Inauguración de ciclo de formación para docentes en minería de litio. Foto: Prensa Jujuy
El gobierno de Jujuy junto a la Cámara Minera de la provincia y el Banco Interamericano de Desarrollo promueve la formación docente en minería extractivista de litio. Una capacitación con intenciones de legitimar una actividad muy cuestionada por sus impactos socioambientales.
En la provincia de Jujuy se lleva adelante una capacitación docente en el marco del plan educativo “Apoyo a la concientización y educación sobre las dimensiones técnicas, ambientales y sociales de la minería de litio en Jujuy”, que cuenta con cuatro módulos de formación orientados a legitimar la actividad extractivista, fuertemente cuestionada por la población por el enorme uso del agua, entre otros impactos socioambientales.
El ciclo de formación es parte del proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas, Ambientales y Sociales para la Gobernanza de los Recursos de Litio en la Provincia de Jujuy, Argentina”, del que forma parte el gobierno de la provincia junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) y la Cámara Minera de Jujuy. Está destinada a docentes de instituciones educativas de gestión estatal, de Nivel Secundario Orientado, y de Educación Superior.
El gobierno de Jujuy participa a través de los Ministerios de Educación, Economía y Producción, Ambiente y Cambio Climático, y ya anticipaba una modificación de los diseños curriculares, “para que acompañen realmente al modo productivo que tiene la provincia” según declaró la anterior Ministra de Educación de la provincia, María Teresa Bovi, en mayo en la inauguración del ciclo.
En esta sintonía, la vinculación de las empresas mineras con el Ministerio se vuelve más estrecha y avizora una mayor injerencia de intereses empresariales en la educación pública. El pasado septiembre, la Gerente de Sostenibilidad de la Minera Exar S.A., Natalia Giménez, se reunió con el Ministerio de Educación para presentar “proyectos de responsabilidad social y ambiental que buscan fortalecer los lazos entre nuestra empresa y la comunidad”, según sus palabras. Esta empresa impulsa, por ejemplo, iniciativas artísticas en la Escuela Primaria de Pastos Chicos. Otra política en este sentido es la "Tecnicatura Superior en Química Minera sustentable" para jóvenes susqueños.
Exar quiere congratularse con la población y crear “lazos sociales” luego de ganarse una pésima imágen corporativa por las condiciones de explotación, maltrato y hasta trata de personas, por la que fue denunciada. Tampoco es fácil olvidar el desprecio hacia sus trabajadores durante la pandemia, cuando no se respetaron medidas de prevención mínimas ni se frenó la producción ante contagios masivos. Fueron los propios trabajadores quienes impulsaron políticas de seguridad e higiene y recibieron amenazas de despido de parte de la empresa por “quilomberitos”.
Por su parte, el gobierno, menos preocupado a la hora de exigir que se cumpla con la ley laboral, recibe con buenos ojos estas iniciativas de “responsabilidad empresarial”, e incluso impulsa políticas para conocer y mejorar la “imagen” de la actividad minera. Desde el Ministerio de Educación realizaron un relevamiento de la percepción sobre la minería en Jujuy para tener “un primer diagnóstico” sobre la cuestión. La subsecretaria de Equidad Educativa, Vanesa Humacata, detalló que llevaron a cabo “un estudio de tipo cuantitativo en el que consultamos a 1393 familias de la provincia, de zonas que son de no influencia minera, para conocer qué percepciones tenían respecto de la minería y el litio en la provincia de Jujuy, ejecutado en septiembre del 2022”. Una verdadera búsqueda de consenso, en socorro de las multinacionales mineras.
Lo cierto es que la población tiene muy buenas razones para desconfiar de las “bondades” de la minería extractivista de litio. Las migajas que deja la actividad, con fraudes al fisco, subfacturación y maniobras de todo tipo para evadir cargas impositivas, no alcanzan para tapar la destrucción de los salares, humedales altoandinos, y el gran consumo de agua en una zona con estrés hídrico y escasez, consecuencias negativas que son señaladas hasta por [investigadores que colaboran con el gobierno y las mineras.
Sin embargo, en el ciclo de formación pro-empresarial para docentes promovido por el gobierno, los impactos socioambientales como la afectación de las cuencas endorreicas, el uso del agua, la enorme cantidad de residuos sólidos de la actividad o el desplazamiento de las comunidades indígenas no aparecen como temas a discutir y reflexionar desde la educación.
Estos puntos son imprescindibles a la hora de pensar un “Desarrollo Sostenible” como el que se menciona reiteradamente en los cuatro módulos: “Desarrollo Sostenible y Educación. Primeros pasos exploratorios”, “Proyectos mineros, litio, desarrollo sostenible y propuestas pedagógicas”, “Posibilidades de desarrollo local de la industria de litio en el marco de la producción minera” y “Desarrollo sostenible y recursos naturales: el litio como ventana de oportunidad en la provincia de Jujuy”.
El marcado perfil productivista de la capacitación lo expresó sin tapujos el secretario de Minería e Hidrocarburos, Miguel Soler, quién dijo que el objetivo es “participar reflexivamente con criterios de profesionalidad sobre el contexto socio-productivo y garantizar la vinculación del sector productivo con la docencia”. Soler fue uno de los principales opositores a la Ley de Humedales, que ni siquiera llegó a discutirse en el recinto, a pesar de ser una demanda de hace más de 10 años. El proyecto consensuado por más de 300 organizaciones incluye la protección de los salares, donde se asienta la minería de litio, por ser humedales altoandinos.
Por si quedaran dudas sobre las intenciones, la ex Ministra de Educación sostuvo que “en Jujuy siempre tuvo una gran importancia la minería, tanto en su etapa precolonial como en la etapa colonial”. Acaso la referencia elogiosa a una época caracterizada por el despojo y el exterminio de las comunidades originarias, plantea una línea de continuidad con las políticas del presente, de persecución, represión y criminalización de las comunidades que luchan por sus territorios.
Si el gobierno y las empresas buscan “concientizar en la colonialidad”, del otro lado, la enorme fuerza que mostró el pueblo jujeño en la lucha contra la reforma constitucional y la importante alianza entre la docencia y las comunidades indígenas muestran otra conciencia, que aún no ha desplegado todo su potencial, pero que puede disputar, superar y proponer una alternativa opuesta al extractivismo imperante.