Tras el atenuamiento del ciclo de alza de las commodities impulsado por el consumo chino de forrajes, alimentos, materias primas y energía y, por consiguiente, la disminución de la renta de la tierra que bajo distintos mecanismos es transferida al capital industrial, la tendencia creciente al desmantelamiento de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) se amplificó.
Una industria deficitaria en términos de balanza comercial, poco productiva, con sectores notablemente atrasados, en relación con la media mundial, no podía seguir siendo sostenida por una protección que demandaba recursos que pudieran ser apropiados sin afectar el conjunto de la acumulación.
Sin embargo, el uso de las reservas del ciclo previo en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la posibilidad de endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri permitieron un gradualismo en dicha cuestión, no exento de devaluaciones (2014 y 2016) y de restricciones cambiarias (cepos en 2011 y 2019). A pesar de ello, se produjo el llamado “industricidio” consistente en el cierre de 20.000 PyMES y la pérdida de 140.000 empleos, concentrados sobre todo en los dos últimos años de mandato de Macri.
Entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 se dieron tres acontecimientos que suelen destacarse como los iniciadores del fin del gobierno de Macri. La contemporaneidad de estos hechos con la fuerte devaluación de abril de 2018 ha generado una distorsión en el análisis.
Para quienes ven en la lucha de clases la explicación, las jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017 supusieron un freno a la política de Mauricio Macri. El déficit de esta explicación está en que las leyes de reforma previsional finalmente salieron y si bien, durante 2018, hubo importantes movilizaciones (contra la sanción del presupuesto con represión incluida y la marcha universitaria de agosto por mejoras salariales ahogada el mismo día por una fuerte devaluación) decayeron fuertemente hacia finales de dicho año.
Para los defensores de la desregulación de los mercados el problema fue el anuncio de metas de inflación, a fines de diciembre de 2017, que al intervenir sobre sobre la política monetaria, fue leído como una deriva populista. Esta explicación tenía como base una supuesta autonomía, a todas luces inexistente, del BCRA respecto del gobierno.
Para quienes ven en la cuestión financiera el núcleo de las políticas, el fin del financiamiento externo en marzo de 2018 fue el detonante. Sin embargo, todavía llegaron 44 mil millones extra del FMI.
El elemento determinante fue, en realidad, una de las sequías más importantes en los últimos cincuenta años que provocó una caída de más del 20 % de la producción granaria, en promedio, y del 33% en el caso de la soja (cultivo con mayores retenciones y que más aporta a la balanza comercial). Con ello el insuficiente flujo de divisas proveniente del comercio exterior comprometió la posibilidad de sostener la cotización del dólar, sostén de la bicicleta que justificó la entrada masiva de capitales especulativos. Desfinanciado, Mauricio Macri recurrió a devaluación, ajuste, vuelta al Fondo (para algunos de manera apresurada, teniendo en cuenta la recuperación de 2019) y perdió la elección, aun con una clase obrera en proceso de desmovilización. Detrás de ese hecho, más que la jugada magistral de CFK estaba la sequía carcomiendo la balanza comercial y con ello el ingreso de divisas, los ingresos fiscales vía retenciones y la magnitud de renta a distribuir.
La insuficiencia de divisas, la escasez de reservas, sumadas a la imposibilidad de seguir endeudándose ponía al gobierno de Alberto Fernández frente a la necesidad de acelerar el desmantelamiento de la ISI. La importancia del Ministerio de la Producción, en el esquema original de gobierno, tenía como razón de ser la identificación de las ramas más competitivas y, por lo tanto, con menor necesidad de protección para encarar la liquidación del resto.
La pandemia permitió a AF ralentizar dicha tendencia bajo la forma de la renegociación de la deuda externa posponiendo pagos tanto con privados como con el FMI (en el caso del Fondo recibió desembolsos por el equivalente de 28.885 millones de dólares y canceló deuda por 31.120 millones con un pago efectivo neto de 2.235 millones de dólares). Al mismo tiempo, debido a un incremento de las exportaciones sobre las importaciones, durante tres años consecutivos 2020/21/22, Argentina alcanzó un superávit en su balanza comercial de 12.530, 14.750 y 6.923 millones de dólares respectivamente. La suma da la friolera de 34.203 millones de dólares. Esto permitió a las empresas que habían aprovechado el ciclo de endeudamiento anterior, saldar deudas, emprolijar balances y remitir utilidades mediante el acceso privilegiado a divisas al precio oficial. Ello significó una transferencia de riqueza de una magnitud comparable al seguro de deuda del final de la dictadura realizada por Cavallo.
Tras la caída de casi 10% del PBI durante 2020, producto de la pandemia y de la modalidad de la cuarentena adoptada, se produjo un rebote que significó un aumento de la actividad económica con tres años de crecimiento consecutivo. Para julio de 2023, un mes antes de las PASO, la economía llevaba 27 meses consecutivos creando empleo registrado y superaba en 92.000 los puestos de trabajo de diciembre de 2019. El conjunto de la economía demandó 1.300.000 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 400.000 (aprox. un 30%) son empleos formales, en muchos casos bajo el formato de monotributo. Sin embargo, con una inflación de 140% anual, y acelerándose, la pobreza superó el 40% en el primer semestre, llegando a niveles del 60% para los menores de 14 años. Estos números configuran una situación novedosa: 3 de cada 10 trabajadores son pobres. Los salarios en promedio empiezan a estar por debajo de otros países latinoamericanos. Si se mira el movimiento general no se trató de que no se hizo lo suficiente, sino más bien de que lo que se hizo iba claramente en un sentido opuesto al que se declamaba. Ello queda claramente expresado en la modificación regresiva de la distribución funcional del ingreso. La participación de la remuneración al trabajo asalariado sobre el valor agregado bruto pasó del 51,2% en el tercer trimestre de 2016 al 43,6% en el mismo período de 2022, mientras que el excedente de explotación tuvo un comportamiento inverso, pasando del 42% en 2016 al 46,1% en 2022 (Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma). Según el centro de estudios de la CTA de los Trabajadores, CIFRA, “durante el gobierno de Alberto Fernández, el trabajo transfirió al capital ingresos por 70.000 millones de dólares, a los que debe sumarse casi la mitad de esa cifra durante la gestión de Mauricio Macri, hasta un total de 101.000 millones de dólares”.
Además de la inflación y el aumento de la tasa de explotación, la subvaluación del dólar oficial, la sobrevaluación de los dólares paralelos y la multiplicidad de tipos de cambio fueron el otro mecanismo de trasferencia. Dicho mecanismo entró en crisis debido a una nueva sequía que significó una pérdida de divisas por caída de exportaciones de alrededor de 25.000 millones de dólares a lo que hay que sumarle el impacto en la actividad económica local.
Esta exitosa transferencia al capital se hizo dañando la sostenibilidad de la acumulación. El desequilibrio de las cuentas públicas, la distorsión de precios relativos, una conflictividad social latente pero explosiva dan cuenta de ello.
El 19 de noviembre se impuso Javier Milei con casi el 56% de los votos positivos emitidos. Nuevamente no se trató de una jugada magistral de MM, sino de la sequía carcomiendo la balanza comercial y con ello el ingreso de divisas, los ingresos fiscales vía retenciones y la magnitud de renta a distribuir. El Estado, en nuestro caso crucial en la circulación y distribución de renta, es el centro de los ataques. Más que la búsqueda de un Estado mínimo se busca direccionar esa capacidad estatal para asegurar la apropiación de renta por los sectores triunfantes.
La cuestión ideológica, presentada como una batalla entre la resistencia al fascismo y los defensores de la libertad, tiene como punto en común que ambos contendientes coincidían en que se venía un ajuste de proporciones. Esto muestra que discursos que pretenden constituirse como universales tienen el alcance limitado de quién defiende a su fracción que considera atacada.
Las trabas en la acumulación capitalista, manifiestas desde el 2012 en la creciente inflación, el deterioro de los números macroeconómicos, la impotencia política y espasmos de conflictividad social es lo que viene a resolver Javier Milei. Si puede realizar dicha tarea (prioritaria para la burguesía que opera en el país) desarrollando al mismo tiempo todo lo que esbozó como programa durante la campaña está por verse, no solo por la resistencia más o menos efectiva de la clase obrera, sino porque no son tareas necesarias (de ahí lo de reformas de primera, segunda y tercera generación). De allí que prevemos que echará lastre en materia ideológica en pos de asegurar el objetivo principal, tanto como usará lo simbólico en caso de ver comprometido dicho objetivo.
Estas trabas suelen ser presentadas desde la vieja noción de empate de Portantiero o del péndulo de Diamand. Los análisis que se basan en el planteo del empate omiten señalar que lo central pasa por el enfrentamiento al interior de la burguesía local (la clase obrera no para de perder). Mientras quienes optan por la explicación pendular omiten señalar que en la actualidad el enfrentamiento está en el propio sector industrial (qué se concentra y se salva de la extranjerización y qué quiebra). Que lo que haya que resolver es quién quiebra y qué trabajadores pierden ingresos enfrenta tanto a fracciones de la burguesía entre sí como a esta con la clase trabajadora (al mismo tiempo que a fracciones de la clase trabajadora entre sí).
Vista la derrota que sufrió el clásico frente mercado internista (burguesía nacional, trabajadores atados a ella, con un peso creciente de los estatales e intelectuales constructores de sentido) todo indica que el capital centralizado en el Estado va a decrecer, quebrarán pequeñas empresas, se concentrarán las más grandes, los trabajadores estatales verán caer su salario, entre ellos los trabajadores que operan simbólicamente (manifestaron su obsolescencia al perder la “batalla cultural” aun en el momento en que lograron abroquelar tras de sí a la masa más importante del sector que se tenga memoria) y se perderán decenas de miles de empleos industriales, más los relacionados a la circulación correspondiente.
Todo ello resolvería las trabas a la acumulación planteadas desde el 2012 y junto con un fluir estable y creciente de renta agraria, hidrocarburífera y minera, aseguraría el pago de deuda (mecanismo que cobra centralidad en la recuperación de plusvalía por parte de los capitales de otras naciones, lo que abre además el frente burguesía nacional vs. imperialismo). Al mismo tiempo se acelera la tendencia al desmantelamiento de la ISI mientras que el achicamiento de lo que hay que reproducir le da una sobrevida, más que llevarla a su supresión completa.
La larga década de estancamiento hizo, en promedio, su tarea sobre los salarios; sin embargo, existen profundas desigualdades entre los asalariados, tanto en cantidad como en calidad de salario/empleo. Lo que resta del ajuste es sobre una porción de la clase (la de los deciles intermedios, como se dio en el mandato de AF en las jubilaciones), lo que arrastrará hacia abajo el promedio aún más, además de exacerbar la competencia y bajo esa vía consolidar esos niveles de manera de que se vea reflejado en un aumento de la plusvalía extraída. Esto no debe confundirnos: lo que se presenta como una ofensiva del capital sobre el trabajo efectivamente lo es, pero en el marco de la búsqueda de resolución de conflictos interburgueses tanto intranacionales como internacionales. No perder de vista esto es fundamental para los alineamientos políticos. Lo que busca dirimirse es cuánto del nuevo aluvión de renta agraria pero, sobre todo, hidrocarburífera y minera va para pagar deuda y cuánto es apropiado localmente, y cómo se distribuye esto último entre los capitales que operan localmente.
En relación a cómo viene esa disputa, al tiempo que se debilitaba la fracción terrateniente y la burguesía vinculada a ella debido a las sucesivas sequías, fracciones diversificadas con intereses en energía pasaron a fortalecerse debido a la maduración de las inversiones en Vaca Muerta (Paolo Rocca fue el principal aportante de la campaña de Javier Milei, y el Ceo de Tecpetrol fue anunciado como futuro presidente de YPF). Para no ceder renta localmente, esta fracción intentará avanzar en la adecuación de la ISI, eliminando las PyMES más obsoletas (base de sustentación del PJ y de las que SM era el representante más acabado), concentrando algo y no teniendo que ir tan duro sobre la población obrera sobrante consolidada de manera tan directa (Capital Humano, a cargo de Desarrollo Social sería el único Ministerio con “billetera abierta”). Al mismo tiempo se descargará el ajuste (mediante una reforma laboral, aumento de la productividad vía flexibilización, abaratamiento y aumento de la intensidad y/o duración de la jornada) sobre los trabajadores con empleo formal y con los salarios más altos.
Para el año entrante se prevé una recuperación de la renta agraria y un aumento de la hidrocarburífera y minera, lo que le daría al nuevo gobierno cierto margen de maniobra, tanto para la asignación de recursos más o menos discrecional como para fortalecer las reservas internacionales necesarias para pagar deuda. Los vencimientos del Fondo seguramente serán reprogramados. El éxito del redireccionamiento de las Leliqs a otro tipo de instrumentos de crédito es crucial para ralentizar la dinámica inflacionaria. Además será necesario conseguir algo de financiamiento externo o, de mínima, una fuerte disminución de la presión de los pagos de la deuda externa vía rolleo o renegociación de plazos para salir del cepo. El mecanismo tradicional de sobrevaluación del peso en relación con el dólar deberá afinarse debido a la creciente devaluación de este último tras las crisis del 2008 y la política monetaria de la pandemia (es decir, difícilmente vayamos a una política de tipo convertibilidad extendida en el tiempo).
Se abre la posibilidad de una reconfiguración política de gran alcance. Producto de la conflictividad social de la salida de la convertibilidad y tras la experiencia de un peronismo travestido que se había comportado como abiertamente “neoliberal” en los ‘90, el personal político de dicho partido que debía reencausar la hegemonía tras el “que se vayan todos” ofreció sus servicios a cambio de ubicarse como socio en la apropiación de renta (entre otros mecanismos, lo que se llamó la corrupción K es una expresión de esta sociedad; así como en los ´90 se normalizó el sindicalista empresario, en los 2000 se normalizó el político empresario). Mientras la renta fluyó, a la vez que ese costo fue amortizado fue ampliando la magnitud de personal involucrado en lo que podríamos llamar “gastos de representación”. En las circunstancias actuales esa sociedad sale cara. “Se fue de escala”, en el decir del analista político más lúcido del establishment. Mauricio Macri intentó abaratarla pero no atacando el costo político sino eliminando a algunos socios, más concretamente a su competencia (causa cuadernos). Llegó a meter preso a CEOS de Techint y los obligó a autoincriminarse en la “corrupción K”. Esto fracturó su base de apoyo, dejó de ser confiable para el círculo rojo. ¿Será Javier Milei el modernizador de ese sistema político, es decir, un gerente de recursos humanos que flexibilice y abarate el costo de la actividad política? ¿Perderá el peronismo de manera definitiva la representación del grueso de la clase trabajadora?
Esta reconfiguración en curso trae consigo la posibilidad de una conflictividad social creciente. Está claro que el gobierno de Javier Milei surge doblemente inestable: al tiempo que deberá lidiar con números macroeconómicos desquiciados lo hará con una herramienta política que deja dudas sobre su capacidad de gestionar el Estado y, sobre todo, de gobernar el proceso en su conjunto. Por ello será crucial la estabilidad política que logre consolidar entre los primeros 6 y 12 meses de mandato. Inicialmente se puede prever una conflictividad clásica (sindicatos, partidos de izquierda o movimientos sociales) mayor que la actual y que la que se hubiera producido con SM, aunque no queda claro ni el nivel de intensidad ni su magnitud.
Lo que surge como novedoso es que el proceso derivado del par estancamiento/faccionalismo que impidió hasta ahora una salida a las trabas en la acumulación, expresadas con claridad desde el 2012, fue generando una proliferación de bandas, en las que la articulación política/narco/fuerzas de seguridad/barras operan a la luz del día con una relativa naturalización de su accionar. A ello se suma que la elección dejó marcada una fractura que parece haber magnificado “la grieta y los odios” sobre la base de un individualismo incapaz de poder mirar la unidad que justifica el accionar político de cada polo. De los dos polos de la grieta la nueva primera minoría intensa asertiva es la que copó las calles el 19/11. Estos elementos agregan a esa conflictividad clásica la posibilidad de que se cristalice de manera permanente la derrota de alguno de los bandos. Los números, en ese sentido, parece tenerlos mayoritariamente el frente político y social perdidoso en la última elección, que obviamente no incluye solo a sus votantes. La independencia política de clase sobre la base de comprender lo que está en juego será crucial. Cómo construirla, al tiempo que se construye una herramienta política a la altura del enfrentamiento en curso, es la cuestión. |
