La Cerámica Neuquén y el Sindicato Ceramista realizaron este jueves en la puerta de la fábrica una conferencia de prensa para informar que a pesar de los avances para encontrar una salida alternativa al remate, el martillero público solicitó la intervención de la Policía para ejecutar la subasta. Al finalizar la conferencia hicieron una asamblea con las organizaciones gremiales, sociales y políticas que se acercaron a reafirmar el acompañamiento para defender la fábrica.
La Cooperativa Confluencia, (Ex Cerámica Neuquén) firmó esta semana un acuerdo con la empresa y se abrió el expediente de la subdivisión de los terrenos en el Ministerio de Economía de Nación. Esto permite una solución para todas las partes y que la fábrica siga abierta y en producción. En paralelo, desde el Juzgado Laboral N°1 y a pedido del Martillero, se solicitó al Ministerio de Gobierno que “ordene a la Jefatura de la Policía de la provincia tenga a bien arbitrar los medios necesarios para el normal y seguro desarrollo de la subasta ordenada”.
El presidente de la Cooperativa Confluencia, Bernardo Retamales, informó las próximas medidas de lucha que votaron en su asamblea. “Vamos a movilizarnos el miércoles 4 de octubre desde la puerta de la fábrica hasta el juzgado para exigir la suspensión del remate. Ya venimos trabajando en una alternativa. Ya se firmó un acuerdo con la patronal, se presentó en el expediente y sin embargo piden la policía para rematar la fábrica”.
Queremos saber si van a poner la Policía de Neuquén para rematar la fábrica o va a acompañar la solución que ya estamos trabajando
También, exigen respuestas políticas del gobierno provincial del Movimiento Popular Neuquino y al gobierno electo de Rolando Figueroa. “Hace dos semanas nos reunimos con el gobierno provincial y dijeron que iban a trabajar sobre el remate. Queremos saber si van a poner la Policía de Neuquén para rematar la fábrica o va a acompañar la solución que ya estamos trabajando. Lo mismo con el futuro gobernador, Rolando Figueroa, que tiene al abogado de los ex trabajadores, Jorge Brillo, y al tasador, Marcelino Vallejo, que van a ser parte de su gabinete y son los que están llamando a la policía para garantizar ese remate”.
El abogado de las gestiones obreras, Mariano Pedrero , alertó que la situación es grave y estamos a un mes de la fecha de remate que es el 27 de octubre a las 11 horas en el Hotel Global de Centenario. Y explicó los avances en una salida alternativa e integral. “Esta semana ya logramos firmar el acuerdo. Nosotros veníamos planteando que existe un preacuerdo con los dueños de la empresa para subdividir la fábrica y que haya una solución integral para todas las partes, inclusive para los ex trabajadores que reclaman sus indemnizaciones, que son los que están necesitando este remate. Está el plano que ya se presentó y se inició el expediente del Ministerio de Economía de la Nación esta semana para habilitar esa subdivisión y que todo el mundo tenga una respuesta. Que la fábrica pueda seguir produciendo, que los ex trabajadores cobren sus indemnizaciones y que incluso la patronal pueda afrontar el resto de las deudas que tiene en el concurso”.
El remate implica el cierre de la fábrica, dejar 80 familias en la calle en el medio de un país con la pobreza creciente
Por otra parte, denunció que en la misma semana que se avanzó en una salida integral, los sorprendió “que desde el sector de los ex trabajadores, su abogado Jorge Brillo, el martillero público y el Juzgado Laboral están ya pidiendo el auxilio de la Fuerza Pública para garantizar un remate”. Y aseguró que “el remate implica el cierre de la fábrica, dejar 80 familias en la calle en el medio de un país con la pobreza creciente, con miles y miles y miles de trabajadores que no pueden llegar a la canasta básica. La idea de cerrar una fábrica y dejar producción, la idea de dejar familias en la calle cuando existe una solución alternativa que ya está firmada, que ya está encaminada, la verdad que es un despropósito total”.
“Llama la atención esta negativa a avanzar en un acuerdo por parte de Brillo, y pedir el uso de la policía. La única explicación que encontramos es que exista un negociado inmobiliario detrás, y que por eso quieren avanzar con el remate y el desalojo de las y los obreros”, concluyó. | 
