Este martes la Corte Suprema de Justicia argentina emitió un fallo en el que convalida la orden de extradición a Chile del lonko mapuche Facundo Jones Huala, detenido desde enero en el penal federal de Esquel, Chubut, en el marco de una causa penal tramitada en el país trasandino y de cuya legalidad hay más que sobradas sospechas.
El máximo tribunal nacional rechazó un planteo de la defensa de Jones Huala, que había denunciado irregularidades en el juicio de primera instancia que ordenó su extradición y requería la realización de un nuevo juicio oral y público “en el que se asegure a nuestro defendido el debido proceso en el que pueda oponer las defensas efectivas y reales correspondientes”.
El Poder Judicial chileno pide que el Estado argentino envíe al referente de la comunidad mapuche para que éste “termine de cumplir” una condena que recibió en 2018 al ser acusado de “incendio” y “tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal”. Tras llevar varios años preso, en Chile dicen que debe cumplir aún 16 meses más de condena. Con el fallo de la CSJN de las últimas horas, ahora es el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería que conduce Santiago Cafiero, el que deberá decidir si da curso o no a la extradición.
Una historia de persecución política
Jones Huala lleva varios años criminalizado tanto por el Estado chileno como por el argentino. Si bien los hechos por los que recibió una condena en Chile son fechados en 2013, fue en 2017 cuando se profundizó el hostigamiento contra él y su comunidad en Argentina, a partir de un “acuerdo” entre los gobiernos de Mauricio Macri y Michelle Bachelet para que el lonko fuera extraditado.
En junio de 2017 Jones Huala fue detenido en Río Negro en medio de un control de tránsito. Sobre él pesaba un pedido de extradición de Chile. Mientras el Poder Judicial definía su situación, el Poder Ejecutivo perseguía y atacaba a su comunidad Pu Lof Resistencia Cushamen, que se movilizaba por su liberación. Tras una manifestación en Bariloche fuertemente reprimida (con detenidos y heridos), el 1° de agosto de ese año la Gendarmería, enviada por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, desató una brutal cacería en el territorio, cuyo saldo fue la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
En 2018 Jones Huala tuvo un primer juicio de extradición en Bariloche. Desconociendo una sugerencia de la ONU, finalmente el Estado argentino envió al lonko a Chile. Allí fue juzgado y condenado en el marco de una causa llena de irregularidades, contradicciones y con pruebas endebles. De todos los procesados, fue el único en no ser sobreseído, pese a que ni siquiera pudo comprobarse que haya estado efectivamente en el lugar de los hechos. Condenado a nueve años de prisión (luego reducidos a seis), fue un varadero “juicio político” que consolidó la persecución de su figura y la criminalización de las protestas mapuche.
Tras tres años preso en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco (donde su comunidad denunció malos tratos), en enero de 2022 a Jones Huala le otorgaron la excarcelación. Pero mientras su defensa preparaba las condiciones para que cumpliera su condena con libertad condicional en Argentina, por presión del gobierno Sebastián Piñera el Poder Judicial revocó esa excarcelación y volvió a ordenar que se lo detuviera. Como él estaba del otro lado de la Cordillera, se lo declaró “prófugo” e Interpol lanzó una “alerta azul”, que en rigor no es más que un pedido al Estado para que brinde “información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades” relacionadas a una determinada investigación judicial.
Durante un año el Estado argentino ni siquiera buscó a Jones Huala. Pero a fines de enero de este año la Policía de Río Negro lo halló de casualidad. Fue por un supuesto llamado de vecinos de El Bolsón que escucharon “ruidos molestos” en una casa. Él no ofreció resistencia y quedó aprehendido por un delito menor, excarcelable. Sin embargo, mientras la gobernadora Arabela Carreras alardeaba con un inexistente “trabajo de investigación” de su policía, lo mantuvieron preso, primero en una comisaría de Dina Huapi (cerca de Bariloche) y posteriormente en el penal federal de Esquel, donde permanece alojado hasta hoy.
Carreras le pidió al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que les avisara tanto a Interpol como al gobierno chileno de Gabriel Boric que tenían detenido a Jones Huala. Pero para mantenerlo preso y, eventualmente, extraditarlo a Chile, era necesario cambiar la “alerta azul” por una “alerta roja”. En un trámite exprés, Interpol lo hizo y así se aseguraron no tener que liberar al lonko por los delitos menores que se le sindicaban.
Tras recibir desde Chile un nuevo pedido de extradición, el juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva (que tiene en sus manos el caso desde 2017) condujo un nuevo juicio. Desoyendo el reclamo de la defensa sobre posibles nuevas irregularidades en perjuicio del lonko mapuche, el juez volvió a fallar contra Jones Huala. La defensa cuestionó el fallo y apeló ante la Corte Suprema, alegando que se negaron medidas de prueba que servirían para contextualizar a nivel político e histórico la persecución.
Finalmente este martes, tras un dictamen favorable a la extradición de parte del procurador general (interino) Eduardo Casal, los cuatro miembros máximos de la casta judicial argentina, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti confirmaron la sentencia del juez de Bariloche y declararon “procedente” la extradición de Jones Huala a Chile.
Ahora es el gobierno nacional quien tiene la decisión de concretar o no la extradición. Será el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de Santiago Cafiero hasta el 10 de diciembre, el que resuelva. Para eso tendrá diez días hábiles desde que reciba el expediente para su análisis.
Criminalización permanente
Como se sabe, en Argentina a Jones Huala se lo ha sindicado como líder de la “Resistencia Ancestral Mapuche”, la RAM , sello con el que se identifica a una supuesta organización “terrorista” que operaría en el país con financiamiento internacional. Pero en todos estos años el Estado no pudo probar ningún delito cometido por esa aparente organización ni mucho menos identificar a algún culpable de actos terroristas. Incluso en diferentes causas penales contra las comunidades, aún sin hablar de la RAM, se terminó absolviendo a referentes mapuche imputados tras comprobarse que eran causas armadas.
Y otro elemento que no puede soslayarse es que, aún si se negara a extraditar a Jones Huala a Chile, el actual gobierno nacional (con apoyo de los gobernadores de la Patagonia) no escatima esfuerzos para perpetuar la criminalización y represión a las comunidades originarias que "osan" reclamar territorios ancestrarles arrebatados por el Estado desde hace mucho tiempo.
Tal es el caso del brutal desalojo realizado en octubre de 2022 por la Policía Federal en la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, cercana a Bariloche. Allí, amparadas en un fallo judicial y enviadas por Aníbal Fernández (sucesor de Bullrich en el Ministerio de Seguridad), las tropas federales arremetieron contra mujeres y niñes, rompieron todo lo que encontraron a su paso y detuvieron a varias de las integrantes de la lof.
Las denuncias por violaciones a los derechos humanos y de los pueblos originarios cometidas en aquel desalojo tuvieron alcance internacional y dejaron en evidencia la política criminalizadora del Frente de Todos. Tal fue la brutalidad exhibida por el Gobierno que hasta la abogada Elizabeth Góme Alcorta, entonces ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, no pudo sostener una sola justificación y terminó renunciando a su cargo.
A la comunidad Lafken Wincul Mapu pertenecía Rafael Nahuel, el joven asesinado por la espalda por miembros de la Prefectura Naval el 25 de noviembre de 2017. El próximo miércoles 29 de noviembre (cuatro días después del sexto aniversario de ese crimen de Estado) en los Tribunales Federales de Fiske Menuco (General Roca) se conocerá la sentencia contra cinco de los prefectos que actuaron ese día.
Paradójicamente, además de la familia de Nahuel en ese juicio actúa como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es decir el mismo Poder Ejecutivo que reprime a la comunidad mapuche de la que la víctima era parte. El mismo Poder Ejecutivo que, además, viene incumpliendo un acuerdo firmado con esa comunidad tras el brutal desalojo, demostrando cuál es la verdadera prioridad si de elegir entre los papeles y las balas se trata.
Tanto los crímenes de Nahuel y de Maldonado como la larga persecución contra Jones Huala se inscriben en una tradición de políticas represivas y criminalizadoras de los pueblos originarios por parte del Estado capitalista argentino. Algo que también sucede en Chile y en otros países latinoamericanos. Tanto la historiografía como la literatura han dado sobrada cuenta de ello.
Lo ¿curioso? a esta altura es que, con todas las posibilidades tecnológicas e investigativas con que cuenta el poder político y sus jueces, tanto las muertes de inocentes como las causas penales contra referentes de esas comunidades se basen en pruebas más que endebles y se articulen “naturalmente” con el vetusto relato racista y clasista de quienes se ven beneficiados con la apropiación de los bienes naturales comunes.
¿Cómo no denunciar entonces a estos Estados que matan y encarcelan a cualquier costo con tal de desplazar a las comunidades indígenas de sus “preciados” territorios? Y cómo no organizarse independientemente de esos mismos Estados, y sus gerentes políticos, para luchar por el pleno respeto a los derechos de los pueblos originarios.
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