A pesar de las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Boluarte y el Estado Peruano proceden a la liberación de Fujimori, quien abandona el penal de Barbadillo, donde estuvo recluido por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante su gobierno en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
La decisión de Boluarte y sus seguidores de liberar a Fujimori constituye un respaldo a los sectores de ultra derecha en el congreso y los gobiernos locales, alentándolos a continuar con sus acciones impunes. Además, representa un claro intento de otorgar impunidad a los responsables de violaciones a los derechos humanos, como él y su círculo, así como a los altos mandos de las fuerzas armadas y la policía nacional.
Esta situación es inaceptable y requiere que retomemos el debate sobre soluciones fundamentales para abordar esta profunda crisis que afecta a todo el régimen político establecido en la Constitución de 1993. Es imperativo que la clase trabajadora tome conciencia de la naturaleza de la justicia burguesa y luche por cambios fundamentales que eliminen los grandes privilegios que actualmente disfrutan los políticos al servicio del empresariado.
Solo a través de una movilización social podremos cambiar el rumbo de la crisis e imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, donde una de las principales medidas sea la elección de todos los jueces mediante el voto popular. De esta manera, se derribará la oligarquía judicial establecida por la Constitución de 1993, que respalda un sistema judicial que vulnera sistemáticamente los derechos de las clases explotadas.
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