El gobierno de PSOE-Sumar ha aprobado oficialmente la prohibición de desahucios hasta 2025 incluida en el llamado "decreto anticrisis", medida promovida por la formación vasca. En distintos medios esto se está anunciando como una prohibición total, pero como denuncian distintas organizaciones, entre ellas la PAH de Vallekas, una medida como esa es jurídicamente imposible en el sistema capitalista.
En lo que realmente se traduce esta medida es en la posibilidad de recurrir en cualquier momento las sentencias de lanzamientos y su fecha y hora, estas últimas no decretadas por el juez sino por los servicios de notificaciones y embargos. Este cambio procesal ha permitido frenar el 30% de los desalojos, anuncia la PAH, en la que la mayoría de casos que sufren sus afectados han podido ser detenidos apoyándose en la nueva medida.
Esto, sin embargo, no es una solución definitiva ni del todo efectiva. Para poder recurrir la sentencia previamente es necesario que los servicios sociales o servicios sociales ampliados hayan certificado la vulnerabilidad de les habitantes. Para lograr esto influye el nivel de ingresos, la presencia de menores y/o personas dependientes, personas con enfermedades crónicas, víctimas de violencia de género, etc.
Además el juez puede desestimar en cualquier momento esta certificación o demás alegatos de la defensa jurídica y existen mil trabas burocráticas que dificultan extremadamente la aportación de pruebas. Para dificultar aún más las cosas, el decreto excluye directamente los casos de usurpación de pequeños tenedores, de vivienda pública, social y del tercer sector.
La Ley de Vivienda aprobada hace año y medio y este nuevo “Decreto Anticrisis” son políticas meramente asistenciales y tremendamente limitadas, medidas tan básicas como la obligación del alquiler social se han quedado fuera, y ni hablemos de la limitación a los precios de los alquileres, que solo verán una imposibilidad de la subida por encima del 3%, cuando ya se encuentran a un precio inaccesible para la enorme mayoría de la clase trabajadora en ciudades como Madrid o Barcelona.
A esto sumemosle el aumento del precio de la energía y los productos básicos de los últimos años, la situación es cada vez más precaria. En el Estado Español 12,3 millones de personas estuvieron en situación de riesgo de pobreza o exclusión social en 2023, según el último estudio de EAPN España. La crisis general que vivimos la clase trabajadora y en especial la juventud y las migrantes no nos la van a resolver parches como estos.
Mientras Bildu y el gobierno “más progresista de la historia” que este año renueva mandato se cuelgan medallas por aprobar leyes que no llegan al mínimo más mínimo necesario para tener un impacto real, en realidad se dedican a proteger las ganancias de los capitalistas y a ser sus gestores “amables”. Este nuevo decreto en ningún caso es una prohibición de los desahucios e incluye medidas tan "anticrisis" como la vuelta del IVA del 5% al 10% en la factura de la luz.
Para conquistar algo así, para acabar con la crisis de la vivienda, la pobreza energética, la precariedad laboral y un largo etcétera de males que sufrimos no podemos confiar en el PSOE, en Sumar, en Podemos o en el próximo partido reformista que les siga. Un ejemplo es ver la realidad de los desahucios que continuaron mientras supuestamente se prohibieron durante la pandemia. Solo lo conseguiremos poniendo en pie un gran movimiento de la clase trabajadora aliada con sus sectores más oprimidos, socialista y revolucionario. Como solemos decir, no se combate a una derecha de verdad con una izquierda de mentira, y al capitalismo tampoco. | 
