Los videos compartidos en redes sociales pertenecen a una denuncia por parte de periodistas locales, quienes meses atrás vienen denunciando el recrudecimiento de la violencia por parte de los cárteles de la droga. En ellos se ven aproximadamente 15 camionetas con presuntos integrantes de miembros del Cártel de Sinaloa fuertemente armados, los que desfilaron en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, para mostrar su poder frente al Cártel de "Jalisco Nueva Generación" (JNG: cártel dedicado al narcotráfico y el tráfico de armas).
Según periodistas locales, esta situación ha escalado los últimos meses, ante la inacción de las autoridades, tanto del gobierno estatal encabezado por Rutilio Escandón (perteneciente a MORENA -Movimiento de Regeneración Nacional-, partido de López Obrador), como por el presidente López Obrador (que dirige el MORENA), quienes minimizaron la violencia ejercida por los cárteles y los desplazamientos forzados en los municipios fronterizos, donde más de 280 mil habitantes se encuentran amenazados por ellos.
Ante esto hasta la arquidiócesis local emitió un comunicado donde advierte las amenazas por parte de los grupos del narcotráfico ─que obligan a la población a actuar como escudo humano─ y soldados, en la guerra por el control de la frontera sur del país, donde se mantienen bloqueos y retenes, además del reclutamiento forzado en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir.
AMLO: "Es propaganda del conservadurismo y los cárteles"
En su conferencia matutina de este lunes, el presidente López Obrador cuestionó la difusión del video y acusó que es “propaganda” para perjudicar a su gobierno: “resulta que, en la frontera con Guatemala, en Chiapas, hay grupos de delincuencia organizada que presuntamente se están disputando el territorio para tener espacios para guardar droga que entra de Centroamérica. Entonces, sacaron un video donde van entrando 20 camionetas y la gente está aparentemente recibiéndolos y sí, pueden ser bases de apoyo, porque les entregan despensas o por miedo, pero no es un asunto general, es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo, ya está la Guardia Nacional”, dijo.
No es la primera vez que el mandatario niega la situación en el estado, pues en ocasiones anteriores respaldó el gobierno de Rutilio Escandón, minimizando la violencia y enfrentamientos entre cárteles, pese a que incluso reporteros denunciaron la complicidad entre autoridades y el narcotráfico desde el 2022. Sin embargo en esas ocasiones López Obrador se limitó a descalificar a periodistas, como quienes difunden "información para afectar a su gobierno".
De la misma forma, el gobierno estatal y municipalidades afectadas, han negado el clima de violencia que impera en la zona, sin embargo, en meses pasados el magisterio de las Seccionales 7 y 40 en Chiapas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), integrada por al menos 5 mil maestros y maestras que trabajan en los municipios de las zonas de sierras y la fronteriza ─atendiendo alumnos de educación Preescolar, Primaria y Secundaria y Media Superior-, suspendieron labores y salieron de la zona, no sin antes denunciar la situación, a la vez que señalaban responsabilidad de las autoridades educativas.
“Ante la negligencia y ausentismo de las autoridades competentes para hacerle frente a los actos delictivos cometidos por grupos criminales (…) determinamos suspender temporalmente las actividades laborales docentes de todas las escuelas de la zona escolar (…) Tenemos la necesidad y obligación de manifestarnos ante la situación crítica y la ola de violencia que está sucediendo en nuestra región”, dicen algunos de los oficios enviados a la SEP.
Telón de fondo: militarización, megaproyectos, extractivismo y tráfico de personas
Desde la pandemia (2020), comunidades organizadas y miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), habían denunciado extorsiones, amenazas, secuestros, desapariciones, asesinatos y cooptación forzada, así como el cierre intermitente de escuelas, comercios, servicios de salud y la interrupción del transporte.
Comunidades zapatistas denunciaron desde el 2021, que grupos paramilitares se habían instalado en los territorios como una manera de amedrentamiento para despojarlos y desplazar a los sectores organizados de población indígena que viene resistiendo políticas de extractivismo y megaproyectos desde 1994.
Pero el recrudecimiento de la violencia en el estado de Chiapas, viene acompañado de un incremento de la presencia militar, que históricamente ha sido cómplice del crimen organizado, y que se vincula con redes de trata de migrantes y de mujeres, movimiento de mercancías y tráfico de especies, y que, con el clima de violencia aumentando deja el camino libre para la imposición de megaproyectos e industrias extractivas.
De hecho, Chiapas es uno de los estados más militarizados del país, con la presencia de 24 cuarteles, tanto del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, las mismas instituciones represivas que han aplicado las duras políticas de amedrentamiento y deportaciones de migrantes centroamericanos desde el 2019.
Mientras que la política del gobierno es "desarrollar el sureste", no sorprende que en Chiapas se haya incrementado la militarización en los últimos años y que coincide con la imposición de más de 40 megaproyectos energéticos, minería, cultivo de palma de aceite, energía eólica, turismo, así como el proyecto del Tren Maya. Esta situación ha provocado el desplazamiento de decenas de comunidades.
La creciente violencia en Chiapas vinculada con los cárteles se suma a la que ya se producía en el estado producto de las políticas de despojo, así como a los ataques paramilitares en contra de las comunidades zapatistas. Como se ha visto en otras partes del país, toda esta situación termina siendo funcional a la liberación de espacios para las inversiones al servicio del capital.
Así que no es casual la actitud de los Gobiernos Federal y Nacional, y de las fuerzas armadas, que miran para otro lado mientras dejan incrementar la violencia sin importar las violaciones a los derechos humanos.
Esto muestra que, ni los pueblos originarios, ni en general el pueblo trabajador, pueden depositar confianza alguna en los gobiernos estatal y federal; ni en el Ejército o la Guardia Nacional. Planteándose la necesidad de la organización independiente y la lucha unitaria, que pueda poner en pie en primer lugar un paro estatal contra la violencia y la militarización, considerando la presencia de sectores como los pueblos indígenas que luchan contra la violencia y los megaproyectos, las comunidades zapatistas, el estudiantado normalista, el magisterio combativo de las secciones 7 y 40 del SNTE y otros trabajadores que se han manifestado recientemente, como las trabajadoras y trabajadores de la salud.
Como parte de ello, es fundamental abrir la discusión sobre la necesidad de levantar demandas como la legalización de las drogas para acabar con el poder económico de los cárteles, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, contra los megaproyectos y por libre tránsito y plenos derechos para las y los migrantes, entre otras. Llamando a poner en pie un gran movimiento nacional contra la militarización, la violencia y la represión, pues Chiapas no es un caso aislado, sino el más reciente caso de una cadena de violencia tanto estatal como paramilitar en todo el país.
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