Además del informe, representantes de las comunidades indígenas de la zona Sur del país llevaron adelante variadas denuncias del racismo institucional, del rol de los agentes policiales, de la inacción del gobierno y de instituciones del Estado.
Desde el territorio bribrí de Salitre se denunció agresiones físicas y verbales, con una completa omisión por parte del Estado. Denuncian que con el objetivo de despojarles de la tierra han sufrido agresiones con armas de fuego. Plantean la necesidad de tener seguridad sobre su derecho a la tierra. Denuncian que han perdido su libertad.
Del territorio cabécar de Chiná Kichá plantearon la defensa de los recursos naturales que llevan adelante, así como que el Estado no les garantiza el derecho a la vida. Señala agresiones de todo tipo a mujeres, los niños, los hombres, la población en general viven agresiones que indignan. Son turbas de cien, doscientas, trescientas personas, que agreden a la población sin problema de arremeter contra niños y ancianos. La policía por su parte lleva presos a los indígenas, pero intentos de homicidio o violencia con heridos, los sospechosos no los procesan. Pero cuando son indígenas incluso hay tortura policial.
La representante de Cabagra denunció que como recuperadores son agredidos, amenazados, violencia con arma de fuego, golpizas. Denuncia que el Estado no les da ninguna solución. Denuncian el mito de que en Costa Rica no hay indígenas. Señala que el acceso a la tierra es fundamental para su cosmovisión, que sufren la pérdida de afluentes, denuncian el cambio al pasto en la tierra. Denuncia que la impunidad ante el asesinato de Jhery Rivera incentiva a los agresores.
El representante de Térraba señaló que no tiene motivo para mentir. Denuncia que las instituciones no aplican las leyes a favor de los indígenas. También que la política a la zona ha cambiado con los gobiernos de turno, sin aplicar solución alguna, mientras que las comunidades sufren lo mismo todo el tiempo, por ello exigen la liberación del territorio y la libertad completa.
Incluso la reforestación que llevan adelante, como parte de la recuperación de la memoria ancestral son saboteadas con robo de herramientas, amenazas. En las comunidades se cortan el acceso a los servicios. No hay ninguna mejora en las condiciones de vida. El Estado no hace cumplir los derechos humanos para las comunidades indígenas. Hacen la exigencia de que el Estado cumpla con esos derechos.
El gobierno de Chaves creó una mesa para tratar el tema, pero no hacen consulta a los territorio y con actos de revictimización, establecen espacios conjuntos con quienes cotidianadamente son agresores. Denuncian que el asesino confeso de Jhery Rivera fue aplaudido y vitoreado en un espacio público.
De estas zonas son los dirigentes Sergio Rojas y Jhery Rivera, cuyos asesinatos se mantienen impunes. El informe se basa en un monitoreo cotidiano de la información que sale de los territorios recuperados.
El mismo día, horas antes, una comitiva de los pueblos originarios de la zona sur fue recibida por la Corte Plena del país, conformada por todos los magistrados del poder judicial, lugar en que fue realizada una manifestación en apoyo a las comunidades convocada por grupos estudiantiles y de derechos humanos.
El informe lo presenta el espacio denominado Coordinadora Sur-Sur. | 
