En el segundo debate presidencial Javier Milei dijo que Montoneros “ponía bombas en jardines de infantes”. No sólo eso es mentira (hasta el mismísimo progenocida diario La Nación alertó sobre esa falsedad), sino que con su apología de la dictadura y su negacionismo del saldo en víctimas oculta deliberadamente que, por el contrario, fueron los propios genocidas quienes aplicaron un sistemático terror contra las infancias. Además del plan de apropiación de bebés, secuestraron y hasta torturaron y asesinaron a niñas, niños y adolescentes. En este informe se agrupan algunos de los casos más emblemáticos.
Los motivos que inspiran a Milei y los suyos a mentir es ocultar cuáles fueron los verdaderos propósitos de la última dictadura militar y quiénes estaban detrás del golpe. Sus dichos no son ingenuos. A 40 años del fin de la dictadura más atroz de las que recorrió el siglo XX -siglo marcado por los continuos golpes militares-, las conquistas logradas con la lucha y la movilización popular, que llevaron a juicio a un número muy reducido de ejecutores de los crímenes (si se los compara con la totalidad del aparato represivo que actuó en todo el país y la cantidad de centros clandestinos de detención identificados, cerca a 800), pretenden ser descalificadas por la derecha más rancia para imponer la defensa de lo actuado por las fuerzas militares en beneficio de los sectores dominantes.
Así lo recordó Myriam Bregman en el Congreso en uno de los tantos cruces contra la defensora de los militares y del genocidio, Victoria Villarruel -la diputada que visitaba a Jorge Rafael Videla cuando estaba detenido-. A días del 24 de Marzo en la Cámara de Diputados se escucharon las voces de ambas que recordaron esta fecha. Villarruel lo hizo desde una perspectiva negacionista, Bregman, en cambio, recordó que los genocidas impusieron, a sangre y fuego, un programa económico de destrucción de los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores.
La diputada del FIT, con larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad de los genocidas y abogada en juicios de lesa humanidad, continuó su intervención en el recinto denunciando: “Las políticas que ellos quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Hoz y sólo se aplican con mucha represión. Por eso hablan del ’curro de los derechos humanos’ como Macri, porque quieren aplastar a la clase trabajadora y no lo vamos a permitir, por eso lo vamos a denunciar y por eso no me van a callar".
En una sesión reciente, la diputada y precandidata presidencial por el FIT, volvió a desenmascarar a Milei que habla de los “excesos" que cometieron las Fuerzas Armadas durante la última dictadura: “Tal vez para él era un exceso que cada miércoles realizarán un vuelo de la muerte. Un exceso bastante organizado que cada miércoles aplicaban lo que los marinos llamaban ‘la pentonaval’ para adormecer a los detenidos y detenidas desaparecidas y tirarlos en un vuelo de la muerte. A eso él los llama excesos”, dijo Bregman y agregó que “volvió a hablar de guerra, ¿qué guerra? Ni los propios genocidas hablaban de guerra porque eso implicaba que debían cumplir con determinadas convenciones internacionales. La teoría de la guerra la empiezan a utilizar hacia el final de la dictadura”. Finalizó recordando a los 30.000 detenidos desaparecidos y subrayó que fue un genocidio.
Los niños torturados y asesinados por los genocidios
Floreal Avellaneda militaba en la Federación Juvenil Comunista. Estaba en segundo año del colegio. Su padre era delegado en los talleres metalúrgicos TENSA. Murió por las torturas y empalamiento en Campo de Mayo. Fue arrojado en uno de los vuelos de la muerte.
Carlos “Sueco” Lordkipanidse, referente de la Asociación de Cachito Fukman y sobreviviente de la ESMA, fue víctima de la perversidad extrema del prefecto Juan Antonio Azic, el Chacal. En una sesión de tortura, este genocida entra con Rodolfo, el hijo de Carlos, de 20 días de vida colgando de los pies y se lo pone encima del pecho mientras le pasaba picana eléctrica.
El caso de los hermanos Ramirez de dos, cuatro y seis años. Eran las edades que tenían Mariano, María y Carlos Ramírez aquel 15 de marzo de 1977 cuando el Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires rodearon la precaria casa que habitaban junto a su madre Vicenta Orrego Meza, en el barrio San José de Almirante Brown, desatando una feroz balacera. Ese fue el último día que vieron a su madre, quien los salvó, sacándolos por una ventana.
Alejandrina Barry, legisladora porteña del Frente de Izquierda, nació en la cárcel de Olmos. Sus padres fueron detenidos en noviembre de 1974 durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. “Mí mamá estaba embarazada, así que pasé mis primeros días en ese lugar, presas las dos. Nos liberan a comienzos del 76 y años después tenemos que viajar a Uruguay, donde mis viejos son asesinados por fuerzas conjuntas de Argentina y Uruguay”, cuenta Alejandrina. Los militares, junto a un par de empresas mediáticas como la entonces Editorial Atlántida, sometieron a Ale a una operación de prensa para mostrarla como “abandonada” por sus padres. De hecho hay una causa penal contra militares y responsables de la editorial.
Teresa Laborde Calvo, hija de Adriana Calvo, nació en cautiverio, su madre fue la primera testigo en declarar en el Juicio a las Juntas Militares. “Mi beba nació bien, era muy chiquita, quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso, yo les pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo, no me la alcanzaban”. En su declaración, Adriana expuso cómo en la madrugada del 15 de abril parió tabicada y esposada, a su beba Teresa en el auto en que la trasladaban desde la Comisaría 5° de La Plata al Pozo de Banfield rodeada de la patota; cómo desesperada gritaba que se la dejaran poner en su pecho; como la bebita se cayó y lloraba sin parar; cómo ya el partero del Circuito Camps, Jorge Bergés, cortó el cordón umbilical y de un golpe le sacó la placenta, la tiró al piso que tuvo que baldear y trapear ella desnuda frente a las risas de la patota; cómo recién después de todo eso pudo por primera vez abrazar a su hija.
Marcela Quiroga tenía 12 años cuando fue secuestrada junto a sus hermanos de 10 y un año y medio.
Paula Logares, primera nieta restituida por exámen genético. Secuestrada junto a sus padres en Uruguay en el marco del Plan Cóndor. En 1978, tenía 23 meses al momento de su secuestro. Ella y su mamá fueron encapuchadas y Paula fue arrancada de sus brazos. Es la nieta de Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo.
Ana Cristina Corral estudiaba el segundo año del Liceo de Señoritas Remedios de Escalada, en la provincia de Tucumán. En la noche previa a su secuestro planchó su uniforme con su mamá. Al día siguiente izaba la bandera. Era la abanderada. En la madrugada del 8 de junio de 1976 un grupo de militares entró a su casa, la sacó de su habitación y se la llevó. Fue la desaparecida más joven de Tucumán: 16 años.
Magdalena Gallardo, "Malena", fue la desaparecida más joven del Colegio Nacional de Buenos Aires. Apenas cumplió 15 años, el 8 de julio de 1976
Bettina Tarnopolsky tenía 15 años cuando la llevaron a la ESMA. Cursaba el tercer año del Normal 11° de Barracas.
Fernando y María Eugenia Fettollini, 3 y 5 años, fueron asesinados el 19 de noviembre de 1976, en una acción en la que sólo sobrevive un bebé de 5 meses, Manuel Goncalves, al que su madre escondió en un placard.
Roberto y Bárbara Lasnuscou, de 5 y 4 años, muertos cuando su casa de San Isidro fue asaltada por tropas del Ejército y la Policía. En la acción, también mataron a sus padres. Matilde, de 5 meses, robada durante el operativo, continúa desaparecida.
Victoria Couto tenía siete años cuando se despidió de su mamá, Graciela Passalacqua, en el Olimpo. Victoria y a su hermana de once meses, Florencia, fueron trasladas en un auto lleno de armas para llevarlas a la casa de sus abuelos. Las dos niñas habían pasado tres días en un campo de concentración donde cada minuto que transcurría se convertía en un tormento.
Dafne tenía diez meses cuando una patota del Atlético llegó a la quinta de La Reja, Moreno, donde estaban sus padres, Eva Y Claudio, se los llevaron. En la quinta vivía un casero, a quien ataron a una silla. Sobre sus rodillas, dejaron a la beba. Fue este hombre quien la llevó con la familia.
Isabel Cerruti festejó su cumpleaños en la clandestinidad. Ella y su compañero, Ernesto Berner, tenían una noticia importante para compartir con la familia: estaban esperando a su primer hijo. Ernesto fue secuestrado al día siguiente por una patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y posteriormente desaparecido. Isabel dio a luz a su hijo, Norberto, el 23 de agosto de 1977.
Adriana Lewi, hija de Ana María Sonder y de Jorge Lewi, tenía un año y medio al momento del secuestro. Por una sobreviviente, Adriana se enteró de que su mamá jugaba con ella dentro del campo de concentración y lo hacía con las manos como si fueran títeres. También le cantaba bien bajito en ese lugar donde el sonido más frecuente era el del dolor.
Los testimonios sobre la presencia de los chicos y chicas en los centros clandestinos o en los operativos en los que sus padres fueron secuestrados datan desde el Juicio a las Juntas. Caride, un testigo, declaró haber cuidado a Victoria y a su hermana. Después de los casi 20 años de vigencia de las leyes de impunidad, la causa que forzó la reapertura de los juicios de lesa humanidad estuvo vinculada al secuestro de José Liborio Poblete, Gertrudis Hlaczik y su hijita, Claudia Victoria, que también fue llevada al Olimpo antes de ser apropiada por el matrimonio Landa.
La causa Laguna Paiva II juzgó delitos de lesa humanidad contra niños en Santa Fe. En el debate se juzgó la persecución al último referente del PRT en Santa Fe, Catalino Páez, su esposa y su hijo Mario de 15 años, además de ocho compañeros de militancia que eran obreros del Frigorífico Nelson, ferroviarios en Laguna Paiva y uno supervisor en Acindar, en Villa Constitución. Como publicó este diario en su momento, las audiencias revelaron que la cacería se extendió a los dos hermanos de Catalino y sus parejas, y a 16 niños y niñas de las tres familias que fueron violentados y abandonados, el más chiquito de cinco años. Una cuñada de Catalino y sus cuatro hijos estuvieron cautivos más de un mes en la Guardia de Infantería Reforzada, que era una prisión del Ejército.
Karina Manfil, que entonces tenía 4 años, fue testigo del asesinato de su hermano. "Cuando mi hermano se asomó a la ventana le dispararon con un FAL y la mitad de su cara quedó pegada en el techo". Carlos tenía 9 años, en la misma habitación había dos nenes -Adolfo de 11 y Marcela de 9-, hijos del matrimonio Vega que se habían quedado a dormir en la casa. Sus padres dormían con el hermano, Christian de 6 meses. En total éran 9 personas. Durante la madrugada llegó el operativo, enseguida entró la patota a la pieza disparando. Uno se agachó y empezó a disparar debajo de la cama, donde estaban los juguetes en bolsas. "Cuando mi madrina fue a buscar a Christian, de 6 meses, le dijeron que había muerto. Pero antes de irse le habían pedido a una vecina que lo bañara porque estaba lleno de sangre y después lo subieron a un Falcon. Mi madrina lo recuperó a la semana en la comisaría 4° de Avellaneda. Los cuerpos de mi hermano Carlos y de mis padres -Carlos Laudelino Manfil y Angélica Zárate de Manfil- esa misma noche desaparecieron", relató Karina.
Leticia Baibiene es hija de Elba Leonor Ramirez Abella y Arturo Baibiene, secuestrados y desaparecidos en abril de 1977. Tenía 3 años al momento del operativo en que secuestraron a sus padres. Dio testimonio en el juicio de lesa humanidad denominado “La Cacha” el 28 de febrero de 2014. “Cuando uno sabe la verdad, por más terrible que sea, uno la tiene ahí. Y la mira, se aleja, vuelve, y hay un momento en que uno la puede procesar, digerir y hacer algo. Pero no saber qué, es la angustia más terrible y dolorosa, […] siempre la imaginación es mucho peor. Entonces me parece que saber, debería ser un derecho para todos nosotros”.
Estas son algunas de las historias atroces que llevaron adelante los militares y las fuerzas de seguridad. No fueron excesos, no fue una guerra. Fue un plan sistemático para derrotar el último ascenso obrero y estudiantil. Fue para imponer un plan económico para favorecer a los grandes empresarios. Los que aún permanecen impunes, con algunas pocas excepciones, y sus empresas nunca dejaron de ser favorecidas por los gobiernos de la “democracia”. No es casualidad, los juicios sólo apuntaron contra un puñado de jefes militares y de fuerzas de seguridad.
Todos los gobiernos desde 1983 hasta acá, junto al Poder Judicial, no hicieron nada para condenar los crímenes cometidos por la Triple A durante el gobierno de Juan Perón y María Martinez de Peron, tampoco por la responsabilidad directa de los empresarios en planificar el golpe y entregar la lista de los obreros que serían detenidos desaparecidos.
El jefe de personal de Molinos Río de La Plata durante la dictadura militar, Emilio Parodi, fue detenido recientemente por orden del juez federal Ernesto Kreplak, en una causa que investiga la responsabilidad del directorio de la empresa en secuestros, torturas y desapariciones de sus trabajadores. Los testigos aseguran que el 7 de julio de 1976, personal del Ejército entró en la fábrica con una lista que tenía los nombres de algunos trabajadores y un membrete en el que se leía Molinos Río de la Plata. Ese día, los militares se llevaron a un grupo de obreros que pasaron a integrar la lista de los desaparecidos.
Otras de las pocas excepciones de civiles procesados, está el empresario salteño Marcos Levín, exdueño de la empresa de transportes La Veloz del Norte, condenado a 12 años de prisión por secuestro y tortura del trabajador Víctor Cobos. Vuelve a ser juzgado por su participación en el secuestro y tortura de 17 trabajadores. La familia Levín controla la Terminal de Ómnibus de Salta y es dueña del lujoso hotel Alejandro I, donde Javier Milei realizó un acto de campaña.
La misma participación empresarial en el genocidio de clase también ocurrió en los ingenios La Fronterita y Ledesma en Jujuy (Carlos Pedro Blaquier, su dueño, murió impune con un juicio en sus espaldas que nunca se llegó a realizar); Acindar en Villa Constitución (Santa Fe); Dálmine Siderca en Campana (Buenos Aires); Astilleros Astarsa en la zona norte del Gran Buenos Aires; cerámicas Lozadur y Cattáneo; autopartistas Ford, Mercedes Benz, Fiat y Grandes Motores Diesel (Buenos Aires y Córdoba); Bunge&Born y Grafa en Capital Federal; Astilleros Río Santiago en Ensenada, Petroquímica Sudamericana y Swift en La Plata; Alpargatas (en Capital, Buenos Aires y Tucumán), Loma Negra (en Olavarría y Barker); el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca.
Los empresarios y sus gerentes actuaron en conjunto con las Fuerzas Armadas. Le entregaron las listas de los obreros que debían secuestrar, muchos de los cuales fueron detenidos en los lugares de trabajo. Muchas de estas empresas directamente destinaron predios para los centros clandestinos de detención.
Milei (así como sectores de Juntos por el Cambio) reivindica a la dictadura militar en un momento donde las grandes mayorías populares sufren la crisis económica y social; cuando los tres candidatos presidenciales con más chances de llegar a la Casa Rosada ya se juntaron con los representantes del FMI y acordaron pagar esa deuda fraudulenta e ilegítima que contrajo el gobierno de Macri y que convalidó el Congreso Nacional durante este gobierno con los votos de la mayoría y con la firme oposición en el recinto y en las calles del Frente de Izquierda. Como dijo Myriam Bregman, el ajuste no pasa sin represión. |
