad de los militares pactada a la salida de la dictadura. Sin embargo, el gobierno de Bolsonaro generó un desgaste de las Fuerzas Armadas ante las masas, al igual que el desgaste de Bolsonaro y de la extrema derecha.
Sería un momento propicio para atacar todos los privilegios de los militares, su ubicación política y acabar con la impunidad de los crímenes de la dictadura. Pero el gobierno Lula-Alckmin no quiere nada de esto. Su objetivo, junto con otros sectores del régimen político, es limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas, calificándolas de "democráticas", garantizando la impunidad de los altos mandos por todos los crímenes durante el gobierno de Bolsonaro, continuando la impunidad existente desde la dictadura.
Es la continuidad de la operación política que busca relegitimar ante las masas a quienes dirigieron el golpe institucional en nombre de una "unidad nacional" contra Bolsonaro, "en defensa de la democracia". Esta operación comenzó hace tiempo, tuvo un hito en un acto realizado el 11 de agosto del año pasado en el que leyó un "Manifiesto en defensa del Estado Democrático de Derecho" y se viene profundizando desde la demostración golpista del 8 de enero.
Esto se hizo con el falso argumento de "combatir a la extrema derecha", porque este tipo de conciliaciones son las que siempre abren espacio a la derecha. Con este argumento se pretende fortalecer al gobierno y relegitimar el régimen político erosionado, presentando a todos como una "alianza democrática por el país". La renegociación también incluye cada vez más a los partidos del llamado "Centrão" [gran centro parlamentario], que obtuvieron ministerios en el gobierno Lula, incluidos los reaccionarios republicanos.
Además, Lula está volviendo a la política que tuvo durante sus anteriores mandatos, la de buscar el apoyo de los militares con muchos miles de millones, como se puede ver en los más de 52.000 millones de reales (10.500 millones de dólares) que Lula dio al Ministerio de Defensa en el marco de su Plan de Aceleración del Crecimiento. Será el tercer ministerio más financiado en 2023, con 8.400 millones de reales (cerca de 1.700 millones de dólares), por delante de Educación, por ejemplo.
Fue esta política, sumada al peso fundamental que tuvo la ocupación de Haití liderada por generales brasileños como Heleno y también figuras como el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, que luego lideró Bolsonaro, lo que fortaleció a los militares y su ubicación para dar el golpe institucional y ganar tanto peso en la política actual. Incluso hay debates en curso sobre la "colaboración" de Lula en el entrenamiento de la Policía Nacional de Haití.
La renegociación se basa en el acuerdo de mantener la obra económica del golpe, no derogar las reformas reaccionarias como la laboral, la previsional, la ley de tercerización irrestricta y tampoco derogar la ley de Nueva Escuela Secundaria, además de garantizar la impunidad de la cúpula militar.
El Tribunal Superior Electoral declaró ilegible a Bolsonaro y el Supremo Tribunal Federal está castigando a algunos de los promotores de los hechos ocurridos el 8 de enero, utilizando también mecanismos bonapartistas (autoritarios) que fueron legalizados en la ofensiva golpista institucional. Sin embargo, los mismos que ahora castigan a Bolsonaro son los que años atrás fueron los agentes del golpe institucional y del encarcelamiento de Lula, por lo que no se puede confiar al Poder Judicial ninguna "lucha contra la extrema derecha", que sólo puede ser derrotada definitivamente con la fuerza de la lucha de clases.
Estas instituciones, que ahora buscan parecer democráticas, permiten que avancen las medidas represivas contra la extrema derecha, pero siempre mantienen la condición de no retroceder en ninguno de los pilares del trabajo económico del golpe institucional, del que todos ellos son responsables y protectores. Para algunos sectores del régimen político, Bolsonaro debería incluso ser inelegible para que puedan presentar una alternativa como Tarcisio de Freitas o Romeu Zema, el gobernador de Minas Gerais.
Lula intenta complacer a estos sectores del Poder Judicial nombrando a un reaccionario como Carlos Zanin al Supremo Tribunal Federal y declaró que desea cambiar el voto abierto por el voto secreto en esa institución. Es decir, quiere impedir que las masas sepan qué vota esta casta de jueces, que no son elegidos por nadie y ganan sueldos estratosféricos, buscando profundizar el bonapartismo de toga.
Los que no están incluidos en el "pacto nacional" son los trabajadores y el pueblo pobre. Por eso se aprobó el neoliberal “marco fiscal” del ministro Fernando Haddad y Lula, un nuevo techo para los gastos sociales elogiado por el mercado porque garantiza la continua sangría del país para pagar la deuda pública. Privatizaron el metro de Belo Horizonte y ahora van por el de Recife, además de mantener las privatizaciones realizadas desde el golpe institucional. Incluso están discutiendo una "reforma administrativa" llena de ataques a los empleados públicos porque el gobierno está adoptando la típica línea fiscalista neoliberal.
Hablan como si se estuviese "reconstruyendo la democracia" en Brasil, pero siguen ocurriendo las mismas matanzas brutales que bajo Bolsonaro y los anteriores gobiernos del PT. No se puede hablar de "democracia" en un país donde la líder del movimiento afrodescendiente, Mãe Bernadete, fue asesinada a tiros dentro de su casa en el quilombo Pitanga dos Palmares, en la localidad de Simões Filho.
Ese en un estado gobernado por el PT desde 2007 y que tiene uno de los niveles de letalidad policial más altos del mundo. Esa Policía Militar fue fervientemente defendida por el actual gobernador del PT Jerônimo Rodrigues. No se puede hablar de "democracia" en un país donde los indígenas siguen amenazados por la ley del “marco temporal” que les limita el acceso a sus tierras ancestrales.
El PT pretende transformar el acto tradicional llamado Grito de los Excluidos en una fecha que no es de lucha efectiva por las reivindicaciones que están en el orden del día, sino como un punto de apoyo al gobierno y al régimen político en esta operación política en curso.
El Movimiento Revolucionario de Trabajadores, que impulsa La Izquierda Diario en Brasil, ha estado siempre a la vanguardia de cualquier lucha real y efectiva contra la extrema derecha, pero sin ceder a la política de "falsa lucha" a través de las elecciones, las instituciones y el acuerdo con la derecha que apoyó el golpe institucional y que pretende incluir a los militares.
Sólo se puede responder a las demandas de los trabajadores y el pueblo pobre desarrollando la lucha de clases y peleando por la independencia de clase, lo que implica construir una política independiente del gobierno y del régimen político, y exigir a las direcciones mayoritarias del movimiento de masas que rompan con su subordinación y parálisis y llamen a la lucha.
Esta es una política muy diferente de la del PSOL, el mayor partido a la izquierda del PT, que ahora es parte del gobierno, no ha llamado a luchar contra el marco fiscal, y además lo ha avalado al final con su voto y sus negociaciones para tener al líder del Movimiento Sin Techo, Guilherme Boulos, como candidato en São Paulo.
La batalla del MRT es fortalecer una política de independencia de clase en la izquierda, lo que sólo puede ocurrir independientemente de todos los gobiernos y burocracias sindicales y políticas. Al mismo tiempo, siempre hemos apoyado todas las luchas que surgen, llamando a la unidad concreta en la tarea de rodear de solidaridad a las luchas en curso, que están aisladas por la política de las burocracias. Es lo que acaban de hacer en una gran campaña de apoyo a la huelga de la línea 6 del Metro de São Paulo.
También intervinimos en el Congreso de Apeoesp, el sindicato docente de San Pablo -el mayor de Latinoamérica- desde la sede de Santo André con la "Carta de Santo André", que fue apoyada por más de 700 profesores del estado en apoyo a la demanda de un plan de lucha. Son estas batallas las que se llevarán al V Congreso de CSP-Conlutas, que tendrá lugar del 7 al 10 de septiembre.
El grupo juvenil Faísca Revolucionária, viene impulsando "asambleas comunistas" en las universidades, debatiendo la importancia de luchar por la derogación total de la ley de Nueva Escuela Secundaria, contra la precarización del trabajo y por justicia para las víctimas de la violencia estatal.
Llamamos a las organizaciones de izquierda que se reclaman independientes del gobierno a promover movilizaciones y campañas en este sentido. | 
