Venezuela, junto a Guatemala, El Salvador, Honduras, Paraguay, Costa Rica y Perú, mantiene una de las legislaciones más restrictivas y reaccionarias de América Latina en contra del derecho al aborto, pues solo lo despenaliza en casos extremos donde este sea "un medio indispensable para salvar la vida de la parturienta". Y este estrecho margen legal es limitado en los hechos, por el peso conservador y burocrático de las instituciones de justicia y de salud.

Iglesias y Estado: asuntos separados

En nuestro país, el artículo 76 de la Constitución plantea que el Estado protegerá la maternidad “a partir del momento de la concepción”, pero hablar de maternidad como un hecho jurídico del cual surgen derechos y obligaciones a partir de la primera división celular, denominada cigoto, es decir en las primeras 30 horas de la fecundación, es una idea que proviene de debates y preceptos religiosos medievales sobre el supuesto origen del alma en el embrión, que determinan la concepción cristiana de la vida humana.

El entramado histórico que vincula concepciones religiosas, no científicas, con la sexualidad y la reproducción, tiene que ver con el poder de las iglesias católica y evangélica, y su sistema de dominación estructural y sistemático en contra de las mujeres, la juventud y la comunidad LGBTTTIQ+. Para posiciones ultraconservadoras como las de los grupos antiderechos, que hacen política en contra de libertades democráticas tan elementales como el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, es importante mantener el sistema de dominación patriarcal que controle la autonomía de las mujeres (y de las disidencias sexogenéricas).

Nuestra opresión es un tema de interés político y económico de preservación capitalista, encarnado en las leyes que restringen, penalizan y criminalizan el aborto, leyes que se aferran en sostener el chavismo y el PSUV, sus grupos religiosos afines y la casi totalidad de la oposición , aún a costa de violentar el principio de que el Estado debe ser laico y no confesional.

El Código Penal en materia de aborto se reformó luego de 79 años en 2005, durante el gobierno de Chavéz, pero se mantuvo la prohibición casi absoluta de la interrupción del embarazo, manteniéndose la disminución de las penas en aquellos casos en los que "el autor [hombre] del aborto lo hubiere hecho para salvar su propio honor" (¡!) o para "salvar la honra” (¿?) "de su esposa, de su madre, descendiente, hermana o hija adoptiva” y se condonaron si se realiza para "salvar la vida de la madre", es decir, se modificó la ley manteniendo su esencia retrógrada de opresión y criminalización a las mujeres y sin reconocer las diversidades sexuales en la problemática del aborto.

Entonces, la ley vigente impone prisión hasta por seis años para quienes practiquen un aborto en Venezuela y para personal de salud o personas que asistan sanitariamente la interrupción del embarazo, las penas son de hasta 2 años y medio de cárcel o hasta de 15 años si la persona muere.

Pero además, la Constitución plantea en su Artículo 61, que la objeción de conciencia es un derecho, “salvo que su práctica… constituya delito” y que ésta “no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley”, ésto significa que mientras el aborto sea ilegal, el personal de salud no puede realizar o asistir la interrupción del embarazo.

Con este marco jurídico de criminalización y cárcel a quien realice o atienda la interrupción del embarazo, es necesario luchar por la derogación de los artículos 430, 431, 433 y 434 del Código Penal. Y para que no exista ningún ordenamiento jurídico que sostenga que el Estado venezolano reconoce un derecho a la vida desde la concepción o impida la asistencia de personal de salud al aborto o post aborto. Este 28S organicémonos y salgamos a las calles por el aborto legal, seguro y gratuito en todo el país.

Un problema de salud pública que no acaba con la criminalización

El aborto es una realidad común para millones de mujeres que bajo la criminalización, represión religiosa y doble moral, se convierte en una práctica clandestina y un tabú. Pero también tiene un carácter de clase, ricas y pobres lo realizan de forma clandestina cuando es ilegal, con la diferencia de que las ricas pueden pagar clínicas privadas con personal calificado o realizarlo en un país donde sea legal y las pobres lo hacen en casa o en condiciones inseguras, enfrentándose al riesgo de morir o de sufrir daños irreversibles en sus cuerpos o, cómo es bastante común también, ante los riesgos o la imposibilidad de pagar una interrupción segura, terminan asumiendo una maternidad obligada.

Mientras, las políticas antiaborto del gobierno y los grupos antiderechos niegan este problema de salud pública que debe resolverse, con educación sexual para poder decidir, anticonceptivos para no tener que abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no estar en riego de morir por un aborto clandestino.

La marea verde de miles de mujeres avanza con fuerza en parte del mundo, conquistando la legalización del aborto en países de América como Argentina, Colombia y Uruguay, con avances importantes en países como México, donde se despenalizó recientemente y es legal en 12 de 32 estados. En este contexto, mantener la ilegalidad del aborto por encima de la atención a la salud y violentando el derecho a la autonomía de toda persona gestante, hoy en día atenta contra convenciones de derechos humanos internacionales que fundamentan ampliamente los riesgos a la salud y a la vida a causa de la prohibición del derecho a decidir.

Por eso despenalizar no basta, sería un paso importante, claro está, pero dejaría casi en la misma situación a la mayoría de las mujeres, trabajadoras y pobres, que no puedan pagarse el procedimiento en una clínica, despenalizaría el negocio privado del aborto, pero no lo garantizaría en el sistema público de salud, como cualquier otra operación. Conquistar el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo para quienes lo necesiten, es la única forma como podremos garantizar su atención hospitalaria, pública y gratuita, donde ni las personas con capacidad de gestar, ni los profesionales de la salud sean criminalizados. Y que el Estado realice todas las medidas en materia de salud pública y derechos humanos para reducir la morbilidad y mortalidad por aborto clandestino.

Una suma de intereses reaccionarios y oportunistas en contra del derecho a decidir

La estrategia de Nicolás Maduro y del chavismo rumbo a las elecciones de 2024, ha sido profundizar sus vínculos con grupos religiosos conservadores, en su mayoría evangelistas. Vemos al diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente, autoproclamarse “siervo de Dios en la tierra” para tomar decisiones políticas, mientras fondos gubernamentales son destinados a la renovación de templos, se otorgan frecuencias radiales a las Iglesias, se pagan bonos con dineros públicos a pastores evangélicos y se empoderan defensores de la agenda provida, profamilia o antiderechos en contra los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT.

Por eso, luego de la protesta de grupos religiosos y antiderechos afuera de la Asamblea Nacional del mes de julio, en reacción a la multitudinaria Marcha del Orgullo en Caracas por plenos derechos para la comunidad sexo diversa, diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Nahum Fernández, jefe de Gobierno de Caracas, acordaron con estos grupos religiosos conservadores que les consultarán temas relacionados con la familia ante las iniciativas legislativas que tengan en puerta. ¡Prácticamente les están otorgando un poder de veto!

Entre lo reaccionario y el oportunismo electoral del chavismo, que busca votos para mantenerse en el poder y continuar su ofensiva de ajuste económico contra la clase trabajadora, su alianza con los empresarios privados y grupos ultraconservadores para el ataque a nuestros derechosy la oposición proimperialista, aliada de la Iglesia Católica y también en contra de nuestros derechos, somos las mujeres de la clase trabajadora y la comunidad sexodiversa, quienes debemos luchar y organizarnos de forma independiente por conquistar nuestras demandas.

Maternidades plenas no son las que vienen del "amor de madre" en gestaciones obligadas y partos impuestos so pena de cárcel o de muerte en abortos clandestinos e inseguros, como nos dicen los grupos antiderechos y los políticos ultraconservadores , son aquellas donde las mujeres de la clase trabajadora y las que ocupamos la mitad del mercado laboral, podamos realmente decidir cuándo tener o no hijos, y no estemos sujetas a extenuantes jornadas de trabajo fuera y dentro de casa, que reducen a cero el tiempo libre y la posibilidad de disfrutar el tiempo con los hijos e hijas.

Desde Pan y Rosas, también luchamos por maternidades libres y no impuestas, donde el salario alcance para cubrir las necesidades materiales e intelectuales, donde gocemos de seguridad social que permita una vivienda digna, acceso a la salud y guarderías y el derecho a una jubilación que cubra las necesidades integrales, y para que todas la infancias tengan derecho a la educación, recreación y cultura.

Este 28 de septiembre somos parte de la marea verde de miles de mujeres que en muchos países del mundo, saldremos a las calles de Caracas a exigir nuestros derechos, en contra de la violencia de un Estado que nos criminaliza por decidir en nuestro cuerpo y nos niega el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito en hospital. Te invitamos a construir juntas este camino de lucha, súmate a Pan y Rosas.