“La constitución de la seguridad” “Esta constitución no nos permite caminar con seguridad” son algunas de las frases que se pueden escuchar durante las franjas del proceso constitucional. Y es que el tema de seguridad será uno de los que marcará una diferencia en el votante el próximo 17 de diciembre.

En Chile se ha instalado un clima de “inseguridad” total, casi el 50% de las noticias que se ven en la televisión abierta (tanto en los noticieros como matinales) es sobre temas de seguridad. Asaltos, secuestros, portonazos, lanzazos, balaceras, asesinatos, desmembramientos, hallazgos de cadáveres en una zanja, en autos abandonados, en playas o flotando en el mar, parecieran ser situaciones cotidianas que a la vuelta de la esquina le pueden ocurrir a cualquiera.

El gobierno, oficialismo y oposición evalúan la posibilidad de decretar un estado de excepción en la Región Metropolitana y utilizar a los militares para “combatir” al crimen organizado. Orrego (gobernador de la RM) se muestra a favor de la medida “Es una medida extrema, pero hay una circunstancia extrema”. Los expertos en seguridad debaten si esta medida ayuda o acrecienta el problema.

En el Ministerio del Interior Toha y Monsalve trabajan alternativas junto a las policías mientras convocan a los exministros para buscar un acuerdo amplio de medidas para atajar el asunto.

Durante la mañana del domingo recién pasado los panelistas de Mesa Central opinaban que esto no se puede tomar de forma superficial y se ha tornado un desafío para un gobierno que llegó con la idea del representar "el cambio” y que deberá transformarse en el de "la seguridad”.

Pero estos discursos sobre la “pérdida del control y la autoridad” se han vuelto discursos mainstream, instalando la relación entre la migración, la revuelta del 2019 y la marginalidad.

12 mil expulsiones exigen desde la derecha mientras el gobierno impulsó un operativo que en 24 horas terminó con 700 detenidos y 200 kilos de droga, ahí uno se pregunta: estos operativos ¿ayudan o no con la inseguridad? Políticos tradicionales (sobre todo de derecha) dicen: Necesitamos un Bukele.

Pero la realidad es que sin medidas de fondo es imposible atacar las bases fundamentales que provocan la criminalidad y abren las puertas a las bandas que captan a la juventud lumpenizada para que se transformen en soldados del narcotráfico y el crimen organizado. Los mismos expertos derechistas reconocen que el crimen organizado es una gran empresa, que produce miles de millones de pesos al año, en un mercado paralelo que llena cuentas bancarias, arriendos de inmuebles o el tráfico ilegal de armas que se abastece desde los cuartes policiales y militares.

Como deciamos aca, el discurso de la criminalización “separa a buenos de malos, inocentes de culpables, amigos de enemigos y de ese modo justificar la aplicación de la violencia en contra de todos quienes no respetan el “pacto social” y la “convivencia”: “los delincuentes”, los “migrantes indocumentados”, etc.”. Las encuestas consultan la disposición de perder libertades para ganar seguridad y la respuesta positiva a esto es altísima (sobre el 70%).

Aun cuando esta necesidad de seguridad es el reflejo de una ansia real de una parte importante de la población, la realidad es que la respuesta que se da desde el Estado y los partidos tradicionales no afecta las bases fundamentales que crean este estado de las cosas ya que no se puede comprender que exista un fenómeno como el crimen sin entender cómo funciona la sociedad capitalista y la lucha por la existencia individual que desata.

En pleno 2023 el sentido común meritocrático, de que si te esfuerzas lo suficientes puedes llegar hasta la cima de la pirámide social no es más que una ilusión que replican los sectores privilegiados para justificar sus propios privilegios y culpar a los pobres de su propia situación. Por lo tanto la culpa del delincuente se entiende como un conjunto de “malas decisiones” que en última hace que jóvenes de 16 años estén dispuestos a morir de una bala para robar un auto o durante una transacción de droga.

Pero mientras las policías enfrentan esta pequeña parte del “crimen organizado” hay otra parte de la organización que pareciera pasar a un segundo plano. Mientras se demuelen los “mausoleos narcos”, o como decíamos más arriba, se incautan 200 kilos de droga en 24 horas, los puertos siguen siendo el gran espacio de internación de la droga, según la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) señalan al Puerto de San Antonio (PSA) como uno de los centros neurálgicos del traslado de droga para Europa y el mundo, un lugar donde pasan no kilos, sino toneladas de droga a través de las rutas del Asia/Pacífico. Para PSA es irrelevante que hay dentro del container, ellos ganan independientemente de si lo que guardan son electrodomésticos, autos o cocaína, su negocio es mover la carga y no lo que hay dentro. Además, tocar o acusar a PSA de ser cómplices del narco, no es tocar a un par de marginales en alguna población de Santiago, sino tocar intereses de capitales transnacionales, de esas familias de buen apellido, viven en Vitacura y que poseen lazos con importantes personajes de la política nacional.

Policías, militares y corrupción

“Más recursos para Carabineros” “Este es el gobierno que más leyes ha aprobado en materia de seguridad”, son algunas ideas que ha buscado instalar el gobierno como muestra de su lucha contra la “inseguridad”, “vamos a ser como perros” decía Boric hace unos meses.

Es real que este ha sido el gobierno que más leyes de seguridad ha aprobado desde la vuelta a la democracia, también ha sido de los que más recursos ha entregado a Carabineros y la PDI, y aun así los números no bajan.

Aun cuando los números en Chile siguen siendo relativamente bajos con relación a los índices de delincuencia de la región, todos esos miles de millones que se han invertido en carros, armas y actualización tecnológica no han tenido un resultado esperado.

Y es que más, según Alex S Vitale, las principales tareas cotidianas de la policía no es “combatir el gran delito”, sino que se dedican a tareas rutinarias, administrativas y nada preventivas «Los arrestos por delitos graves de cualquier tipo son una rareza para los oficiales uniformados, la mayoría no realiza más de uno al año. Cuando un oficial de patrulla en realidad aprehende a un criminal violento en el acto, es un momento importante en su carrera profesional. La mayor parte de los policías trabajan en patrulla. Toman informes (...) realizan infracciones de estacionamiento y manejo, reciben quejas por ruido, emiten multas y realizan arrestos por delitos menores beber en público, posesión de pequeñas cantidades de drogas, o la vaga "conducta desordenada».

En un sentido similar, un ex director de inteligencia de Carabineros señalaba en una entrevista en el diario digital El Mostrador que la respuesta que se está dando para el problema de la seguridad no es la correcta y que responde a más a fines electorales que a otra cosa. Además, consultado sobre los constantes casos de policías y militares ligados a bandas criminales señaló que “la corrupción juega un papel crucial en la facilitación de la entrada y expansión del crimen organizado en un país.” y que “Chile es un lugar atractivo para ser utilizado como plataforma criminal. Es un país OCDE con un sistema bancario sólido, pero permeable, con rutas viales de primer nivel y un escaso control, además de tener fronteras porosas. En Chile es posible establecer una empresa en un día a través de internet y, paradójicamente, la burocracia institucional y las leyes pueden favorecer las actividades ilícitas. Sin embargo, lo que hace que Chile sea aún más atractivo desde la perspectiva del crimen organizado es su condición portuaria, con puertos altamente eficientes y de cargas continuas. Desde estos puertos, es posible enviar cargamentos ilegales a todo el mundo utilizando la ruta Asia/Pacífico. Esta ruta es uno de los mercados legales más activos. A pesar de no ser productor de cocaína, Chile se ha convertido en uno de los países que realiza envíos significativos a Europa, lo que indica una preocupante capacidad de acopio y posiblemente de procesamiento de drogas.”

Por eso mientras el nivel de la discusión se mantenga en la superficie y sólo se combaten los síntomas y no la enfermedad, no se podrá resolver estructuralmente el problema del delito, menos aún fortaleciendo a instituciones que entregan constantemente recursos al propio crimen organizado.

Delincuencia, secuestros y migración

Como hemos dicho una y otra vez, al fenómeno del crimen también se le ha intentado asociar el fenómeno de la migración.

La idea de que los secuestros, desmembramiento o los asesinatos son culpa de los extranjeros que han ingresado los últimos años al país es una frase ya cotidiana de panelistas y editorialistas.

Pero analicemos algunos datos entregados por el propio Mercurio (26/11/23) para ver qué tan real es el aumento de los secuestros como una práctica importada y realizada, generalmente por extranjeros: Según un estudio de la Fiscaliza Nacional, en el 2022 se llevaron adelante 661 delitos asociado al secuestro, de estos el 23% tendría alguna relación con fines extorsivos, ajustes de cuenta, entre grupos delictivos o con fines de explotación sexual”, es decir estamos hablando de aproximadamente 150 casos durante un año. La cifra del aumento del 68% al 2023 sigue siendo inferior a otros países como Colombia (83%), México (dos secuestros diarios), Ecuador (347%) o Perú (2991 casos en el 2023).

Según un estudio del CEP sobre delito y migrante, todos los datos disponibles hasta el 2022 llegan a la conclusión de que la relación entre delito y inmigración son un mito. Según el estudio la relación entre migrantes e imputados sigue estando subrepresentada con relación a la totalidad de los delitos cometidos en Chile, es más, el número de imputados por delitos asociado a causas como tráfico de drogas ha ido disminuyendo desde un 54% a un 37% extranjeros y se ha detectado un aumento en otro tipo de delitos como a los de la ley de tránsito. El número de extranjeros condenados en el 2022 también refleja una disminución con relación al 2017 de un 25% a un 12%.

El estudio del CEP concluye que los extranjeros condenados por delitos se ha ido distribuyendo entre las distintas tipificaciones que se tienen, lo cual puede aumentar la sensación de que estarían cometiendo “más delitos”, la realidad es que en número globales, los extranjeros siguen estando subrepresentados en relación a quienes delinquen, idea totalmente opuesta a la que buscan instalar en la opinión publica realizando una igualación a migración ilegal = delito.

Por eso la derecha exige expulsiones, ellos saben que la inmensa mayoría de esas familias que cruzan el desierto a pie no lo hacen para internar droga a través del puerto de san antonio o para terminar secuestrando a alguien o robando un teléfono, pero necesitan construir un chivo expiatorio que permita justificar sus discursos punitivistas y que mejor que identificar en un foráneo como la causa de los males que afectan al país.

Desde Republicanos, Chile Vamos, sectores de la exConcertación y con el aval incluso del Frente Amplio, quieren generar un clima de criminalización de migrantes, de la pobreza y la marginalidad.

Sin atacar las bases fundamentales del capitalismo, que son las que generan esa marginalidad, difícilmente se podrá solucionar el problema de la delincuencia.

Sin educación, salud y pensiones de calidad, no hay futuro, sin terminar con el hacinamiento, los trabajos precarios y los salarios de hambre no hay chance de dar una alternativa a la juventud que no tiene más expectativas que el hoy.

Sin acceso al deporte, el arte o la cultura, condenamos a la población a vivir en los márgenes de una sociedad que te culpa por no vivir mejor.