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La Izquierda Diario
3 de diciembre de 2024 Twitter Faceboock

¿Qué estrategia para qué partido en la Transición española? Un debate con las posiciones de LCR
Ivan Guerrero

Una de las discusiones más importantes en la extrema izquierda durante la década de los 70 en la península ibérica fue qué tipo de ruptura llevar adelante contra la dictadura franquista y qué tipo de partido construir.

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Seguimos indagando acerca de las posibilidades revolucionarias y las lecciones estratégicas para la construir un partido revolucionario. En este caso, en debate con las posiciones que tuvo la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) del Estado Español durante aquellos años.

Francisco Franco moría el 20 de noviembre de 1975 y el 22 de noviembre Juan Carlos de Borbón era proclamado rey de España por las Cortes franquistas. Tres días más tarde, el 25 de noviembre, se produce el golpe de estado en Portugal que impondrá, definitivamente, la contrarrevolución democrática -es decir el desvío del proceso revolucionario para imponer un régimen democrático burgués-.

Como planteábamos en otro artículo, el temor del Partido Comunista de España (PCE) de Carrillo y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felipe González a que el Estado Español se “portugalizase” era real. Es decir, que estaba planteado en la situación que las demandas democráticas y sociales, las luchas de la clase trabajadora, junto a otros sectores populares, se transformaran y radicalizaran, y se abriera una situación revolucionaria más abierta. En el ascenso de los 70 aún los pequeños grupos revolucionarios tenían la posibilidad de abrirse camino hacia las masas, como le planteó León Trotsky a Andreu Nin en la revolución española en los 30, y dar pasos hacía la construcción de un partido revolucionario.

El debate principal en la izquierda fue qué tipo de ruptura con el franquismo. La idea de una “ruptura democrática”, formulada por el PCE, planteaba que había que poner en movimiento las fuerzas sociales de la clase obrera y el pueblo por medio de una lucha pacífica que hiciera desmoronar el régimen franquista para conseguir una serie de demandas de carácter democrático —asamblea constituyente, república, libertades de organización y expresión— luchando no por un gobierno obrero que realmente las llevara adelante, sino por un régimen democrático burgués y un gobierno de conciliación de clases.

Sin embargo, ante el “peligro” que representaba el camino de la revolución de Portugal, y un posible ascenso obrero en el Estado español como podía representar Vitoria del 76 el PCE durante 1976, y más claramente en 1977, tras la matanza de Atocha el 24 de enero de 1977 perpetrada por miembros de la extrema derecha a militantes del PCE y CCOO, abandonó la idea de una “ruptura democrática”. [1] Es decir se abandona la idea de luchar por una huelga general, la formación de un gobierno provisional y la convocatoria de unas cortes constituyentes. Para aceptar una “ruptura pactada” [2] con el rey, Suarez y toda la élite post franquista para imponer un régimen democrático burgués, frenando cualquier tipo de movilización tratando de desviar un posible ascenso revolucionario.

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Los partidos a la izquierda del PCE, por su parte, corrientes maoístas como el Partido del Trabajo de España (PTE) o el Movimiento Comunista (MC), serán parte de la estrategia de “ruptura democrática” que empalmaba perfectamente con su concepción de revolución por etapas. La cual planteaba la necesidad de constituir lo que Mao llamó el “bloque de las 4 clases” –los campesinos, la clase obrera, sectores de la burguesía china y la pequeño burguesía urbana- contra el imperialismo y el feudalismo. Esta revolución por etapas, una versión adaptada del estalinismo, planteaba que este bloque no debía proponerse una revolución socialista inmediata sino un régimen intermedio que Mao llamó “la nueva democracia”. Ya que como Mao remarcó “en la etapa de la revolución democrática, la lucha entre trabajadores y capitalistas debe tener sus límites”. [3] La estrategia del maoísmo español confluía con la “ruptura democrática” aceptando la lucha por la democracia burguesa, como “primer etapa”, para en un futuro indeterminado luchar por la revolución socialista. Con otras palabras, es la renuncia a esta lucha.

Así pues, tanto el PTE como MC entraron a la Junta Democrática -creada en 1974 por el PCE, figuras vinculadas a Don Juan de Borbón, CCOO, PSP o PTE, entre otros- y a la Plataforma Democrática -creada en 1975 e impulsada por el PSOE, el Movimiento Comunista o democristianos entre otros- respectivamente. Órganos de conciliación con la burguesía para negociar la transición hacia la democracia burguesa. Estos grupos acabaron aceptando la vía de negociación utilizando la movilización como mecanismo de “presión” en las negociaciones, sin cuestionar que se estableciera alianzas con la burguesía “democrática”. De esta manera para estos grupos se trataba del derrumbe de la dictadura por la vía de la negociación presionando con la movilización, postergando las medidas anticapitalistas y el socialismo para un futuro indeterminado. Como plantea Santiago Lupe De vuelta con la “ruptura democrática”: del eurocomunismo a Podemos “sus coincidencias estratégicas con los eurocomunistas los condenaron a ir a remolque de la línea de Carrillo” o “como el mismo Carrillo ironizó los maoístas eran como el PCE pero “con algunos meses de retraso”. En un primer momento el maoísmo, sobre todo en el 76-77, le dará mayor peso a la movilización como en Portugal, pero se irán abriendo a una vía negociadora sobre todo después de la convocatoria de elecciones del 77. El PTE acabará llamando a votar a favor de la Constitución de 1978. La LCR [organización que formaba parte de la corriente internacional liderada por Ernst Mandel, una de las corrientes del movimiento trotskista] contraria a participar en cualquier organismo unitario de la oposición, mandó a uno de sus dirigentes, Jaime Pastor, como observador a la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Coordinación Democrática en febrero de 1977. En Catalunya también participarán como oyentes en la llamada “Asamblea de Catalunya”.

Sin embargo, la LCR dará un giro en su IV Congreso (I Congreso LCR-ETA VI) en agosto de 1976, revisando de la teoría de la revolución permanente de León Trotsky planteando un programa similar a la ruptura democrática. Se supeditará todas las demandas democráticas (desde derechos políticos y civiles, fin de la monarquía, asamblea constituyente, derecho a la autodeterminación, independencia de las colonias y semi colonias…) a la consigna de un gobierno conformado por el PSOE y el PCE (equiparando peligrosamente la consigna de “gobierno obrero” con “gobierno de izquierdas”) bajo una república burguesa, abandonando la idea de Huelga General Revolucionaria como método para la insurrección contra el franquismo. De esta manera, bajo este gobierno, según la LCR, sin tener que estar “oponiéndose frontalmente” a éste, impulsarían la movilización extra parlamentaria para iniciar un proceso de desbordamiento de masas al mismo tiempo que se desarrollarían los consejos obreros, aunque esto era algo que estaba indeterminado, durante largo plazo. Su adaptación a una especie de etapismo, que es lo que expresaba la ruptura democrática, era presionar con la movilización para el desbordamiento de las direcciones reformistas por las “nuevas vanguardias” y el movimiento de masas.

En este artículo tratamos de plantear algunas pinceladas de lo que a nuestro entender será la revisión de la principal organización trotskista en el Estado español: la cuestión del Estado combinado, la revisión de la revolución permanente y de gobierno de los trabajadores, el abandono de la huelga general insurreccional y del partido leninista de vanguardia.

Mandel y el Estado combinado

La adaptación de la LCR a la ruptura democrática se dará más o menos al mismo tiempo que su adaptación al eurocomunismo que protagoniza su corriente internacional y su principal dirigente a lo largo de los años 70. Al final de esta década plasmará definitivamente este giro con su teoría sobre la “Democracia socialista” –escrita para el XI congreso del Secretariado Unificado en 1979, donde termina capitulando a la democracia burguesa.

La estrategia del mandelismo acabará siendo una transición al socialismo donde se podía combinar formas soviéticas e instituciones de la democracia burguesa. En una entrevista que le hace Henri Weber para la revista teórica y política “Comunismo” de la LCR española en diciembre de 1977 plantea que será una especie de “desbordamiento” de la democracia proletaria que superaría la democracia burguesa. Donde “presumiblemente, tendremos necesidad de un periodo más largo de dualidad de poder, del orden de varios años” [4]en un proceso indeterminado de doble poder. Para Mandel las masas estaban haciendo una experiencia muy reciente desde el final de la primera guerra mundial con la democracia burguesa “que nosotros queremos no solamente defender sino también consolidar y reforzar en el Estado obrero, a saber las libertades democráticas, con las instituciones democrático-parlamentarias del estado burgués.” Mandel deja abierta a la interpretación de una especie de estado combinado entre el Estado capitalista –con instituciones parlamentarias burguesas- y el Estado obrero -con instituciones de tipo soviético-, donde incluso se dé “libertad política ilimitada” a corrientes políticas de todo tipo, incluidas las contrarrevolucionarias.

Como explica Asier Guerrero [>-https://www.izquierdadiario.es/Municipalismo-libertario-debates-sobre-el-poder-dual-y-el-Estado-burgues] esta idea de combinar el sistema de soviet con la democracia representativa burguesa, fue una vieja idea de Hilferding, dirigente del Partido Socialdemócrata Independiente durante la revolución obrera de Alemania de 1919. Este proponía darles rango constitucional a los consejos de obreros y soldados integrándolos en la República de Weimar, para combinar “la dictadura proletaria con la dictadura de la burguesía bajo el signo de la constitución” como le criticó Lenin.

Este encaje antitético del sistema democrático-burgués con el soviético en nada tiene que ver con las lecciones del bolchevismo ni con el “pluripartidismo soviético” defendido por Trotsky contra la burocracia estalinista y la demagogia de los países imperialistas que atacaban a la URSS y a la idea de comunismo, donde retoma la tradición bolchevique de libertad completa a todas las corrientes políticas que defendiesen las conquistas de la revolución.

La adaptación a la ruptura democrática y la “redefinición” de la revolución permanente

No será hasta agosto de 1976 cuando se materialice el I Congreso LCR-ETA VI (o IV congreso de la LCR), donde se fusionarían oficialmente las dos organizaciones. Desde 1973 venían de un proceso de discusión que, como cuenta Jorge Guerrero Valle [5], la organización vasca influenciará significativamente en la LCR, abordando cuestiones clave como la ruptura democrática, el final del franquismo y la cuestión nacional y colonial.

Será en el congreso del 76 donde se oficializa el giro, la “redefinición” de la estrategia permanentista y la adopción de la ruptura democrática. Tras el ascenso obrero en Vitoria, vemos en un documento interno previo al congreso donde se adelanta que se ha “redefinido nuestra estrategia de revolución permanente. [6] Estableciéndose un semietapismo en la revolución, como le criticó la Liga Comunista (LC) [7] en dicho congreso al que fueron invitados. Si una de las tesis fundamentales de la teoría-programa de la revolución permanente es el transcrecimiento de la revolución democrática en revolución socialista, que la redefinición de la LCR supone, para nosotros, un quiebre en la concepción permanentista.

Si indagamos en dos de los documentos centrales del congreso -“Construir un partido comunista revolucionario. I congreso de LCR-ETA (VI) agosto 1976” [8] y por otro lado el documento sobre la cuestión nacional, “Resolución sobre cuestión nacional” [9] - podemos señalar algunos elementos en este sentido. Ya que se parte de la posición de que mientras las masas hacían una experiencia con las ilusiones democrático burguesas los revolucionarios debían defender el “máximo de la democracia” “en tanto las masas no descubran por su propia experiencia la necesidad de destruirlo y de construir una democracia obrera, combatimos decididamente por el máximo de democracia posible bajo el Estado burgués”. Pero ¿bajo qué programa y estrategia?

El programa de la LCR no será otro que el de la ruptura democrática, reivindicando la proclamación de la “República” como tarea central de la Asamblea Constituyente. Así pues demandas como el derecho de autodeterminación también quedarán articuladas como parte de la lucha de los revolucionarios en esos órganos para instaurar una “República Federal” (burguesa), ya que “nos parece más favorable para el avance hacia la revolución socialista que la existencia de varios Estados separados” (como refleja en documento: “Resolución sobre cuestión nacional”. El conjunto de demandas más sentidas en ese momento –como la amnistía, derechos democráticos básicos o la cuestión nacional y colonial por ejemplo quedan desligadas la lucha por un gobierno (obrero), el único que podía hacerlas efectivas, conquistado por la insurrección obrera y popular. Un ejemplo será el Referéndum de la Ley para la Reforma Política (15 de diciembre de 1976) donde la LCR plantea acertadamente su boicot pero lo liga a una salida de ruptura democrática.

Para la LCR se debía exigir al PCE y PSOE la “convocatoria inmediata de elecciones a una Asamblea Constituyente” que “tiene como función reivindicar ese máximo de democracia combatiendo toda maniobra de la burguesía y de los reformistas (gobiernos provisionales de coalición sin elección por las masas parlamentos designados, etc.)” al mismo tiempo que se exige “Elecciones Municipales Libres”. Por ejemplo, si damos un salto en el tiempo (hasta el paro del 12 de noviembre de 1976 convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales integrada por CC.OO, UGT y USO) otro tanto de lo mismo les exigirá a la burocracia sindical (que en ningún momento critican) que hagan suyas y luchen por las demandas de “elecciones inmediatas a una Asamblea Constituyente” que “ponga fin a la Monarquía franquista y proclame la República”. [10]

Veremos que esta adaptación se plasmará en relación a los debates sobre los nuevos Estatutos de autonomía para Catalunya y Euskadi del 25 de octubre de 1979. En ese caso irán más allá y la LCR de Catalunya levantaba la consigna “Por una Generalitat soberana y democrática”. [11] Esta articulación de las demandas democráticas por la LCR rompe el nexo entre éstas y la lucha estratégica por quién puede llevarlas a cabo, el gobierno obrero, supeditándolas a una “República Federal”.

Las consignas democráticas-estructurales tenían una enorme importancia, en el marco de las fuertes ilusiones democráticas de las masas trabajadoras después de 40 años de dictadura como en Portugal. Pero la clave era explicar, que para desenmascarar a la supuesta “burguesía democrática” y sus agentes en el movimiento obrero (PCE, PSOE y la burocracia sindical), las demandas democráticas solo eran posibles llevarlas adelante mediante la movilización independiente de las y los trabajadores, desarrollando organismos de autoorganización de masas que recogieran el conjunto de demandas democráticas –como la cuestión nacional, la amnistía, derechos democráticos básicos, etc…-, o cualquier otro tipo de demanda, demostrando al conjunto de sectores oprimidos que la única fuerza hegemónica para llevarlas hasta el final era la clase obrera. Desarrollar esa fuerza independiente en todos los centros de trabajo con un programa hegemónico era clave para plantear que hasta el derecho democrático más básico, como la amnistía o en otra escala la cuestión nacional y colonial, no se podía garantizar de la mano de ninguna burguesía “democrática” ni se podía dar de forma efectiva en el marco de una democracia capitalista (como ha demostrado 45 años de régimen del 78´). Si esa fuerza obrera independiente conseguía crear al mismo tiempo instituciones obreras permanentes (soviets) permitiría establecer un poder obrero que se impusiera por medio de una lucha revolucionaria. Vitoria había demostrado a pequeña escala esa fuerza poderosa, que si se multiplicaba a nivel estatal y se habría un escenario como en Portugal la relación de fuerzas cambiaría radicalmente en el Estado español.

Trotsky nunca desligó aquellas demandas democráticas de la estrategia (dictadura del proletariado) para supeditarlas a ningún parlamento constituyente, a ningún gobierno elegido por sufragio universal o a ninguna “República Federal”. Lo que plantea Trotsky es aprovechar y defender las tareas democráticas-estructurales para, precisamente, demostrar a la vanguardia obrera que su única resolución efectiva era desarrollar la autoorganización luchando por todas aquellas demandas demostrando al resto de sectores populares que ella es la única que puede conseguirlas. Para ello el desarrollo de organismo “soviéticos” era clave para organizar esa fuerza independiente, donde los revolucionarios planteáramos la necesidad de la tomar del poder.

La novedad que planteó Trotsky al debate sobre la dinámica de la revolución en la nueva fase imperialista del capitalismo fue no solo la imposibilidad histórica de la burguesía y sus regímenes en llevar adelante tareas democrático-radicales no resueltas, sino también la articulación de estas consignas, cuando son adecuadas a la situación concreta, dentro de un programa transicional. Cuyo sujeto dirigente no podía ser otro que la clase trabajadora ubicado como vanguardia de la revolución democrático burguesa conquistando la hegemonía sobre las clases para llevar adelante las tareas democráticas-estructurales que la propia burguesía es incapaz de llevar adelante. Lo que supone la tomar del poder contra la burguesía y tomar medidas contra la propiedad privada capitalista, entrelazando las tareas de la revolución democrática con las socialistas.

Las revisiones que se van estableciendo a partir de 1976 y su IV congreso tendrán enormes consecuencias. Un ejemplo será con la aprobación de la constitución española en 1978 (a la que llamaron correctamente a votar no) pero donde la Liga planteó la táctica de levantar la consigna de reformar la constitución “con una serie de enmiendas sustanciales en torno a los principales temas centrales y sectores” que “fueron presentadas a los representantes parlamentarios de los partidos de izquierda”. [12]

Gobierno PSOE-PCE, la revisión oportunista de la táctica de gobierno obrero

Al “redefinir” la estrategia y su adaptación a una suerte de ruptura democrática, se revisa también la relación entre frente único y gobierno de los trabajadores. En el mismo documento (“Construir un partido comunista revolucionario”) se plantea que la política de Frente Único culmina “en la consigna de Gobierno de los Trabajadores.” Pero ¿a qué se refiere con esta articulación y en concreto cómo se formula la consigna de gobierno obrero?

Para la LCR la consigna de gobierno de trabajadores se establece como “el puente entre los inicios parlamentarios de la revolución socialista y la formulación popular de la dictadura del proletariado”. Aquí nos encontramos con dos discusiones principales. Para el mandelismo, la revolución socialista tendría unos inicios parlamentarios como estrategia para que las masas realizasen una experiencia con la democracia burguesa mientras exige a los partidos reformistas que formen un gobierno de trabajadores o más bien su “equivalente” gobierno de izquierda. Recordemos el caso de la Italia fascista de los 30, donde Trotsky precisamente plantea que en el caso de que pudiera convertirse nuevamente en un Estado parlamentario o en una “república democrática” no “sería el fruto de una revolución burguesa sino el aborto de una revolución proletaria insuficientemente madura y prematura.” [13]

Para la LCR los inicios parlamentarios no serían otra cosa que la combinación parlamentaria de las fuerzas reformistas (PSOE y PCE) para obtener una mayoría obrera en el parlamento y conformar un gobierno. Es decir sería supuestamente un paso “progresivo” hacia la revolución (y no un desvío para contenerla) mientras las masas fortalecían los órganos de doble poder por tiempo indefinido (y los tiempos en política importan) hasta el desbordamiento de la democracia obrera sobre la burguesa impulsada por una “nueva vanguardia” –sectores de la pequeña burguesía, sectores de izquierda del estalinismo y maoísmo y de la clase trabajadora-.

En segundo lugar ¿qué tipo de gobierno de trabajadores sería el “puente” entre “los inicios parlamentarios de la revolución socialista” y la dictadura del proletariado? Jaime Pastor en su artículo “La izquierda revolucionaria, después del 15 de junio”, revista Comunismo de diciembre de 1977 [14], planteó que tal gobierno tiene que ser conformado por “el P.S.O.E. y el P.C.E” rompiendo los pactos de la Moncloa y que “presenten su candidatura a formar gobierno, incluso por la vía electoral (mediante, por ejemplo, la convocatoria urgente de elecciones municipales)”. No solo las principales demandas democráticas se subordinan a una república democrático burguesa sino que se plantea una equiparación peligrosa entre este gobierno y la táctica de gobierno obrero planteada por los bolcheviques y desarrollado por Trotsky.

La táctica utilizada por los bolcheviques contra los mencheviques y social revolucionarios (“romped con la burguesía, tomad el poder”) en 1917 era un arma poderosa en una etapa revolucionaria, que permitía ponerles contra la espada y la pared por no querer ir más allá de sus intenciones cuando eran mayoría en los soviets y participaban del gobierno provisional en un momento donde la burguesía era un semicadaver político. Así pues, esta consigna de gobierno obrero tenía un carácter anti burgués y anticapitalista, pero de ninguna manera con el sentido democrático-burgués como le han querido dar. Ahora bien, en el caso de que efectivamente estas direcciones fuesen más allá de sus intenciones y tomaran el poder, los bolcheviques tenían claro que eso no haría otra cosa que acelerar aún más la revolución. Pero se diera una u otra posibilidad, el partido revolucionario debía mantener su independencia política y siempre planteando su posición crítica respecto a tal gobierno.

Fueron estas lecciones que se recogieron en el IV Congreso de la Internacional Comunista (IC) de 1922 donde se planteó, entre otras interesantes, la resolución sobre los “gobiernos obreros” (con 5 tipos de gobiernos obreros). Donde se aclaraba que algunos de ellos podrían ser tolerados en los períodos críticos de debilitamiento de la burguesía para engañar al proletariado, postergar y ganar tiempo contra la revolución “con la ayuda de los líderes obreros corrompidos” como dice la resolución. Por lo que los comunistas no deberían participar en ellos y desenmascararlos “despiadadamente” ante las masas.

Jaime Pastor frente a un gobierno del PCE y PSOE ve dos peligros: o bien el oportunismo y adaptarse a las ilusiones de las masas sin emplazamientos para “el desbordamiento de la política reformista”. O bien el peligro del “sectarismo izquierdista”, es decir “considerando que se trata de un gobierno burgués sin más y oponiéndose frontalmente al mismo sin hacer la experiencia de ello junto a las masas que confían en él.” Porque según Pastor una política sectaria contra este gobierno sería ignorar la dinámica de la lucha de clases y de desbordamiento de sus direcciones “pese a los proyectos del P.S.O.E. y del P.C.E., y a los efectos desmovilizadores que tendría su aplicación, aun parcial.”

Para el mandelismo estos gobiernos burgueses no podían ser enfrentados por la clase obrera desenmascarándolos “despiadadamente” ante las masas como “líderes obreros corrompidos”, sino que la política de los revolucionarios debía ser más bien la de tratarles como gobiernos “amigos” a los que había que aconsejar y presionar mediante la movilización (política de desbordamiento) pero nunca planteando su derrocamiento por la Huelga General Revolucionaria. Subvaluando totalmente los efectos de desmovilizadores y los ataques antiobreros que tendría un gobierno “tolerado” por la burguesía para momentos críticos. No tardaríamos en ver un gobierno del PSOE que reprimió y aplicó todas las reformas neoliberales contra la clase obrera en los años 80 durante la llamada reconversión industrial. Aun sin entrar al gobierno con el PSOE, el PCE, toleró pacíficamente la contraofensiva anti obrera del PSOE. Incluso a pesar de la dura experiencia durante estos años, la consigna de gobierno de izquierdas (PSOE-PCE) de la LCR nunca fue cuestionada públicamente.

El problema estratégico que cometió el mandelismo, y el resto de corrientes del trotskismo surgidas luego de la ruptura de la IV Internacional en el ’53, es que en vez de retomar las lecciones revolucionarias de la táctica del gobierno obrero se dio una lectura oportunista para defender esta táctica de “gobierno obrero” que justificaba la subordinación a direcciones estalinistas o pequeñoburguesas, el apoyo y el ingreso a gobiernos burgueses. Por lo que el conjunto de demandas, como la lucha contra la ley de reforma política, los pactos de la Moncloa, la ley de amnistía o la lucha contra la constitución durante la transición acabaron subordinadas a la estrategia de gobierno PSOE- PCE. En el caso de la ley de amnistía (17 de octubre de 1977) dejará impune todos los crímenes de la dictadura y a sus ejecutores con la colaboración directa de las direcciones del PSOE y el PCE. Incluso a pesar del asesinato de Germán Rodríguez militante de la LCR en las fiestas en Pamplona el 8 de julio de 1978 a manos de la policía tras desplegar una pancarta en la plaza de toros que decía “Amnistía total. Presoak kalera. San Fermín sin presos”, se siguió planteando la misma consigna de gobierno.
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En octubre de 1978 se celebrará el V congreso –reunificación de la LCR y la LC- donde se sigue avalando este giro, y en las elecciones generales y municipales de 1979 con el eslogan: “vencer a UCD y acabar con la reacción. Unidad obrera en el Parlamento. Por un gobierno de izquierda sin ministros burgueses” [15]. La LCR establece una equivalencia peligrosa entre la táctica de gobierno obrero de carácter anticapitalista con un gobierno del PCE y PSOE o “gobierno de izquierdas”, que fueron los impulsores conscientes de la contrarrevolución democrática en el Estado español.

El abandono de la “Huelga General Revolucionaria” (insurreccional) y el proceso democrático por desbordamiento

Estaba claro que una “portugalización” en el Estado español era posible, es decir, que se abriera una crisis del régimen franquista como el país vecino y diera paso a un proceso revolucionario. Ese era el escenario que Carrillo no quería y se encargó de evitar que una revolución como la de Portugal se propagase en el Estado español.

El año 1976 no fue un año cualquiera, y menos para sacar lecciones revolucionarias en suelo español. A lo largo del año se realizan 40.179 conflictos en empresas con 2 millones 463 mil trabajadores y 106 millones de horas por huelga realizadas. Una de las grandes experiencias obreras se dará en Vitoria o como Manuel Fraga llamó -Ministro de Gobernación de Franco- “el soviet de Vitoria”. El origen del conflicto se había originado por la finalización de los convenios a finales de 1975 al mismo tiempo que el 14 de noviembre el Régimen franquista había efectuado un nuevo decreto de congelación salarial.

Aquí nos vamos a detener brevemente en el conflicto sucedido en Vitoria de 1976. Precisamente porque en mitad de este enorme test de la lucha de clases, la LCR está en un proceso de “redefinición” de su estrategia y sus métodos. Así pues, en los sucesos de Vitoria se inicia el 9 de enero en la empresa vitoriana de Forjas Alavesas y se propagó como una bola de nieve, desarrollándose la “Coordinadora de Comisiones Representativas de Fábricas en Lucha” integrada por delegados de los trabajadores de empresas en huelga. Incluso se organizaron asambleas de mujeres y algunas asambleas de empresa se realizan conjuntamente con los barrios.

Para evitarlo, la patronal trató de boicotear la celebración de asambleas en las fábricas e impusieron un lockout patronal, por lo que las iglesias se convirtieron en lugar de reunión. Tras dos convocatorias de huelga general solidaria, el 16 y el 23 de febrero, se dieron con un seguimiento parcial, pero el 3 de marzo el movimiento huelguístico paralizó todo Vitoria. La jornada se radicalizó cuando la policía gaseó y ametralló la asamblea de trabajadores que tenía lugar en la iglesia de San Francisco de la capital alavesa con un saldo de cinco muertos y más de 150 heridos de bala.

En todo el Estado hubo acciones de solidaridad organizadas por las organizaciones a la izquierda del PCE, mientras éste último trató de frenar todo lo posible al mismo tiempo que daba un giro en su estrategia de ruptura democrática para llevar adelante la “ruptura pactada”. Es justamente en el momento que surge Vitoria cuando se crea la “Coordinación Democrática” (o Platajunta) como fusión de la “Junta Democrática de España” con la “Plataforma de Convergencia Democrática”. Junto a la Asamblea de Catalunya serán los órganos que reúnen a de la oposición “democrática”.

El 15 de marzo la LCR saldrá a denunciar en su periódico “Combate” la represión y los asesinatos en Vitoria –incluso alertando de los intentos de ruptura pactada- llamando al frente único de todas las organizaciones obreras, por la disolución de los cuerpos represivos y la generalización de las asambleas de trabajadores, la elección de delegados y la formación de un congreso de unidad obrera. [16]

Pero esta política de desarrollar el frente único y la auto organización a una escala estatal –que en términos generales era correcta- ¿qué objetivo tenía contra la dictadura? La LCR en este artículo deja sin resolver esta cuestión fundamental, pero el 29 de marzo en un artículo en Combate se da una primera respuesta. Pactos: con quien y a qué precio. [17]
Allí se critica acertadamente que tras los sucesos de vitoria la salida que pretende darle todos partidos de la platajunta y la burguesía “democrática” era de imponer la ruptura pactada ya que:

“El precio del pacto no es ningún secreto: Aplazamiento de las Elecciones para una Asamblea Constituyente (supeditadas al acuerdo previo con el poder), continuidad de la monarquía, condicionamiento de las reivindicaciones de las masas al margen de maniobra de los gobiernos provisionales de coalición.”

Ante este intento de pacto y desvío del proceso de la lucha de clases por el PCE (al que se acaban subordinando las principales corrientes maoístas), la LCR planteó correctamente que todo lo que supusiera mantener un día más este régimen y no destruirlo hasta el final, significaba el “mantenimiento de los asesinatos, la represión arbitraria, el terror policiaco”. Pero ¿Qué contrapone frente a la ruptura pactada?:

Acabar con el continuismo franquista implica la disolución de los cuerpos represivos, la legalidad inmediata de todos los partidos obreros, la abolición de la monarquía juancarlista y la convocatoria inmediata de Elecciones libres por sufragio universal para la Asamblea Constituyente. Ningún Gobierno Provisional podrá arrogarse el derecho a legislar y gobernar sin que el pueblo se haya expresado previamente en elecciones libre. Esta es la respuesta que oponemos a la crisis del franquismo y ésta la batalla conjunta que oponemos a todas las organizaciones obreras.”

Es decir, se levantan demandas de carácter democrático como la disolución de los cuerpos represivos, la legalización de los partidos obreros o el fin de la monarquía supeditándolas a unas cortes constituyentes resultantes de unas elecciones libres. Pero será justamente en este escenario del gran ascenso obrero de Vitoria que la LCR, que no solo ha “redefinido” su estrategia sino que también “ha permitido replantearnos a fondo la "Huelga General Revolucionaria”, como menciona el mismo documento interno previo al IV congreso. [18] Según ese mismo documento los factores agravados por el marco represivo tras “la situación portuguesa en el Estado español”, los sucesos de Vitoria en marzo del 76´ y “la formación de Coordinación Democrática” hacen revisar “el papel de determinadas consignas democráticas de agitación”, cuestionando el carácter insurreccional de la “Huelga General Revolucionaria”.

De esta manera la LCR no solo dará un giro en la estrategia hacia ruptura democrática, sino que dará otro en el plano del “método”. Es decir cómo imponer el gobierno obrero por una vía de la “Huelga General” insurreccional. Muy sincero es el reconocimiento a este abandono en el libro de la historia de la LCR:

“El gran objetivo de la Huelga General estuvo en la portada de Combate cuando pudo apoyarse en la experiencia de la gran jornada de acción que el 11 de diciembre de 1975 movilizó a miles de antifranquistas en Catalunya, Euskal Herria y Madrid (Doc. 3.20). Pero no se hablaba ya de Huelga General Revolucionaria, sino de Huelga General, por los objetivos fundamentales para vencer al «franquismo sin Franco»: la amnistía, la disolución del aparato represivo, las libertades democráticas, el derecho a la autodeterminación, la autoorganización y el desarrollo de organismos unitarios del movimiento obrero y popular, las reivindicaciones sociales contra el «plan de ajuste», las elecciones constituyentes. No hubo una explicación formal del cambio; puede entenderse como un alejamiento de ideas insurreccionales que estuvieron en el origen de la HGR, para centrarse en objetivos democrático radicales y sociales extraídos de las principales luchas obreras; pero la fórmula de HGR aún siguió utilizándose y la justificación de su abandono no apareció hasta junio de 1976 (Doc. 3.30 y Doc. 3.31) durante la discusión del I Congreso de LCR-ETA (VI) en cuyas resoluciones ya no aparece.” [19]

Así pues a partir de 1976 se deja de plantear la “Huelga General Revolucionaria” (HGR) contra la dictadura, es decir la insurrección obrera contra el franquismo que impusiera un gobierno de trabajadores, para tan solo hablar de “Huelga General”. Separando todas aquellas demandas democráticas del único gobierno real que podía llevarlas adelante, imponiendo por la insurrección la máxima democracia obrera contra la patronal y el fascismo. Así pues, sostienen que en la LCR no “planteamos la salida a la situación ni en términos de Revolución Socialista inmediata, ni como una “democracia apacible” [20], más bien, la consigna de huelga general no tendría un carácter insurreccional, sino que ligaría ésta con “las reivindicaciones democráticas que permitan al movimiento de masas concretar la necesidad de acabar con la monarquía franquista”. Por tanto, a medida que se acelerase la situación prerrevolucionaria, la consigna de gobierno de los trabajadores debía ser re formulada en función de la relación de fuerzas “entre reformistas y revolucionarios” y en función de los “organismos de masas” que reconozcan los trabajadores –sin aclarar si estos órganos eran de carácter obrero o democrático-burgués-. En este contexto los revolucionarios, según Jaime Pastor, no se opondrían frontalmente al gobierno sino que tratarían de abrir un proceso de desbordamiento de la democracia obrera (organismo soviético) a la democracia burguesa.

Así pues, la LCR abandona el carácter insurreccional de la HGR, y desliga las consignas democráticas al objetivo de gobierno obrero. Al mismo tiempo que equipara de forma oportunista el gobierno obrero con el gobierno del PSOE-PCE. Para Jaime Pastor:

“…de lo que se trataba era ser un “izquierdismo razonable y pragmático. Por eso hablábamos de Huelga General Revolucionaria al principio y pensábamos en el modelo ruso siempre, hasta que fuimos chocando con la realidad y fuimos adaptando la táctica. Pero desde luego nunca sin abandonar los principios y compartiendo ese imaginario colectivo rupturista. Lo de “trotskistas” no nos gustaba, éramos marxistas antiestalinistas y por eso estábamos en esa tensión con la relación con los grupos trotskistas que había y al mismo tiempo buscando la confluencia con otras fuerzas.” [21]

Esta posición de la LCR, expresa dos elementos. En primer lugar, el abandono de la huelga general para la vía insurreccional, nada más y nada menos, es el punto de ruptura para dotar a la clase trabajadora de la libertad de acción necesaria para llevar adelante sus demandas mediante la insurrección obrera e instalar un gobierno obrero. Esta discusión ya es vieja, sino recordemos como Rosa Luxemburgo criticaba a Kautsky por querer limitar la táctica de la huelga de masas a una simple huelga pacífica organizada por la socialdemocracia y los sindicatos para exigir algunas demandas al gobierno. Criticándole que había abandonado la perspectiva del enfrentamiento al parlamentarismo.

El abandono de la huelga insurreccional, que no la volveremos a encontrar en ningún escrito público de la LCR, es liquidar la idea de que la clase obrera pueda ejercer el derecho a la insurrección para constituir su propio gobierno anticapitalista contra el franquismo. Es decir, disponer de la libertad de acción necesaria para articular las posiciones estratégicas de que dispone la clase obrera para imponer el poder de los consejos obreros, como organismos de frente único de masas. El mejor método para articular todas las fuerzas agrupadas por la clase obrera para imponer su propio gobierno.

En segundo lugar, la LCR no abandona la consigna de huelga general, o en otro grado, la huelga general política. Pero al borrar la hipótesis de la conquista del poder ligado a la huelga general se rompe su ligazón. Es decir, la “huelga general insurreccional” precisamente hace el nexo entre la huelga general política y el problema de la insurrección. La huelga general política puede abrir una situación revolucionaria pero no significa la insurrección misma. Necesita articularse con la idea gobierno obrero revolucionario.

Por el contrario, en la LCR el concepto de huelga está subordinado a la idea de un gobierno provisional que implante una república. Y sucesivamente, la consigna de gobierno obrero queda relegada, de forma indefinida, al momento en que las masas tengan conciencia. La movilización, la coordinación, y el frente único de masas (que su consecución lógica es el gobierno del frente único obrero) acaban subordinados al programa democrático radical.

Ruptura con el partido leninista de vanguardia

El giro hacia la ruptura democrática, la revisión de la táctica de gobierno obrero y el abandono de la huelga general insurreccional, como método para imponer el gobierno revolucionario, tendrá inevitables consecuencias en la concepción de partido.

En la concepción leninista venía a expresar que el partido revolucionario agrupaba a los sectores de vanguardia de la clase obrera que habían llegado a sacar lecciones revolucionarias y que se proponían dirigir a fracciones de la clase obrera junto a los futuros soviets para llevar adelante la insurrección obrera y socialista. Lejos de las deformaciones estalinistas que consideraban que había que crear un partido único de masas de toda la clase obrera bajo la dictadura de partido único de Stalin, Lenin explicó precisamente todo lo contrario. Ya que para él no podía confundirse al Partido, como destacamento de vanguardia de una fracción de la clase obrera bajo una sólida estrategia común, con el conjunto de toda ella que era diversa y heterogénea. Para ello era necesario la combinación de partido -como organización política que sacara las lecciones estratégicas para acompañar a la clase obrera hacia la toma del poder- con la más amplia democracia obrera bajo los soviets donde cada corriente política revolucionaria se expresara libremente.

Ahora bien, si para el bolchevismo la vanguardia eran aquellos destacamentos obreros que actuaban como “Tribunos del Pueblo” en cada empresa, barrio y centro de estudio para explicar la necesidad de la tomar del poder e imponer la dictadura del proletariado, la LCR y el mandelismo comenzaron un proceso de ampliación del concepto de vanguardia incluyendo, como “revolucionarios”, a corrientes del estalinismo, maoístas, guerrilleristas, nacionalistas y sectores de la pequeño burguesía. Baja esta concepción mediante la movilización “desbordarían” a las direcciones reformistas (PC y PS) y les obligarían a conformar un gobierno provisional. Esta concepción de las “nuevas vanguardias” se irá reflejando, aunque de momento de forma sutil, en el documento anteriormente citado del congreso del verano del 76 (“Construir un partido comunista revolucionario”). Donde se plantea que este partido se podría formar con otros partidos de otras tradiciones no trotskistas, pero sin aclarar bajo qué método, programa y estrategia.

En las elecciones del 15 de junio de 1977 la LCR prosigue su giro y propone “Candidaturas Obreras Únicas”, es decir un frente político amplio con el PSOE, PCE y de todas las organizaciones de la izquierda, incluyendo a los maoístas, que compartieran un programa de ruptura democrática para conformar una mayoría parlamentaria que permitiera un “Gobierno de Unidad Revolucionaria” con el PSOE y el PCE, como se había planteado en Portugal. Ante la imposibilidad de un frente con el PCE y el PSOE, la LCR acabará formando un frente más reducido con el mismo programa de ruptura democrático, el Frente de Unidad de los Trabajadores (FUT) con Acción Comunista (AC), la Organización de Izquierda Comunista (OIC) y el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) obteniendo 41208 votos (0,22 %). [22] El paulatino giro de la LCR sobre su concepción de partido y de frente electoral fue una consecuencia de su giro estratégico. El problema estratégico de la corriente trotskista del mandelismo que se funda en los 70 es que lo hace sin partir del legado de la revolución española. Su “redefinición” de la permanente, su adaptación a la ruptura democrática y su reivindicación del tipo de partido como fue el POUM (como harán más abiertamente en los 90´) iban en dirección contraria a las lecciones planteadas por León Trotsky durante la revolución española donde tiene arduas polémicas con Andreu Nin del POUM por su adaptación al frente popular, sobre el tipo de partido o sobre la negativa de Nin a desarrollar soviet en el Estado español durante la revolución, entre otras discusiones valiosas.

En el VI congreso de enero de 1981 se da un nuevo salto. Se reafirma la lucha por “un gobierno de izquierdas” que “solo podrá vencer a la derecha si se configura como un Gobierno de los Trabajadores” (“Historia de la LCR”, 120). Al mismo tiempo que se incorpora una resolución a favor de la nacionalidad andaluza y el derecho “a un parlamento Andaluz Soberano como expresión del derecho a un autogobierno” (“Historia de la LCR”, 121). Pero la “novedad” política será la de “construir un partido de los revolucionarios”, abandonando la búsqueda de la “unidad de los trotskistas” para buscar la conformación de un partido común con sectores del estalinismo y maoísmo.

La unificación con partidos bajo un programa y estrategia de ruptura democrática fue la línea partidaria principal que se intentó a lo largo de la década de los 80. Por un lado, esta lógica se fue expresando electoralmente en dos planos. En abril de 1981 donde la LCR y el Movimiento Comunista (partido maoísta surgido en 1972) junto a la Esquerra Independent de Castelló (EIC) y los Nacionalistes Independents (NI-PV) formaron la “Equerra Unida del Pais Valencia”. En octubre el MC de Galicia y la LCR se presentarán juntos a las elecciones gallegas. Al mismo tiempo proseguía la adaptación a las presiones de la democracia burguesa, como el llamado de la LCR al “voto útil” al PSOE en las elecciones de 1982. Por otro lado, se perseguía un partido ya no de tipo leninista sino más amplio bajo una estrategia de ruptura democrática. Tal como se materializó con la fusión totalmente oportunista con el partido maoísta “Movimiento Comunista” en 1990 que terminará en un absoluto fracaso coincidiendo con la crisis de la URSS. Manolo Garí, coautor del libro “Historia de la LCR”, plantea en la misma charla de presentación que cuando se lanzaron a intentar construir el partido de los revolucionarios “nos poníamos de acuerdo en las tareas y en las cuestiones democráticas, no poníamos por delante la ideología”, ya que como a Jaime Pastor “tampoco me ha gustado nunca lo de trotskista”.

El proceso de fusión tuvo lugar el 1, 2 y 3 de noviembre de 1991 disolviéndose la histórica LCR y dando paso a la organización “Izquierda Alternativa”. La nueva organización no pertenecería al Secretario Unificado de la IV Internacional de Mandel, ya que fue una de las condiciones del acuerdo, ni se permitiría la adhesión individual. La nueva organización no tardaría en estallar y en el verano de 1993 quedó evidenciado. El predecible fracaso no provocó la reconstrucción de la LCR bajo un profundo balance crítico de su proceso de adaptación a las corrientes reformistas, sino que se continuó. El sector mandelista decidió integrarse en Izquierda Unida con el Partido Comunista constituyendo en 1996 una corriente interna, Espacio Alternativo, hasta su ruptura. En su paso por IU no fue más que una de las corrientes integradas en los distintos equipos de dirección, ni siquiera representar una oposición de izquierda. La historia posterior es más bien conocida, Izquierda Anticapitalista, que representa un relativo zag a izquierda en medio de la crisis de 2008 y previo a la crisis de representación de IU, una ruptura sin un balance de su paso por IU. Tras su ruptura, impulsarán la creación de Podemos en 2014 un partido de convivencia plena con los sectores reformistas e Izquierda Unida que acabará integrándose en el gobierno con el PSOE, aunque Anticapitalistas planteará la vía “portuguesa”, es decir apoyar desde el parlamento al PSOE.

Si los grupos como la LCR española hubieran levantado un programa de ruptura revolucionaria, no estaba asegurado que hubieran podido desarmar la ruptura pactada que el PCE llevó adelante, pero, podrían haber forjado una vanguardia obrera y juvenil bajo una perspectiva de independencia de clase y revolucionaria. Dejaron abierta la posibilidad (la falsa ilusión) de que mediante el emplazamiento a partidos como el PSOE y el PCE (con estrategias de conciliación de clases) era posible hacer un “gobierno de trabajadores” y avanzar hacia el socialismo. Contrariamente a generar esas falsas ilusiones, de lo que se trata es de formar partidos que se propongan forjar a la vanguardia en la más absoluta independencia y desconfianza de los “dirigentes corrompidos” reformistas y burgueses. Explicando incansablemente que todas las demandas tienen que ligarse a la necesidad de la huelga general insurreccional para imponer un verdadero gobierno de la clase trabajadora.

El devenir posterior de estos grupos, con políticas de largo aliento dentro de Izquierda Unida-PCE y posteriormente Podemos, solo hizo acelerar su adaptación a los sectores neorreformistas. Más aún cuando dieron su apoyo a los “gobiernos de izquierdas”: como hicieron con el gobierno de Syriza en Grecia (quien aplicó los ajustes de la troika); proponiendo desde el Bloco de Esquerda (formación creada por los mandelistas y un sector del maoísmo) apoyar y sostener desde el parlamente al Partido Socialista en Portugal; o impulsando Podemos y proponiendo la formula portuguesa para investir al PSOE frente a las derechas.

Hoy más que nunca sacar las lecciones de la revolución portuguesa y de la transición española para pensar qué estrategia para qué partido sigue siendo de gran importancia para la actualidad frente a futuros procesos revolucionarios.

 
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