Este martes en uno de los bloqueos carreteros realizados por trabajadores panameños en el distrito de Chame, en la provincia de Panamá Oeste, un hombre asesinó a tiros a dos docentes que participaban en una de las protestas al intentar forzarlos a levantar el paso. Panamá es sacudida por una de las más grandes movilizaciones en los últimos años que pone crisis al gobierno del presidente Laurentino Cortizo.
Con estos dos asesinatos suman ya cuatro manifestantes que han perdido la vida en las protestas que lleva adelante el pueblo panameño contra la minería, con represión de por medio y detenciones masivas, lo que ha elevado el clima político y de rebeldía en el país centroamericano. El presidente Cortizo calificó los asesinatos del martes como un “incidente” tras ofrecer condolencias a familiares, mientras mantiene la represión a las protestas en otras partes del país.
Panamá mantiene casi tres semanas de masivas protestas desde el 23 de octubre en contra de la imposición del contrato minero por 20 años prorrogables de explotación de la mina de cobre a cielo abierto más grande del país y de Centroamérica, acordado entre el gobierno y la multinacional canadiense First Quantum Minerals, repudiado por la devastación ambiental que implica para el Corredor Biológico Mesoamericano.
Esta transnacional minera es una de las mayores productoras de cobre del mundo y la más grande de Centroamérica con explotación de este metal. En Panamá opera en una extensión de bosque de 12.000 hectáreas en la provincia de Colón y mantiene operaciones mineras en cinco continentes, con altas acciones en la Bolsa de Valores de Toronto, cuya cotización se ha visto afectada en medio de la controversia, con caídas de hasta el 42% en los últimos días.
Una nueva ola de expropiaciones en poblados alrededor de la mina, enfermedades inherentes a su actividad, incluidas disfunciones, discapacidades y muertes, la devastación del ecosistema y afectación del Corredor Biológico Mesoamericano, mantienen esta lucha de pie por el alto total a Minera Panamá.
Las manifestaciones más grandes en las últimas décadas
Lo que estamos viendo es un importante movimiento social de lucha surgido contra la concesión otorgada a First Quantum, que comenzó denunciando la inconstitucionalidad del acuerdo y mantiene al país en medio de las manifestaciones más grandes de las últimas décadas con organizaciones ambientalistas, estudiantes, juventud y sindicatos al frente, sobre todo del sector magisterial.
En las calles de la ciudad de Panamá se mantienen en protestas más de 70,000 personas todos los días, otros tantos miles en las capitales del interior y poblados. La Universidad de Panamá y el todo el sector educativo está paralizado. Los bloqueos se multiplican por las principales carreteras en casi todas las provincias de Panamá, pescadores aceleraron sus lanchas por el golfo de Los Mosquitos hasta el puerto Punta Rincón, que controla la mina, todos con el mismo reclamo: Panamá libre de minería.
Las negociaciones previas entre el gobierno y First Quantum detonaron la punta del iceberg de un profundo cuestionamiento a la antidemocracia y autoritarismo del gobierno, la corrupción empresarial y gubernamental, que contrasta con el alto costo de la vida producto del ajuste económico que lleva adelante el gobierno de la mano del FMI. Por eso hay una unidad de diversos sectores que exigen aumento salarial y a los presupuestos a la salud y educación.
Buscando sin éxito aminorar las protestas, a finales de octubre el gobierno realizó un decreto para la prohibición minera metálica en Panamá, que no incluye la concesión de cobre a First Quantum. Y el Congreso aprobó la ley de moratoria por tiempo indefinido a la minería, que prohíbe otorgar concesiones para explorar, extraer y explotar minerales metálicos: básicos, ferrosos, preciosos y radioactivosos.
Sin embargo, la decisión de mantener en operaciones a First Quantum con Minera Panamá, no ha hecho más que intensificar las protestas y la denuncia a todos los poderes por los intereses económicos y la evidente corrupción entre el gobierno y la multinacional, en contra del medio ambiente: “el verdadero oro verde del país”, como reclaman miles.
Hay una relación de largo tiempo con millones de dólares de por medio entre la Minera Panamá y la clase política del país, pues la concesión anterior formó parte de la ofensiva neoliberal apuntalada por el imperialismo en la región en 1997 y que hoy buscan preservar por lo menos 20 años más.
El gobierno y sus analistas defienden que se puede intentar cambiar algunas normas en pro del medio ambiente, con el argumento de que la minería genera el 4.8% del Producto Interno Bruto del país y 9,387 puestos de trabajo. El presidente Laurentino Cortizo promete un ajuste a los jubilados que ganan la miserable suma de 350 dólares mensuales en un país donde el costo de vida es uno de los más altos del continente, cuando el salario mínimo este año tuvo apenas un ajuste de 1.5% ante una inflación del 4.5%. Todo esto mientras amenaza y avanza con represión policial y cientos de detenciones durante las protestas, que sin embargo continúan.
La situación ha abierto una rápida crisis en el gobierno, con una amplia base social de trabajadores y trabajadoras en las calles, que apenas el año pasado enfrentaron en las calles al gobierno, también con masivas movilizaciones y la huelga docente, más diversas acciones que unificaron a otros sectores, en contra de la crisis ante el ajuste económico de los empresarios al término de la pandemia.
A un año del término de gobierno de Cortizo y la urgencia por llegar a una campaña electoral sin protestas, la promesa de una consulta popular a finales de año por parte del gobierno, para aprobar o derogar la Ley 406, no muestran por ahora ser el cierre de la actual crisis política, que se enfrenta también a la presión económica de la multinacional, que exigirá cumplimientos con indemnizaciones millonarias de por medio.
El cuestionamiento a la corrupción, a la clase política, a las instituciones que respaldan los planes del gobierno, dispuesto a continuar la represión a las protestas en las calles, antes que romper sus pactos con la multinacional First Quantum, plantean la necesidad de que la clase trabajadora panameña vaya más allá en su lucha y unifique sus demandas contra la precarización y por salarios, contra la corrupción y la defensa del medio ambiente ante la rapiña empresarial, por la ruptura de todos los acuerdos entre el gobierno y el FMI y las transnacionales imperialistas, que son el fondo de la crisis.
La defensa fundamental del Corredor Biológico Mesoamericano
El Corredor Biológico Mesoamericano es una región ambiental protegida, designada así por especialistas en medio ambiente, instituciones y comisiones internacionales para la protección de ecosistemas y permitir un corredor natural para la flora y fauna de todo el continente, por lo que conecta áreas naturales de México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Muchas vidas de activistas y defensoress del medio ambiente han sido arrebatadas en medio de la impunidad imperante, en la lucha por proteger esta amplia región del continente de los intereses empresariales y de gobiernos que constantemente buscan saquear y explotar estas áreas protegidas.
Pueblos originarios, defensores, activistas y la clase trabajadora en Panamá en lucha tienen la razón en la defensa del Corredor BiológicoMesoamericano, porque los capitalistas no pararán. Desde 2009, organizaciones sociales y del medio ambiente en el país mantienen una pelea legal y política para frenar la explotación minera de First Quantum y lograron la declaración de inconstitucionalidad de sus operaciones mineras en 2017, ignorada por el gobierno y la Asamblea Legislativa.
Aunque First Quantum Minerals se diga preocupada por el medio ambiente, dispuesta a acatar los lineamientos legales de regulación ambiental y diga ser una empresa sostenible, no hay tal unidad posible como minería responsable bajo el capitalismo, ni un compromiso posible que preserve la flora y fauna o priorice la vida por encima de las ganancias capitalistas.
Ante la crisis climática ampliamente abordada por especialistas en todo el mundo, vemos a los burgueses dar diversos discursos y firmar acuerdos en pro de la vida y el medio ambiente, para intentar convencernos de que las soluciones están en manos de los organismos qué ellos mismos dirigen. Ya vemos su hipocresía y complicidad internacional en Palestina, bajo el criminal bombardeo de Israel con ya miles de bombas sobre 44.300 viviendas, acabando con la vida de más de 10.000 personas en un mes y un niño cada 10 minutos en Gaza.
A los capitalistas no les importa la vida, ni la humanidad, ni el planeta, la lucha contra el ecocidio que pretende imponer Cortizo antes de dejar su mandato, sólo tiene una salida posible y la clase trabajadora en Panamá muestra el camino. La lucha organizada de forma independiente de la burguesía y en las calles, la solidaridad y unidad de todos los sectores para enfrentar la crisis y los proyectos de muerte sostenidos por los de arriba, una lucha en perspectiva anticapitalista.