“Es a la Constitución y a España a lo que me quiero referir”, así arrancó el discurso de Nochebuena de Felipe VI después de un breve preámbulo - una mera formalidad - en el que en unos segundos mencionó otros “problemas” que no iba a tener tiempo de abordar: “dificultades económicas y sociales que afectan a la vida diaria de muchos españoles”, “el empleo, la sanidad, la calidad de la educación, el precio de los servicios básicos” o la “violencia contra la mujer”.

El monarca vino a decirnos, “ya sé que os preocupan otras cosas, pero yo, que soy muy rey, os vengo a hablar de lo importante ¡Que no os enteráis!”. Y a ello se dedicó, durante 10 minutos largos, a recordarnos que esta figura, con nómina directa de 8 millones anuales, está aquí para salvaguardar las esencias más reaccionarias del régimen de 78.

La elección del binomio España-Constitución tenía para este objetivo más sentido que nunca. El discurso de 2023 tenía que servir para dar la posición de la Corona sobre la enorme crisis institucional abierta a raíz de los acuerdos de investidura entre el gobierno de coalición y el independentismo catalán.

La amnistía parcial presentada en las Cortes y las promesas de investigación sobre los casos de lawfare, han enervado a la derecha, la extrema derecha y la casta judicial como nunca. Además de la agitación callejera en Ferraz y las multitudinarias manifestaciones convocadas por Feijoó, el Estado profundo y la derecha se preparan para mantener una guerra soterrada durante los próximos meses o años con dos objetivos, uno de máxima y otro de mínima.

El primero sería lograr la caída del gobierno y un adelanto electoral en breve. El segundo, si esto no se consigue, una política de “control de daños”, que deje todo en un perdón procesal a los independentistas a cambio de su reintegración en el régimen - el programa del PSOE y Sumar - pero mantenga intacta la principal herramienta de intervención de los poderes no electos en la política: el todopoderoso “partido de las togas”. Felipe VI irrumpió en las televisiones y radios generalistas ayer, para dar su respaldo a este plan.

Partió de su habitual defensa de la Constitución, con algunos grados más de fiebre que lo habitual. Nos recordó los 45 años de “paz y convivencia” que nos ha brindado la Carta Magna. Un discurso legitimista del 78 - una Constitución solo pudo votar el 20% de los vivos actuales - que cada día recuerda más a la campaña de “25 años de paz” del desarrollismo franquista.

Este año, además, rememoró la democratiquísima continuidad dinástica. Felipe VI nos habló de la jura constitucional de la princesa Leonor en la superfiesta de 18 cumpleaños que le organizó el gobierno de coalición. Una mención que vino a ser su particular “por 45 años más de paz”.

Pero este año quiso subir la apuesta de elogios constitucionalistas. El respeto al “marco constitucional” quedó presentado como condición de posibilidad para que este siga “amparando, garantizando y protegiendo” derechos como el empleo, la sanidad, el acceso a una vivienda, un retiro digno… Enumero todo esto sin que se le escapara la risa - el muy Borbón - mientras bendecía la Constitución, que lo que realmente ha garantizado es una democracia para ricos, con un paro estructural siempre por encima del 10%, un 20% de pobres o centenares de desahucios al día.

Después de convencernos de lo afortunados que somos por vivir en la Arcadia del 78, el monarca nos explicó como esta perfecta armonía no puede tocarse ni un pelo, salvo que deseemos caer en el mismísimo infierno. Esta fue la parte del discurso por la que hoy, tanto PP como Vox le han felicitado entusiastas.

Nos dijo que “para que la Constitución desarrolle plenamente su cometido”, debemos conservar “su identidad, lo que la define, lo que significa” y, muy importante, “que preservemos su integridad”. De lo contrario, nos advirtió, “no hay democracia ni convivencia posibles, no hay libertades, sino imposición, no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución, no hay una España en paz y libertad”. Todo un alegato explícito, no solo en defensa de la Carta Magna, sino en contra de cualquier reforma de la misma.

Esta identificación entre el texto del 78 y la misma “España” - tan explícito como lo fue durante décadas la establecida con los “Principios del Movimiento” - le sirvió de entrada para recalcar que esta prosperidad se ha basado en la sagrada unidad territorial: “la razón última de nuestros éxitos y progresos en la historia reciente ha sido precisamente la unidad de nuestro país. Basada en nuestros valores democráticos y en la cohesión, en los vínculos sólidos del Estado con nuestras comunidades autónomas y la solidaridad entre todas ellas”.

Por último, pero quizá lo más importante, el rey quiso hacer un respaldo abierto a la defensa del baluarte civil que acompaña su tarea guardiana del 78: los jueces. En el cómo preservamos de las amenazas que se ciernen sobre el marco constitucional, puso el acento en la defensa de la independencia y separación de poderes. Exhorto a que “todas las instituciones” se conduzcan “con la mayor responsabilidad y procurar los intereses generales con lealtad a la Constitución, cada cual en el lugar, ejerciendo la funciones que la Constitución les señala”.

Felipe VI intervenía así en defensa explícita de la Judicatura y de los crecientes cuestionamientos al papel ejercido, en especial en la última década, como árbitro y agente directo contra el independentismo y otras expresiones políticas que el búnker consideró necesario “meter en vereda”. Esta defensa de la no injerencia contra los todopoderosos togados es justamente el discurso de la derecha, la extrema derecha y los propios jueces, para evitar cualquier investigación o limitación a este rol, por otra parte, facilitado también por el mismo PSOE en todos estos años.

Sobre la política exterior española, las menciones han sido episódicas, pero relevantes, lo mismo que sus silencios - ni una palabra del genocidio llevado adelante por Israel en Gaza-. No ha faltado la tradicional mención a la “profunda vocación iberoamericana” - es decir, a las políticas imperialistas en el continente que sus antepasados colonizaron - y esta vez también a los éxitos de la presidencia trimestral española de la UE que saludó por haberse “reforzado la unidad de Europa”. Un respaldo a una de las políticas del gobierno “progresista” que copia el programa de la extrema derecha, la del acuerdo para endurecer las políticas de asilo y favorecer las expulsiones de migrantes del continente.

Las reacciones de los partidos al discurso han sido las esperables. La derecha y la extrema derecha las han agradecido y hecho suyas. No ha sido un discurso del 3 de octubre, cuando Felipe VI se sumó al “a por ellos” contra el independentismo, pero sí un respaldo importante a sus planes para la próxima legislatura.

El PSOE ha echado en falta que tratara temas sociales, mientras se hacía el “esto no va conmigo” respecto a la asunción de las tesis del búnker. Toda una señal de que “captan el mensaje” y se disciplinarán a su Majestad, como ya están haciendo en su negativa a investigar los casos de lawfare en el Congreso. Sus socios de Sumar, han lamentado también más lo que “no trató” que lo que dijo. Aunque han criticado que no hiciera referencia a la amenaza de la extrema derecha para la democracia, como si esta y la Corona fueran cosas muy distintas.

El resto de socios parlamentarios de PSOE y Sumar, así como Podemos, han elevado el tono de sus críticas al discurso, la monarquía y el rol que pretende jugar de defensa del inmovilismo. Sin embargo, como con todos los discursos “republicanos por un día” a los que nos tienen acostumbrados, ninguno ve contradictorio seguir siendo la muleta de un gobierno que no sacará los pies del plato del “marco constitucional” y sus esencias, que Felipe VI recordó que deben mantener por cuatro décadas más el “atado y bien atado”.

Se volvió a demostrar esta Nochebuena que la Corona es el pilar de todo un andamiaje institucional reaccionario defendido a muerte por la derecha, pero también por el “progresismo” y sus socios que están tratando de reformarlo para darle una pátina algo más potable. Así como, que terminar con ella sigue siendo una tarea democrática elemental para la consecución de cualquier aspiración democrática y social que choque con los estrechos límites del sacrosanto marco constitucional del 78, desde el derecho a decidir, hasta poner fina una democracia para ricos al servicio de los grandes capitalistas.