Como venimos planteando, con la derogación de la Ley de Tierras el remate de tierras del país a magnates y multinacionales extranjeras que vienen por el litio, el agua y los bienes naturales avanza, incluso en territorios indígenas reclamados por los pueblos originarios.
La ley es un freno mínimo. Establece restricciones para impedir que las mismas queden en manos de sectores capitalistas extranjeros. Un tope del 15 % y que no puedan quedarse con espejos de agua dulce, riberas, humedales e incluso zonas de frontera. Sin esta ley, Elon Musk tiene aval para adueñarse de un salar para agotar todo el litio y el agua, o Benetton de seguir apropiándose de paraísos de territorio mapuche.
¿Y esto por qué?
Hay una deuda histórica del Estado nacional y las provincias con los pueblos indígenas. La entrega de los títulos comunitarios de tierras. No es casual que no hayan entregado todos estos años los mismos mientras avanza la política extractivista minera, del agronegocio o el turismo impulsada por los gobiernos de turno.
Si bien la lucha durante décadas hizo que el Estado reconozca y adhiera a tratados de derechos indígenas, lo real es que ni siquiera cumplen fallos judiciales a favor de las comunidades o la Ley 26.160 que reconoce la posesión y propiedad de tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas e impide los desalojos en sus territorios.
Tras 18 años de su existencia y 3 prórrogas de la Ley por la movilización de los pueblos, sólo se relevaron un poco más del 38% de las tierras comunitarias en todo el país. En Jujuy, el relevamiento avanzó un poco más, pero la entrega de títulos comunitarios de tierra no supera ni los 50, cuando son unas 400 comunidades que viven desde tiempos ancestrales en lugares donde hoy está puesta la lupa por potencias imperialistas como los Estados Unidos o China.
Milei prepara el remate de las tierras a los extranjeros, inclusive las que hoy el Estado reconoce pero no entrega los títulos a las comunidades indígenas como sucede con las 33 Comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc donde hay litio. A la par, pretende dejar sin efecto la Ley 26.160.
En el 2021 siendo diputado nacional presentó un proyecto en el Congreso con Victoria Villarruel para derogar la misma, pero además como buen monarca podría derogar también por decreto. Sin LEY, el Estado podría avanzar en desalojos de las comunidades de sus territorios y venderla al mejor postor nacional o extranjero.
La lucha de los pueblos y las comunidades indígenas durante la Reforma de Morales y el PJ en Jujuy, mostró la valentía de quienes siguen resistiendo durante siglos, y que pusieron sobre la mesa la deuda histórica y el saqueo actual. Ese coraje para cortar las rutas en lugares claves, potenció la lucha docente y del resto del pueblo trabajador jujeño para tirar la Reforma.
Necesitamos profundizar la importante pelea que dimos, para los tiempos que vivimos. Este 24 de enero, esta agenda se tiene que expresar en el paro convocado por la CGT y la CTA, para que sea un paro activo y un plan de lucha, donde el abajo el DNU y la Ley Ómnibus, sea también en defensa del territorio, el agua y la vida, y por los derechos de los pueblos indígenas, como lo votó la Coordinadora por una Asamblea Provincial por el paro y un plan de lucha para derrotar el plan Milei., y como también han expresado distintas comunidades, referentes y sus organizaciones.
Arriba las Whipalas, abajo el paquetazo de Milei y la Reforma de Morales.
Entrega inmediata de títulos comunitarios a los pueblos originarios en todo el país.
Vigencia de la Ley de Tierras y de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial sin plazos. Ninguna modificación a la Ley de Glaciares y de protección de Bosques Nativos.
Basta de persecución. Anulación de las causas a hermanas y hermanos del Tercer Malón . | 
