Según lo avanzado por la investigación, estos militares son responsables por omisión de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y estaban relacionados con el grupo criminal Guerreros Unidos, grupo del crimen organizado corresponsable de la desaparición de los 43.

La liberación con fianza fue dictada por la Juez Segunda de Proceso Penales Federales del Estado de México, esto después de que los abogados de la SEDENA a cardo de la defensa legal de los miembros del Ejército Mexicano interpusieran un amparo contra la prisión preventiva y de que el juez del amparo resolviera que esta medida debía revisare “en razón de que existen nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen que la prisión preventiva ya no opera de oficio, sino que se debe justificar”

A través de un comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, que ha dado acompañamiento a los padres y madres de Ayotzinapa, señalan que:

“La Juez tenía elementos suficientes para dictar Prisión Preventiva Justificada. Se trata de un caso grave, el tipo de delito de desaparición forzada tiene una penalidad alta. Si en el proceso los militares saben que existe responsabilidad penal por su mala actuación, es muy probable que se den a la fuga, por lo grave del delito. Otro elemento para imponer la prisión preventiva es que los militares son servidores públicos que poseen información relacionada con el caso, y por lo mismo pueden influir en la destrucción o alteración de documentos y testigos, obstaculizando seriamente el proceso.“

Del mismo modo denuncian qué hay un “giro de timón” por parte del presidente para encubrir a los militares e impedir que sean procesados, además de que denuncian que la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa está “casi desmantelada”.

Respecto a la renuncia del ex subsecretario, Alejandro Encinas, mencionan que se dio en una situación de mucha tensión ante la negativa del ejército de liberar la información necesaria para avanzar en el caso.

Respecto a Arturo Medina que ahora está a la cabeza de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, denuncian que al igual que el fiscal especial están al servicio del poder Ejecutivo y que no tienen el conocimiento del caso necesario para llevarlo a buen puerto.

El presidente ha señalado en distintas mañaneras que los padres y sus abogados no se conforman con los tres meses que ofreció para que se revisen los documentos del ejército, sin embargo el Centro Tlachinollan aclara que lo que debe liberarse son los 800 folios específicos que solicitaron los padres y madres, pues el problema es que la orden del ejecutivo fue la “apertura total de los archivos” y que el problema reside en que no puede hacerse una “revisión generalizada sin ton ni son” que es lo que estaría buscando el fiscal pues no cuenta con el “conocimiento exhaustivo de las líneas de investigación” que se requiere para avanzar en el caso. Lo que en palabras del organismo de derechos humanos, apunta a “limpiar la imagen del ejército porque seguramente no se podrán encontrar documentos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas” por lo que la revisión está “condenada al fracaso”.

Hace un mes fue liberado el general Rafael Hernández Nieto. Esto se suma a la cancelación de 16 órdenes de aprehensión contra militares implicados en el caso que se dio en el 2022 por presiones políticas del presidente y del fiscal general Alejandro Gertz Manero, según señala el centro defensor de derechos humanos. Del mismo modo, denuncian que la fiscalía no ha atendido la petición de extradición de Tomás Zerón de Lucio.

El presidente ha repetido hasta el cansancio que los organismos de derechos humanos independientes que acompañan a los padres y madre de Ayotzinapa están buscando entorpecer el esclarecimiento del caso, e incluso ha señalado que están vinculados con los responsables de la desaparición de los normalistas.

Esto mientras su gobierno privilegia el diálogo con un grupo de familiares que ha sido señalado por sus vínculos con la familia de Abarca y por no tener interés en el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas.

A contramano de lo que el gobierno prometió a inicios de este sexenio, su gobierno no solo no ha resuelto el caso, no se encarceló a un solo responsable más, se han liberado implicados directos e indirectos, se ha permitido y defendido la opacidad de los mandos castrenses, e incluso se ha criminalizado a los familiares que exigen justicia.