El Senado aprobó los cambios de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias con 38 votos positivos y 27 en contra. Votaron a favor de los cambios los 31 senadores del interbloque oficialista; Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina); y los legisladores de Unidad Federal Guillermo Snopek, Edgardo Kueider, Carlos “Camau” Espínola y María Eugenia Catalfamo, ex integrantes del Frente de Todos. En tanto, los 27 votos negativos correspondieron a Juntos por el Cambio y la schiarettista Alejandra Vigo. Hubo seis ausentes.
El Frente de Todos se acordó del impuesto al salario cuando le quedan pocas semanas de gestión. A lo largo de casi 4 años, mientras implementaba un duro ajuste, no había tocado sustancialmente el piso del impuesto. La decisión de subir el piso a partir del cual se tributa el impuesto tiene un claro carácter electoral. Tomando un reclamo que un sector de la clase trabajadora tiene hace mucho tiempo, Sergio Massa aspira a crecer de cara al 22 de octubre.
El proyecto de ley que presentó el ministro-candidato Sergio Massa en el Congreso toma un viejo reclamo de la clase trabajadora que fue negado por los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y el mismo Frente de Todos, para transformarlo en un intento de épica a escasas semanas de las elecciones generales de octubre. Pero más bien es el reconocimiento de un fracaso: lejos de la "vuelta del asado", en lugar de mejorar a la situación de los de más abajo, han bajado las condiciones de vida de los asalariados que están un poco mejor.
El impuesto a las Ganancias sobre los salarios es un impuesto odiado por la clase trabajadora, a la que se busca dividir. Durante la presidencia de Cristina Fernández se quiso instalar la idea de que los trabajadores que estaban un poco mejor debían ser "solidarios" con los que menos ganan, en lugar de afectar a la minoría de ricos, empresarios, especuladores que hacen negocios con la necesidad y el trabajo de millones. Mauricio Macri prometió eliminar el impuesto al salario y terminó incorporando a más trabajadores.
Pero la ley aprobada no elimina exactamente el impuesto al salario, sino que sube el mínimo no imponible para asalariados y jubilaciones al equivalente al valor de 15 salarios mínimos (hoy $ 1.770.000), por lo que en lo inmediato prácticamente dejará de pagar el impuesto la mayoría de la clase trabajadora (quedarán pagando unos 90 mil trabajadores). Sin embargo, si en los años próximos el salario mínimo se actualiza por detrás de la inflación y de la evolución general de salarios, muchos asalariados y asalariadas pueden volver a pagar. El salario mínimo, vital y móvil no es un índice que refleja una evolución real, sino que se acuerda en el Consejo del Salario con la firma de las burocracias sindicales y las patronales. Desde 2015 el poder adquisitivo del salario mínimo cayó casi 35 puntos, en la actualidad es de apenas $ 118.000 y subirá a $ 132.000 en octubre.
Asimismo, otro de los puntos críticos es que se eliminan todas las deducciones a los asalariados como existen hasta ahora (por ejemplo, por hijos a cargo o por el pago de un alquiler), y no incluye a los profesionales y pequeños comerciantes autónomos en la suba del piso no imponible. El Gobierno anunció que enviará un proyecto contemplando esta última situación, pero hasta el momento los trabajadores independientes quedan excluidos de las modificaciones y seguirán pagando el impuesto con un piso mucho más bajo.
La diputada Myriam Bregman había planteado en la Cámara baja que desde el Frente de Izquierda siempre se sostuvo que "el salario no es ganancia" y defendió el proyecto de la izquierda de eliminar directamente la cuarta categoría para asalariados de convenio y jubilaciones. Dejó expuesto el sentido electoral de la propuesta al remarcar la pérdida brutal de poder adquisitivo que vienen teniendo lo salarios bajo el actual gobierno del Frente de Todos. Los trabajadores informales son los que más vienen perdiendo en el ajuste acordado con el FMI, su poder de compra cayó más del 42 % desde 2016.
Esta semana se conoció el dato de pobreza del primer semestre de 2023, escalando a 40,1 % para toda la población y 56 % en los menores de 14 años.
El Senado sesionó después de cinco meses, en su segunda sesión del año. Además de Ganancias, se trataron previamente 33 pliegos judiciales, incluido el que prorroga el cargo de la jueza Ana María Figueroa. También está previsto el tratamiento de las modificaciones a la Ley de Alquileres que vino con media sanción de Diputados, entre otros proyectos pendientes. | 
