Un recorrido por los rasgos centrales de las dos primeras décadas desde la restauración democrática, a través de las portadas de las publicaciones periódicas de nuestra corriente, antecesoras de La Izquierda Diario.
En este artículo proponemos un recorrido por los rasgos centrales de las dos primeras décadas desde la restauración democrática. Acompañamos este recorrido con imágenes de las portadas de las publicaciones periódicas de nuestra corriente, antecesoras de La Izquierda Diario. Esos recortes reflejan aspectos de nuestra visión de la realidad política y propuestas de lucha, ideas y organización.
Queremos alentar hoy, cuando presenciamos la reivindicación abierta del legado de la década menemista, al estudio sobre estos materiales para profundizar en las lecciones de una etapa de la historia argentina que transformó la sociedad con una brutal regresión en las condiciones de vida de la clase obrera y los sectores populares, y un redoblamiento de la dominación imperialista.
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De los años alfonsinistas a la década menemista
En los primeros años de la década del 80, a nivel internacional, el llamado “reaganismo-tatcherismo” buscaba imponer una política de libre mercado, desmantelamiento de los “estados de bienestar” y disciplinamiento social que se conocerá como neoliberalismo, es decir, un plan global de negocios para los grandes capitales y ataques a las masas populares. En Argentina, desde el golpe de Estado de marzo de 1976 el gobierno se propuso una reestructuración de la economía con una política de apertura y desregulación financiera y un ataque a las conquistas del pueblo trabajador basado sobre una brutal represión.
Sin embargo, para cuando el neoliberalismo se desplegaba a nivel mundial, en Argentina, la dictadura buscaba las vías para sostenerse en el poder librando una guerra contra el imperio británico, apelando a la justa aspiración popular por la recuperación de las Islas Malvinas, esperando un apoyo norteamericano que nunca llegó. El imperialismo yanqui había comenzado ya una política de promoción de transiciones a la democracia capitalista y la dictadura argentina se encontraba inmersa en la crisis económica en el contexto de un masivo descontento social, con una resistencia obrera que, al comienzo atomizada, fue ampliándose, y se sumó a la profundización de los reclamos contra la violación de derechos humanos; en este contexto la derrota en Malvinas aceleró el final.
Tras la derrota de Malvinas, se abre un proceso de transición en el que partidos que habían colaborado con la dictadura -incluso formando parte del régimen desde cientos de intendencias o dentro de la estructura del poder judicial-, asumen una política activa, a través de la Multipartidaria, para evitar una caída revolucionaria de la dictadura intentando canalizarlo en las vías institucionales. Aun así, el gobierno surgido del proceso de transición debería responder a las demandas populares que otorgaron un lugar central al enjuiciamiento a los militares responsables del terrorismo de Estado. Fue el radicalismo el que expresó mejor ese conjunto de demandas y triunfó en las elecciones de octubre de 1983 dando comienzo a las cuatro décadas de gobiernos elegidos constitucionalmente que se celebran este diciembre, mes en el que asumió el presidente electo, Raúl Alfonsín.
El nuevo presidente había prometido durante su campaña que "con la democracia se come, se educa y se cura", pero había heredado de la dictadura un país en crisis y endeudado y actuó como garante de la herencia, afianzando el poder de los grandes grupos económicos del empresariado nacional y extranjero. En 1985 anunció una “economía de guerra”, y en junio impulsaba el “Plan Austral”, el lanzamiento de una nueva moneda y un ajuste fiscal con congelamiento de precios y salarios.
Acorde con los aires neoliberales internacionales el gobierno radical comenzó a poner sobre la mesa la privatización de las empresas públicas mientras asumía las imposiciones de Estados Unidos y su “Plan Baker” –en alusión al secretario del Tesoro norteamericano- para reestructurar la deuda externa subordinándose a las políticas de ajuste recomendados por el FMI.
Por otro lado, la amplia movilización popular en reclamo por el juicio y castigo a los culpables del genocidio logró que las cabezas visibles de la dictadura fueran sentadas en el banquillo de los acusados y se pusieron al desnudo frente a las amplias masas las brutales violaciones a los derechos humanos y el carácter sistemático del plan represivo. Sin embargo, esto se vio acompañado, de un lado, por una política que se proponía desmovilizar el reclamo de “juicio y castigo” depositando la confianza en las instituciones, en el marco de una política de reconciliación con las Fuerzas Armadas. Por otro lado, se impulsó una narrativa basada en la “teoría de los dos demonios” para que, al mismo tiempo que equiparaba la acción de los grupos armados con el terrorismo de Estado, deslegitimaba la violencia de los oprimidos, y el progresivo avance -rebeliones militares mediante- de la política de impunidad, a través de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
En el marco de las expectativas puestas en el nuevo gobierno, la conflictividad social no desapareció; en los seis años del gobierno radical se realizaron casi 4000 huelgas sectoriales y de empresa (67% en el sector público) y 13 huelgas generales. Así, por ejemplo, hacia el año 1985, con una inflación creciente, la consiguiente pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las medidas de ajuste aplicadas por las patronales, se dio un alza de los conflictos obreros. En julio de 1985, por ejemplo, los trabajadores de la fábrica de autos Ford en la zona norte del conurbano bonaerense toman la empresa durante 18 días; marcando un hito a pesar de su derrota con la intervención del ejército.
Tres años después, en reclamo de aumento salarial y más presupuesto educativo se desarrolló una inmensa huelga docente encabezada por CTERA, conocida como el Maestrazo, con un paro por tiempo indeterminado y un acatamiento del 90 al 95% en todo el país durante 42 días con marchas multitudinarias y acciones docentes masivas. Este grado de conflictividad fue desarticulado por política de las direcciones sindicales. Así por ejemplo, la propia huelga docente no fue unificada nacionalmente y se aceptó finalmente la conciliación obligatoria; de triunfar esta lucha podía ponerse un freno a la derechización que se venía operando en el régimen y evitar que amplios sectores de clase media y populares terminen aceptando políticas regresivas como las privatizaciones.
Mientras las maestras llevaban adelante esta lucha, la inflación trepaba a más del 350 por ciento; el alza del conflicto social y la incapacidad del gobierno le restó el poco apoyo empresarial que conservaba, también el FMI lo abandonó. Así, las patronales y el imperialismo dejaron al gobierno radical al borde del abismo: en el año 1989 la inflación se acercó al 5000 por ciento…
El golpe hiperinflacionario tuvo efectos brutales: descenso descomunal del poder adquisitivo de los salarios, aumento de la desocupación, un crecimiento de la pobreza nunca visto hasta entonces. La campaña electoral para la renovación presidencial expuso las salidas ofrecidas por los candidatos de la UCR y el PJ: el radical Eduardo Angeloz hacía gala del lenguaje neoliberal y blandiendo un lápiz rojo proponía terminar con el déficit fiscal, el peronista riojano Carlos Saúl Menem, por el contrario, prometía "revolución productiva" y "salariazo". Menem obtuvo el 47,49 % de los votos y fue elegido presidente por seis años, y reelegido por 4 más, reforma constitucional mediante.
El 29 de mayo de 1989, luego de varios saqueos de la población hambrienta a supermercados en Rosario, Alfonsín decretó 30 días de estado de sitio; como consecuencia: 14 muertos, cientos de heridos y la entrega adelantada del poder a Carlos Menem.
Lo que la dictadura había comenzado, pero no logró culminar, lo que el radicalismo esbozó pero no pudo avanzar, fue llevado adelante por el gobierno peronista. La ofensiva neoliberal que se imponía en el icónico año 1989 encontró en el peronismo el instrumento para llevar a cabo una de las transformaciones más regresivas de nuestra historia. La imposición de la ofensiva neoliberal en Argentina necesitaba de una modificación radical de las relaciones de fuerza vigentes durante los años 80 para construir una nueva hegemonía. Tras el papel coercitivo y de disciplinamiento cumplido por la hiperinflación -y la represión que se desató contra los hambrientos en los saqueos-, fue posible imponer un nuevo consenso que contó con la subordinación abierta del aparato del Partido Justicialista a las fracciones dominantes del capital y a los dictados del imperialismo. Así, la renovación operada en el PJ, el adelantamiento de la entrega del gobierno y la represión del propio gobierno radical, permitió al peronismo encabezar una transición relativamente ordenada y cumplir con un rol disciplinador, aglutinándose en defensa del nuevo gobierno liderado por el dirigente riojano.
Este nuevo consenso en la sociedad argentina se encontraba en sintonía y contaba con el respaldo de aquel que se definía en Estados Unidos. El llamado “consenso de Washington” daba forma a una serie de propuestas neoliberales impulsadas por organismos como el FMI y el Banco Mundial. En el caso argentino el consenso se sostuvo en la máxima de la lucha contra la inflación: este fenómeno que carcomía la vida cotidiana de millones de trabajadores y pobres. Liberalización de los mercados, apertura al mundo, reducción de los gastos del Estado, aparecían como los pilares de la ansiada estabilidad.
Se abría el paso al remate de las empresas de servicios públicos, a los índices más altos de desocupación sufridos hasta entonces, al crecimiento de la presencia del capital imperialista en la economía, al aumento de la deuda externa y la consiguiente injerencia de los organismos internacionales en la política nacional, es decir, una mayor sujeción de la Nación al imperialismo.
Privatizaciones y endeudamiento. El plan de convertibilidad
En agosto de 1989 se sancionó la Ley 23.696, conocida como la Ley de Reforma del Estado, que permitió la privatización de más de 60 empresas estatales, algunas de servicios esenciales como el abastecimiento de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y transporte; se entregaron a precio de remate, un negocio redondo para los consorcios privados.
Además de rifar el patrimonio del Estado, las privatizaciones causaron miles de despidos. Los trabajadores enfrentaron los planes privatistas, protagonizando una de las mayores resistencias al proyecto neoliberal; la entrega de las luchas es un logro que las direcciones sindicales pueden adjudicarse, la consolidación de una burocracia “empresaria” comprada con las prebendas de los negocios de la entrega nacional fue uno de los procesos que explica la consolidación del menemismo.
El Plan de Convertibilidad ideado por el ultraliberal Domingo Cavallo en 1991 fijó por ley una paridad del tipo de cambio, el 1 a1. El plan limitaba al Banco Central a la emisión de pesos solamente con un respaldo equivalente en dólares, es decir que se necesitaba permanentemente una entrada de dólares en la economía, por ingreso de capitales extranjeros o más endeudamiento. La convertibilidad, base de la estabilidad que le dio al gobierno base social, se basó en una monumental fuga de divisas. Durante los gobiernos de Menem la deuda subió un 123 %. Cuando el gobierno acordó con el Fondo la deuda ascendía a 63.000 millones de dólares; a fin del gobierno menemista, llegaba a 146.000 millones, habiendo pagado entretanto 116.000 millones.
La ofensiva neoliberal sobre América Latina tuvo, así, un pilar fundamental en el endeudamiento de la región; este proceso se convirtió no solo en un mecanismo de sujeción sino en una gran posibilidad de negocios para los capitales imperialistas.
Ofensiva contra los trabajadores
Como parte de la ofensiva neoliberal, un objetivo del gobierno de Menem fue la “flexibilización” de las condiciones de trabajo, es decir, la eliminación de un conjunto de derechos laborales. Una de las primeras medidas se proponía limitar las acciones de lucha obrera y se buscó reglamentar el derecho de huelga en 1990; después de imponer diversas medidas que precarizaban el trabajo, en 1991 se sancionó la Ley de Empleo (24.013) que promovía los contratos flexibles y temporarios, ajustadas por decretos presidenciales en los años siguientes; y se dictaron nuevas leyes que habilitan los “aumentos por productividad”, atacan las indemnizaciones, permiten la movilidad horaria, las 12 horas de trabajo continuo sin pago de horas extras y el fraccionamiento de las vacaciones.
Estos avances contra los derechos laborales implicaron el aplastamiento de conquistas obtenidas por los trabajadores en décadas de lucha que habían sido atacadas por todos los gobiernos desde la llamada Revolución “Fusiladora” en 1955 hasta la dictadura de 1976 y que incluso esta, con la brutal represión que derrotó la movilización revolucionaria de los años previos, no habían podido eliminar. [1] Gran logro de las clases dominantes argentinas impuesto sobre la derrota que la hiperinflación impuso sobre las masas trabajadoras junto con el temor a perder el trabajo en un mar de desocupados.
La traición de las direcciones sindicales alineadas con el gobierno, entregando los derechos de la clase obrera a cambio de migajas - que para muchos de los dirigentes implicó un escandaloso enriquecimiento personal- merecería un capítulo aparte; no debemos olvidar los trabajadores y trabajadoras el gran servicio prestado por los burócratas a una patronal que se enriqueció con el aumento de la productividad, la reducción de los costos laborales y los salarios reales, es decir, con el empobrecimiento de las mayorías populares.
Se generaliza la resistencia. Crisis económica y fin del gobierno de Menem
Cuando el 16 de diciembre de 1993, miles de santiagueños se movilizaron provocando la caída del gobierno provincial tenía lugar uno de los levantamientos más importantes de la década menemista y comenzaba una etapa de resistencia que, hacia mediados de la década se combinaría con la crisis económica que, pese a lograr Menem la reelección en 1995, abriría una reconfiguración de las fuerzas políticas con la conformación de una nueva coalición, la Alianza, que ganará las elecciones en 1999.
Durante el segundo quinquenio de la década se generalizaron formas de resistencia de la clase obrera y los sectores populares tomando forma el movimiento de desocupados y abriendo una serie de rebeliones provinciales, al calor de la resistencia a la privatización de YPF y Gas del Estado y los despidos masivos en Tartagal-Mosconi (Salta) y Cutral Có-Plaza Huincul (Neuquén) en 1996 y 1997, con innovadoras formas de lucha y la recuperación de tradiciones de los explotados: cortes de rutas, piquetes, asambleas populares.
A partir de 1998 la economía entró en una recesión que se extendería por cuatro años enviando a más de la mitad de la población a la pobreza. La convertibilidad comenzaba a morir, pero el nuevo gobierno de la Alianza encabezado por el radical Fernando de la Rúa le daría una sobrevida de la mano del ministro de Menem, Cavallo.
El mantenimiento del plan menemista permitió a los grandes empresarios fugar sus dólares, pero los ahorros de la clase media quedaron en el “corralito”. A partir de ahí la acción popular sintetizada en la fórmula “piquetes y cacerolas” confluyó en las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 que derribaron primero al ministro de economía y obligaron después al propio presidente a abandonar la Casa Rosada en helicóptero. Así, la movilización de amplios sectores populares logró infundir verdadero temor a la burguesía y a su régimen político, al grito de “que se vayan todos”; consigna que hoy es bastardeada por Milei y su partido que gobernará con toda la casta.
En los años siguientes, la etapa de la historia argentina comenzada en 1983 conocería un nuevo momento; una gigantesca devaluación llevada adelante por el peronismo nuevamente en el poder, con Eduardo Duhalde a la cabeza, profundizó las penurias de las masas populares mientras una nueva experiencia de lucha tomaba forma: la recuperación y puesta en funcionamiento de fábricas cerradas por los empresarios [2]; y el régimen ponía en funcionamiento de nuevos mecanismos de contención durante los años kirchneristas.
