Mientras Cathy Barriga, militante de la UDI y ex alcaldesa de Maipú, alega por medio de sus representantes como medida cautelar un arresto domiciliario nocturno tras ser imputada por fraude al fisco en más de 30.000 millones, bajo el pretexto de ser “madre protectora”, cientos de mujeres que también son madres se exponen a las condiciones más precarias de maternidad y cuidados en las cárceles de Chile.

Tanto Leasur ONG como Amnistía Internacional, revelaron cifras y antecedentes de casos que se relacionan con miles de mujeres, madres, que la justicia jamás consideró con alternativas cautelares como el arresto domiciliario y sin embargo, las encerró en diferentes recintos penitenciarios.

Estamos hablando de que un 74% de las mujeres privadas de libertad en Chile son madres, donde una gran cantidad ejerce la maternidad de menores de 3 años al interior de la cárcel, expuestas ellas y sus hijos e hijas a condiciones de insalubridad, hacinamiento y escasa atención médica. La mayoría sin la más remota posibilidad de costear una defensa como la de Cathy Barrigas, cuestionada por los propios dichos de Amnistía Internacional que declara: “La aplicación de la justicia no debería cambiar porque tengas más dinero, contactos, influencia o poder”.

Según los últimos datos entregados por gendarmería, actualmente existen 4.114 mujeres privadas de libertad, de las cuales 3.368 (74%) declaran tener hijos vivos. De este grupo, 2.352 tienen hijos que son menores de 18 años, y la mayoría de estas mujeres ostentan la responsabilidad de criar entre 1 y 4 hijos. El grueso de estas cifras son encabezadas por mujeres en condición de pobreza o extrema pobreza, que quedan a su suerte junto a sus hijos dentro de los recintos penitenciarios o que deben exponerse a la separación y una vida llena de incertidumbre respecto a la crianza por el modelo penitenciario. Un dato no menor es que según cifras del IPP Diego Portales, cuando el padre está en prisión 64,5% de los niños siguen viviendo con su madre, pero cuando la madre está privada de libertad sólo un 40% viven con su padre.

Pero si ser mujer, madre y pobre en Chile ya es una cruda realidad que expone a miles de mujeres a los trabajos más precarios, a encabezar las listas de despidos en las empresas cuando hay recortes, a cargar con una doble jornada laboral dentro y fuera del hogar; ser todo esto y a la vez organizarte por tus derechos es altamente penado por la ley y la justicia que defiende el modelo actual. Cómo olvidar el caso de Lorenza Cayuhán, comunera Mapuche detenida el 2015 estando embarazada de 4 meses, que fué sometida a una cesárea de urgencia engrillada y en presencia de un gendarme para luego ser devuelta a la cárcel con su hija Sayen.

El impacto del caso motivó al impulso de un proyecto que busca modificar el Código Procesal Penal para que personas gestantes que estén embarazadas o tengan hijos menores de 3 años puedan acceder a beneficios, sin embargo se queda corto para enfrentar el problema estructural de desigualdad y violencia que viven miles de mujeres en nuestro país.

Casos como el de Cathy Barriga nos enrostra una vez más que en Chile hay una justicia para quienes se benefician del modelo económico actual (clases de ética para los empresarios coludidos, arrestos domiciliarios en sus parcelas para alcaldesas o policías corruptos o cárceles de lujo para los torturadores de la dictadura) y otra con las penas más duras para la inmensa mayoría de la población, donde así como en la realidad fuera de las cárceles, dentro de ellas, siguen siendo las mujeres pobres las más expuestas a la miseria y la precarización.