La titular del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, Vanina Merlo, suspendió la implementación del polémico protocolo (Resolución 19/23) que delegaba funciones de las Defensorías de niños, niñas y adolescentes en el Ministerio de Desarrollo Social a partir de las 14 horas. El Foro en defensa de la 2302 y trabajadoras del área de Salud, Desarrollo Social y Educación alertaron inmediatamente sobre la vulneración del derecho de las infancias y adolescencias a ser escuchados en el ámbito de la justicia.
La justicia neuquina tuvo que darle la razón a quienes advirtieron desde un primer momento sobre las consecuencias de la implementación del nuevo protocolo. La nueva resolución, que lleva el número 47, explica que terminó siendo “un obstáculo" para la implementación de Protocolos Provinciales para intervenir ante situaciones de abusos y violencias contra las infancias y adolescencias”.
En los fundamentos hacen referencia a dos protocolos, elaborados en mesas de trabajo interinstitucional e interministerial, que no podían ser aprobados por el Tribunal Superior de Justicia porque la Resolución 19 contradecía los procedimientos sugeridos éstos. Son el “Protocolo Provincial de Intervencion en Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes”, y el “Protocolo de Alerta R-144”, específico para casos de abuso sexual donde la acusación recae en personal docente y no docente de las distintas instituciones educativas.
Siete meses de debates y lucha en defensa de la Ley 2302
Fueron siete meses de debates y resistencia a una resolución que claramente atacaba el espíritu de la Ley Provincial N°2302 y vulneraba los derechos de las infancias y adolescencias en particular, en su acceso a la justicia.
En la historia de luchas en defensa de Ley 2302, que lleva más de 20 años, fue la primera vez que la amenaza venía del lado “amigo". Las Defensorías fueron las que elaboraron el protocolo y públicamente defendieron la resolución que lo aprobaba.
Lamentablemente, si los equipos interdisciplinarios, administrativos o el gremio judicial SEJUN tenían una posición contraria o alternativa, no se dio a conocer públicamente. Por el contrario, durante los meses de deliberaciones hubo una postura corporativa del conjunto de las Defensorías que no cuestionaron el modo unilateral e inconsulto con el que se intentaba implementar un protocolo que lejos de ser una “cuestión de ordenamiento interno”, impactaba negativamente no sólo la atención a niñas, niños y adolescentes, sino también en el trabajo del resto de los dispositivos e instituciones que atienden las situaciones de urgencia.
"Les falta leer mejor la ley" o "están interpretando mal la resolución", eran algunos de los argumentos que daban desde las Defensorías. Lo llamativo es que quienes encabezaron el reclamo por la derogación de la Resolución 19 fue el Foro en defensa de la Ley 2302, cuyas integrantes elaboraron y defendieron esa ley durante 20 años.
Hoy se demuestra que quienes querían forzar una lectura errada de la ley 2302 eran las Defensorías, planteando que el Ministerio de Desarrollo Social, era órgano de aplicación de la ley, en los términos de la Ley Nacional 26.061, donde no existe la figura de las Defensorías.
La organización colectiva no se hizo esperar. La tradición y la experiencia acumulada del Foro en defensa de la ley 2302 se entretejieron con la de los actuales equipos de atención de Salud Pública y del Ministerio de Desarrollo Social, sindicatos como ATEN Capital y Provincial, las organizaciones políticas, sociales y estudiantiles. Entre todos se comenzó a dar a conocer lo regresivo de la Resolución 19. Y se expresó en las calles en una masiva movilización en defensa de la 2302, el derecho a la salud y la educación.
Las infancias necesitan más, no menos
Simultáneamente a la aparición de la Resolución N° 19 se podía ver en los diarios esos días, las protestas de trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social denunciando el estado de total abandono de la población asistida. Malas condiciones de trabajo que llevaban a cerrar centros y dispositivos. Precarización laboral, listas de espera de familias para ser atendidas en los centros de Fortalecimiento Familiar, entre otras denuncias y demandas que hasta la fecha siguen sin ser atendidas adecuadamente.
¿A quién se le podía ocurrir que ese ministerio pudiera garantizar la atención de situaciones de emergencia con dispositivos vaciados?¿Era la mejor respuesta posible para brindar a las infancias y adolescencias cuando cotidianamente se agudizan sus condiciones de vida?
En Neuquén la indigencia creció del 4,3 al 6,8% y la pobreza es del 34,4 %. En el conglomerado Neuquén-Plottier, 21.599 personas apenas pueden alimentarse todos los días porque viven en la indigencia, mientras 109.337 viven por debajo de la línea de pobreza.
Por si el dato de pobreza no fuera suficiente, Unicef publicó a principios de este año un informe que demostraba que en Argentina 500.000 pibas y pibes de 12 a 17 años no asisten a la escuela, en el 59% de los hogares de nuestro país se utilizan métodos violentos de disciplina reconociendo que el maltrato y abuso atraviesa todos los estratos sociales y tiene un impacto que se intensifica y agrava sobre todo en la infancia. Si aumenta la pobreza sabemos que lo hace también el estrés, el malestar emocional, las violencias de todo tipo.
Es urgente contar con equipos interdisciplinarios fuertes en Salud, en las escuelas, en Desarrollo Social y en la Justicia
Si la realidad demuestra algo, es que las infancias necesitan más, no menos. Y que para hacer frente a esta realidad es necesario, entre tantas otras cosas, contar de manera urgente con equipos interdisciplinarios fuertes en Salud, en las escuelas, en Desarrollo Social y en la Justicia.
Se suspendió la resolución, sigue la pelea por presupuesto para que se cumpla la Ley 2302
El mérito que tuvo esta pelea fue la de haber logrado poner en agenda una expresión del impacto de la crisis actual en la vida de las infancias, tarea difícil en meses de enorme convulsión política y social.
La Resolución N° 19 fue suspendida (no derogada), porque terminó siendo un obstáculo para proteger a las infancias, reconocido tardíamente por la Defensoría General.
Desde el Foro en defensa de la 2302 y los dispositivos de Salud, el 102, la línea 148, se propuso fortalecer las Defensorías y a los dispositivos que forman parte del Sistema de Protección de derechos de niños niñas y adolescentes.
Para esto, es necesario mantener los mismos niveles de alerta y reclamo por la derogación definitiva de la resolución y mayor presupuesto para las infancias y adolescencias, para que se pueda implementar integralmente la ley 2302.
Otro elemento importante que se puede extraer de todo lo que sucedió es la noción de co responsabilidad que mal entendida (o entendida con malicia) argumenta que todos los integrantes de la sociedad tenemos la misma responsabilidad de efectivizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que entendieron las Defensorías y por eso pensaron derivar sus funciones a un ministerio vaciado.
Hay que articular acciones de lucha que a la vez alojan, cuidan, reparan y permiten encontrar las mejores salidas colectivas
Pero para quienes entienden que el Estado es el primer responsable de garantizar los Derechos de todos y todas y de hacer cumplir la Ley 2302 y todos los derechos de las infancias y adolescencias, se impone continuar reclamando y organizándose con otros y otras. Hay que articular acciones de lucha que a la vez alojan, cuidan, reparan y permiten encontrar las mejores salidas colectivas | 
