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6 de diciembre de 2023 Twitter Faceboock

Derechos Humanos
El Estado peruano libera el ex presidente Alberto Fujimori condenado por delitos de lesa humanidad
Redacción LID Perú

EFE/Stringer

La presidenta golpista Dina Boluarte y su gobierno liberaron a quien estaba condenado por delitos de lesa humanidad.

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A pesar de las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la presidenta golpista Dina Boluarte y el Estado Peruano proceden a la liberación del ex presidente Fujimori,que ocupó ese cargo entre 1990 y el 2000. El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó este martes su liberación del penal de Barbadillo, donde estuvo recluido por los delitos de lesa humanidad cometidos durante su gobierno en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

La decisión de Boluarte y sus seguidores de liberar a Fujimori constituye un respaldo a los sectores de ultra derecha en el congreso y los gobiernos locales, alentándolos a continuar con sus acciones impunes. Además, representa un claro intento de otorgar impunidad a los responsables de violaciones a los derechos humanos, como él y su círculo, así como a los altos mandos de las fuerzas armadas y la policía nacional.

Quiene hacemos La Izquierda Diario Perú, parte de la Red Internacional La Izquierda Diario creemos que esta situación es inaceptable y requiere que se retome el debate sobre soluciones fundamentales para abordar esta profunda crisis que afecta a todo el régimen político establecido en la Constitución de 1993. Luchamos por que la clase trabajadora tome conciencia de la naturaleza de la justicia burguesa y luche por cambios fundamentales que eliminen los grandes privilegios que actualmente disfrutan los políticos al servicio del empresariado.

Solo a través de una movilización social podremos cambiar el rumbo de la crisis e imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, donde una de las principales medidas sea la elección de todos los jueces mediante el voto popular. De esta manera, se derribará la oligarquía judicial establecida por la Constitución de 1993, que respalda un sistema judicial que vulnera sistemáticamente los derechos de las clases explotadas.

 
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