En todo el país, el plan de Emergencia Habitacional muestra un estado muy distinto en las regiones. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo menciona que en términos promedios hay un 30,6% de avance a nivel nacional el cual corresponde a 79 mil viviendas de un total de 260 mil que fueron fijadas para estos 4 años. Pero estos números son muy dispares en la Macrozona Norte, que solo ha avanzado en 5.752 viviendas terminadas, quedando más de 35 mil viviendas para estos últimos dos años.

El informe de septiembre del Minvu muestra las diferencias significativas que existen a comparación de otras regiones, en términos de avance. Si desglosamos esta información el avance en Antofagasta es de un 7%, Tarapacá un 8%, Arica y Parinacota un 23% y Atacama un 27%.

¿Qué dicen desde el gobierno?

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo plantean que para llevar adelante sus planes deben enfrentar algunos obstáculos, mencionan que “Las regiones del extremo norte presentan un desafío importante. Son territorios en los que construir es difícil, con costos sumamente altos por una baja oferta y diversidad de empresas constructoras, precios altos de los materiales, producto en parte por la actividad minera, que empuja su alza”. Para la directora de Inmobiliaria Social de Techo-Chile, Barbara Callejas, dice que “Es necesario que se vuelva a revisar la distribución de las metas a nivel nacional para que dialoguen con el contexto del déficit habitacional que presenta el país”.

Los planteamientos que surgen desde las autoridades para dar una explicación a esta situación solo dejan con más dudas las posibilidades de poder acceder a una vivienda y muestran que el plan del gobierno es poco serio, ya que recién a la mitad de la implementación, plantean las dificultades que podrían costear.

El déficit habitacional en ciudades como Arica supera las 12 mil viviendas, además ocupa el segundo lugar de las casas más costosas en todo el país. Estos precios se han triplicado en la última década. A diferencia de los representantes de Kast en la nueva constitución, nosotros consideramos que la vivienda si es un derecho básico para cualquier familia trabajadora.

Con las ganancias del puerto solo durante el 2020, se podría dar solución al problema de la vivienda en la región.

Ante la actual crisis habitacional, se requiere un plan de obras públicas y de construcción de viviendas sociales, donde exista una constructora nacional, gestionada por los sindicatos de la construcción, junto a los comités de vivienda y allegados, y profesionales a disposición de las necesidades del pueblo trabajador; que sea financiado mediante impuestos a las inmobiliarias e impuestos extraordinarios a las mineras, que permita construir las viviendas necesarias para la población y de calidad. Todo esto será imposible conseguirlo como lo plantea el gobierno, sobre todo al ritmo que viene. Será a través de la movilización de las miles de familias de la región que podremos conquistar demandas tan cruciales para dar una respuesta concreta al déficit habitacional.