Este año se cumplen 30 años de la modificación del Código Minero (Ley 1919) por la Ley de Inversiones Extranjeras, que implicó cambios cualitativos en la actividad minera, introduciendo la megaminería a cielo abierto como forma de extracción principal.
En este artículo, analizaremos las consecuencias de las políticas del menemismo y haremos un breve repaso por las luchas contra la megaminería en todo el país. Un código que, a grosso modo, sigue vigente en la actualidad y será responsabilidad del gobierno que viene prorrogar o, a través de la movilización popular, cambiar el modelo extractivo en relación a nuestros recursos del suelo.
Un poco de contexto
Durante los años ‘50 y ‘60, hubo un retroceso de la minería subterránea como forma de extracción de minerales. Esto se debió a la explotación indiscriminada de recursos finitos, que no vuelven a producirse si no es por millones de años de modificación geológica. Con el progresivo agotamiento de las minas, los minerales fueron encontrándose mucho más dispersos entre sí pero más cercanos a la superficie terrestre. Esto requería nuevos métodos de producción y extracción. Con el avance de la industria química y petroquímica, comenzó a volverse muy común el mecanismo de lixiviación: la utilización de sustancias tóxicas como el cianuro o el sulfato de sodio para separar la roca del mineral. Los desarrollos tecnológicos implicaron cambios cualitativos en la actividad minera. Con la actividad satelital, fue más sencillo realizar la fase de exploración para saber si el suelo era rico en minerales y cuál era su dispersión sobre la superficie. Una vez instalada la mina, se dinamita el suelo terrestre. Se utilizan grandes máquinas que recogen el suelo donde están los minerales y se colocan las rocas mineralizadas en inmensos camiones. Se colocan entonces en unos piletones gigantes dónde actúa la “sopa química”: agua mezclada con ingredientes tóxicos para el proceso de lixiviación.
Otro elemento central del desarrollo de la megaminería en nuestro país tiene que ver con la desregulación de la política en los países dependientes producto de los gobiernos neoliberales. Los mismos profundizaron los lazos con el Imperialismo a través de las deudas externas y de una extranjerización y reprimarización de la economía.
“Tales políticas de desregulación y apertura habrían de potenciar fundamentalmente a dos sectores de la economía que paulatinamente se transformaron en hegemónicos: el sector financiero, por una parte, y los sectores primario exportadores, en particular el agronegocio sojero, por la otra. También se establecieron las bases para el desarrollo de la minería “a cielo abierto” (...) En toda América latina se establecieron regímenes especiales y leyes que favorecieron al modelo extractivo y la reprimarización de las economías impulsadas de la mano de grandes empresas transnacionales que lograron dominar sectores clave de las economías nacionales.” [1]
Con la Ley de Inversiones Extranjeras, qué modificó el código minero (Ley 1919) de 1852, capitales provenientes de Canadá, Estados Unidos y posteriormente China, trajeron los desarrollos tecnológicos que habilitaron esta actividad. Esto se encuentra posibilitado porque el Código Minero prohíbe que el Estado Nacional haga usufructo de los recursos del subsuelo. A su vez, la transferencia de estos recursos a las provincias en la reforma constitucional de 1994 (Art. 124), genera una mayor capacidad de influencia de estas empresas, atomizando la negociación de las condiciones de explotación de cada una de las provincias involucradas: esto le da mayor poder de lobby a las grandes multinacionales.
Crecimiento y desarrollo…¿De la mano de multinacionales mineras?
La nueva ley de Inversiones extranjeras, sancionada en 1993, estipulaba las condiciones económicas para aquellas empresas que quisieran realizar explotación de recursos minerales. Esta ley determinaba, por ejemplo, la estabilidad fiscal mientras dure el proyecto en el país y por 30 años. Esto implicaba básicamente que se mantenían las condiciones fiscales beneficiosas de esta época, sin tener en consideración ningún impuesto adicional que pudiera legislarse a posteriori. Otro de los beneficios presentes es la devolución del IVA en todos los productos nacionales adquiridos por la empresa. Es decir, una persona que va al supermercado paga más IVA que una megaminera. Por otra parte, se les realiza el reintegro de tasas aduaneras a los bienes de capital importados, y se les realizan los reintegros de otras importaciones, por lo que lo que pagan de ganancias es realmente poco.
Otro beneficio fue el otorgamiento gratuito de todas las cartas geológicas del país, lo cual facilitaba el proceso de exploración. El esfuerzo nacional de investigación termina subsidiando los trabajos de investigación que deberían hacer las propias mineras.
Los beneficios que terminan quedando para el país son ridículamente bajos: las mineras pagan regalías del 3% de los minerales extraídos (algunos, incluso, están eximidos de dicho gravamen) a partir de una simple declaración jurada elaborada por la misma empresa. Tomemos en consideración este planteo: de la facturación, sólo poseen un 3% de gravamen: 1% para el Estado Nacional y 2% para el Estado provincial. A su vez, la declaración la hace la propia empresa de la boca de mina. Esto quiere decir que se entregan las regalías según declaración Jurada -sin ningún tipo de control del Estado-, y no por el precio de venta del metálico, sino por la extracción, que suele ser mucho menor. De hecho, hay denuncias públicas sobre este subreporte: las empresas megamineras Livent (Estados Unidos) y Allkem (Australia) “(...) hacen uso de lo que se denomina precios de transferencia, es decir, acuerdan con empresas que pertenecen al mismo entramado empresarial para realizar ventas al exterior con precios menores a los rigen en el mercado” [2] En un informe especial realizado por Gastón Remy, diputado provincial del Frente de Izquierda Unidad, en la Izquierda Diario, se verificó que, mientras hay empresas que declaran vender el mineral por $53.000 USD, la Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Nación informaba que el precio era de $65.574 USD.
Por último, cabe mencionar que poseen un régimen especial de ganancias, donde según el Artículo 12 de la Ley de Inversiones Extranjeras, pueden
“deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el ciento por ciento (100%) de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, estudios especiales, ensayos mineralúrgicos, de planta piloto, de investigación aplicada, y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad técnico-económico de los mismos.” [3]
Si tomamos el período de 2020 y 2021, de las 15 empresas mineras que reportaron información, solo 3 pagaron impuesto a las ganancias en 2020 y solo 4 el año siguiente.
Por otra parte, los gobiernos tanto nacionales como provinciales sostienen que la megaminería es el principal eje para lograr el desarrollo y crecimiento de nuestro país. A su vez, al ser territorios áridos (donde no se cosecha soja, en realidad), se da por sentado que es la única actividad productiva que podría desarrollarse. Durante muchos años, las propagandas estatales han incluido discursos presentando un sinfín de beneficios que traen las empresas mineras. Sin embargo, la realidad es casi la opuesta. La actividad minera no produce un porcentaje elevado del PBI, tan solo representaba el 4,5% en 2019 [4].
Es importante resaltar que la mayor parte de la producción metalífera no va para la producción y el consumo de bienes materiales, sino que es almacenado en bóvedas de países expoliadores y utilizados como reserva de valor, como el oro y la plata. Es decir, tiene meramente un uso financiero que ni siquiera le corresponde a nuestro país.
El resultado es un aporte a un modelo económico que apuesta a la reprimarización de la economía, es decir, que sostiene que el país debe dedicarse a la producción de commodities sin desarrollar productos de mayor valor agregado, que implicaría un mayor crecimiento del país. Sostiene un sistema impositivo de aporte casi nulo de estas empresas multinacionales, que expolian nuestros recursos y no realizan ningún aporte significativo a la economía. Además, los megaemprendimientos tienen una vida útil. Luego de que se cierran, no hay forma de recuperar ambientalmente o económicamente esos espacios para algún tipo de producción distinta, transformándose en “lugares de sacrificio” en beneficio de las empresas y sin ningún tipo de consulta democrática con los pobladores.
Este proyecto extractivista tuvo amplio consenso entre las fuerzas que disputaron la elección presidencial en Octubre. Ni libertarios, ni peronistas, ni radicales, ni macristas cuestionan el modelo de acumulación que tiene como uno de los principales actores sociales a las empresas mineras. Consideran que tienen un rol fundamental: conseguir dólares para pagarle al FMI. La única excepción fue Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, que denunció la actividad megaminera y la importancia de la lucha en defensa del agua
Los pasivos ambientales: ¿Es sustentable la megaminería a cielo abierto?
Una pregunta razonable sobre los proyectos megamineros es si acaso pueden ser ambientalmente viables, teniendo en consideración que muchos de los minerales extraídos tienen valor dentro del capitalismo.
El proyecto megaminero posee varias fases dentro de la producción y cada una de ellas tiene consecuencias ambientales. Salinas y Hernández (2014) listan las problemáticas ambientales asociadas a cada una. La fase de exploración, ya de por sí, implica transformaciones en el ambiente, ya que en muchos casos se avanza con procesos de deforestación, por ejemplo.
En la fase de explotación, donde se dinamita el suelo, se modifica el entorno, con afectaciones a la flora y la fauna. Se destruyen millones de años de formaciones geológicas y del suelo que jamás podrán ser recuperados. La contaminación del aire y la contaminación auditiva son parte de este proceso. El transporte en grandes camiones destruye el suelo, apelmazándolo, dañándolo, lo que implicará que el agua tarde en infiltrar y que las pocas precipitaciones terminen en inundaciones.
En la fase de lixiviación la utilización de estas sustancias genera la utilización de miles de litros de agua en zonas que, en general, son áridas y la población depende mucho de ellas. La misma se mezcla con sustancias tóxicas como el cianuro o el mercurio, que son altamente contaminantes. Luego de la separación del mineral de la roca, esta "sopa química" es almacenada en diques de cola: grandes piletones de cemento dentro de las minas. El problema es que en muchos casos, producto del desgaste, se terminan quebrando, generando una enorme contaminación de las tierras y los ríos. Una situación similar ocurrió, por ejemplo, varias veces en el pueblo de Veladero, San Juan, donde se produjeron varios derrames en el río, implicando que la población no pudiera hacer uso de este recurso. En 2015 se produjo uno de los mayores derrames contaminantes de la historia: millones de litros de solución cianurada y mercurio terminaron contaminando al menos a cinco ríos (Jáchal, Blanco, Potrerillos, Palca y Las Taguas) con afectación en sus cauces.
En todo este proceso, el Estado no realiza ningún control. Las empresas llenan declaraciones juradas sobre el impacto ambiental y esa es toda la regulación en materia de análisis y control ambiental que existe.
El resultado de la producción minera es un alto pasivo ambiental. Se denomina así a todos los daños ambientales, materiales extraídos y sectores abandonados que quedan invisibilizados en los patrimonios de las empresas y que terminan siendo altamente perjudiciales para la población que es quien lo sufre. La megaminería implica una “amputación” sobre el ambiente [5] que, por su intensidad y volumen de producción, afecta grandes porciones del territorio, contamina directa e indirectamente a una gran parte de la población y degrada nuestra calidad de vida.
Las luchas contra la megaminería
En 7 provincias argentinas, la megaminería con el uso del cianuro está prohibida: San Luis, Mendoza, Chubut, Tucumán, La Pampa, Córdoba y Tierra del Fuego. Esto no es por bondad de ningún gobierno. Las poblaciones fueron organizándose en la medida en que comenzaba a quedar en claro que la actividad minera no solo no producía desarrollo, sino que implicaban daños ambientales enormes. La primera actividad minera a gran escala se desarrolló en Catamarca en 1997. Ya para el 2003 comenzó un ciclo de protestas en las ciudades de estas provincias que se trasladó a San Juan. Los pobladores se organizaron principalmente en asambleas populares contra los megaemprendimientos mineros. Esta organización, de ámbito local, permitió la presión municipal de desarrollar ordenanzas prohibitivas. Éstas fueron multiplicándose, y frente a la perspectiva de un aumento de conflictividad, las provincias no tuvieron más remedio que sancionar prohibiciones provinciales. En Mendozase impulsó la Ley 7722 que prohíbe la utilización de sustancias químicas para la actividad minera.
Christel (2020) sostiene que parte de la prohibición fueron los métodos de lucha de los pobladores locales: “Las asambleas fueron actores centrales y la acción directa fue tanto prioridad estratégica de los actores como resultado de la ausencia de acceso regular a las instituciones.” [6] El peso de los bloqueos y las acciones directas sostenidas en el tiempo, fue lo que posibilitó el vuelco hacia la prohibición en Mendoza y Córdoba, algo que fue mucho más difícil de sostener y decayó en el tiempo, en San Juan y Catamarca. De la misma manera, cuando en Chubut el gobernador peronista Arcioni y la legislatura provincial aprobaron la zonificación minera en 2021, la población se levantó, realizando cortes de ruta y enormes movilizaciones que fueron reprimidas. Lo novedoso y decisivo fue el paro de trabajadores portuarios, marítimos y navales. Además, se sumaron los trabajadores del Sindicato de Alimentación. Las movilizaciones masivas llevaron a que, una semana después, el gobernador tuviera que mandar la derogación de la zonificación minera.
Un gran precedente de esto fue la lucha del pueblo de Esquel contra la empresa Meridian Gold/Minera “El desquite”, de capitales canadienses y estadounidenses qué querían comenzar con las explotaciones de oro en Chubut. La empresa minera realizó importantes campañas sobre los beneficios de este emprendimiento, acompañados por la Cámara de Comercio, los distintos estados provinciales (liderado por e intendentes locales). En 2002 comenzaron a reunirse los vecinos con grupos ambientalistas y se desarrolló la Asamblea de Vecinos Autoconvocados y el Movimiento conocido como "No a la mina". Las movilizaciones se hicieron cada vez mayores y el conflicto llegó a tomar relevancia nacional por la cercanía del emprendimiento megaminero con Esquel (a solo 7 km en línea recta). Luego de enormes cortes de ruta y movilizaciones, lograron arrancarle al gobierno provincial un plebiscito vinculante. La respuesta de la población fue rotunda: en marzo del 2003 el 81% de la población sostuvo el NO a la mina.
Otro hecho fundamental fue la imposición de la Ley de Glaciares en 2010, qué impedía realizar emprendimientos megamineros en zonas glaciarias. Además, se promovía un inventario de los mismos para evitar cualquier incumplimiento por parte de las empresas. En 2008 se había presentado la misma legislación pero había sido vetada por la presidenta de aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner. Esta ley fue importante principalmente en Mendoza, y su población realizó importantes manifestaciones para que se aprobara. En este mismo sentido, en 2019, justo después del triunfo de Alberto Fernández, el gobernador de la UCR Ricardo Suárez, junto con la bancada del Frente de Todos dirigida por Anabel Sagasti, intentó realizar una derogación de la prohibición de sustancias químicas en la industria minera (Ley 7722) y se generó una de las movilizaciones más masivas de la provincia para evitarlo, lo cual fue un triunfodel pueblo trabajador sobre los intereses de las multinacionales y el Estado aliado a ellas.
Estos procesos son demostraciones cabales de que la organización y la lucha son indispensables para frenar la actividad megaminera y que es posible hacerle frente a las empresas multinacionales. Cuanto más se nacionalicen los conflictos y se apele a la acción directa, habrá mayores posibilidades de triunfo. No podemos dejar de mencionar que las militancia y las bancas del Frente de Izquierda han jugado y seguirán jugando un rol importante en defender el ambiente y denunciar los pactos entre peronistas y radicales con las multinacionales, como ha hecho el senador provincial Lautaro Jiménez en Mendoza.
Conclusiones
La Megaminería ha demostrado suficientemente que se incorpora dentro de la matriz extractivista de nuestro país. Según Gudynas,
“En el caso del extractivismo, la conceptualización es acotada a la extracción intensa o de grandes volúmenes de recursos naturales, que en su mayor parte son exportados sin procesar o con un procesamiento escaso. Es, por lo tanto, un abordaje que pone el acento en el tipo de interacciones con el ambiente, su territorialización y su orientación económica.” [7]
Sostiene además que se encuentra vinculado a un modelo de desarrollo de país. Esto implica, por un lado, seguir sosteniendo un modelo de desarrollo de primarización de la economía. Es decir, sostener un modelo en el cual Argentina sea principalmente productora de materias primas, con todos los problemas a la economía que eso confiere: la dependencia externa de los precios de los mercados mundiales, cómo afecta el clima o los terrenos a la producción.
Por otra parte, la actividad megaminera está abiertamente pensada para que empresas multinacionales de grandes potencias imperialistas inviertan en nuestro país, fomentando la injerencia y el poder de estas potencias en la economía argentina, que bien es conocida su capacidad de lobby entre el poder político -independiente del signo que fuere-. Esta actividad fue concebida en medio de la década neoliberal que vivió Argentina, donde el modelo de crecimiento venía de la mano de inversiones extranjeras. Este modelo persiste hasta la actualidad y nada de su matriz fue cuestionada por los gobiernos nacionales ni provinciales. Las poblaciones locales son las que vienen organizándose y resistiendo contra la intención de avanzar en nuevos proyectos megamineros de parte de gobiernos y multinacionales. Como mostró el caso de Chubut en 2021, la intervención del movimiento obrero, parando la producción, implicó un riesgo importante a la economía provincial, permitiendo el triunfo del movimiento ambiental. Es por ello que, mientras las grandes empresas y burocracias de todo tipo quieren dividir estos movimientos, se vuelve fundamental unirlos.
¿Debe el Estado encargarse entonces de los proyectos megamineros para apropiarse de un mayor porcentaje de la riqueza? El problema de esta perspectiva es el alto daño ambiental y social que genera en las poblaciones. Como sostienen Sanchez Salinas y Ortiz Hernandez, esta actividad es inviable si se busca producir sin afectar la calidad de vida de las personas y su acceso a los derechos ambientales, como también el cuidado del ambiente. A fin de cuentas, no deberíamos naturalizar la lógica de la obtención de ganancias por encima de la calidad de vida de las poblaciones.
Sin embargo, esto no implica abandonar la minería como actividad, sino prohibirla para fines financieros y realizarlo priorizando el bienestar de las comunidades y de los trabajadores. Para ello es necesario desarrollar solo algunos proyectos mineros, con controles de las poblaciones, producidos por los trabajadores, que son quienes conocen las necesidades de sus localidades y no en manos de privados, que se apropian de la ganancia cuando hay un proyecto rentable e intentan socializar las pérdidas. Se tienen que hacer comisiones de expertos que determinen el cuidado del ambiente, dinero y científicos para la exploración científica que permita analizar cómo dañar lo menos posible o hacer aprovechamiento de recursos.
En estas localidades hay que desarrollar industrias, medios de transporte como ferrocarriles para abastecer a la población nacional, universidades donde se pueda efectivamente poner el conocimiento y el desarrollo en pos del pueblo trabajador.
Otra bibliografía consultada:
Cacace, G. & Morina, J. (2013). Geografías regionales y extractivismo en la Argentina de los Bicentenarios. Luján. Universidad Nacional de Luján, 2013.
Musacchio, S. (2013). EL MOVIMIENTO DEL NO A LA MINA EN ESQUEL. 2002-2012, CAMBIOS Y PERMANENCIAS. "Un movimiento político-social que transversaliza las lógicas políticas. r. XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Recuperado a partir de: https://cdsa.aacademica.org/000-010/921.pdf
Sánchez Salinas, E., & Ortiz Hernández, M. L. (2021). Escenarios ambientales y sociales de la minería a cielo abierto. Inventio, 10(20), 27–34. Recuperado a partir de http://inventio.uaem.mx/index.php/inventio/article/view/323
Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. Buenos Aires. UNSAM.
Svampa, M.; Antonelli, M (2009). Hacia una discusión sobre la megaminería a cielo abierto. EN: M. Svampa y M. Antonelli (Eds.). Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires : Biblos. pp. 15-27. (Sociedad). En Memoria Académica. Recuperado a partir: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.4008/pm.4008.pdf |
