El proyecto de Ley Ómnibus -que se dispone a tratar el Congreso Nacional, con apoyo de los bloques dialoguistas- incluye un artículo (el 383) que declara servicio esencial a la Educación, con el explícito objetivo de limitar el ejercicio del derecho de huelga. Frente a esto, las conducciones de los sindicatos docentes como CTERA, SUTEBA, Ute y otros sindicatos de base se limitan a una denuncia por redes sociales. Hoy, además, no estarán movilizando al Congreso.
Se considera a la educación como un servicio esencial que, en caso de alguna medida de fuerza, debe garantizar un servicio “mínimo”, consistente en no menos del 75% de la prestación normal. Así, sea por la vía del DNU o por la de la Ley Ómnibus, las y los docentes veríamos restringido a un nivel casi prohibitivo nuestro derecho de huelga que, en nuestro caso, además del salario, implica la defensa de la escuela pública y de las condiciones de vida de nuestros estudiantes.
Declarar “esencial” la educación ¿significa que el gobierno le dará más presupuesto a la educación, construirá más escuelas, bibliotecas, distribuirá tecnología y libros a todos los estudiantes o dispondrá de más dinero para una formación docente continua, gratuita y en servicio?
De ninguna manera. El solo hecho de congelar las partidas presupuestarias para Educación, con el presupuesto del año pasado y con una inflación que la triplica, significa su desfinanciamiento y vaciamiento. En un contexto de más del 60% de pobreza en niños, niñas y adolescentes, significa menos dinero para cada estudiante.
Desde el mismo punto de vista, la discusión con las provincias -cuyos gobernadores se aprestan por un poco más de dinero a indicarle a sus diputados votar la Ley Ómnibus- y dada la herencia de las leyes menemistas en la educación de descentralización financiera que aún se mantienen y ningún gobierno resolvió, tendrán mucho menos dinero para invertir en educación y pagar salarios.
Matías Cremonte, presidente de Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), estuvo presente en las comisiones de Diputados donde se discutió la norma. Allí, exponiendo sobre los ataques al derecho laboral con la Ley Ómnibus, escribió en Tiempo Argentino que “limitar los reclamos docentes y sus consecuencias es una obsesión de los gobiernos. Lo contradictorio del asunto es que sólo ven la esencialidad de la educación cuando se ejerce el derecho de huelga, y no en los momentos en los cuales verdaderamente deben advertir su importancia: al elaborar el presupuesto, al asignar recursos, al negociar salarios. En esos y otros aspectos son en los que se demuestra la importancia que los gobiernos le dan a la educación.”
No es el primer gobierno que lo intenta. En campaña electoral vimos estas propuestas de la mano de Bullrich, Massa y hasta la propia Cristina Fernandez sugirió -en una de sus clases en la Universidad- que había que discutirlo.
Pero ¿qué dicen las leyes? La educación no es servicio público esencial según los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los que la Argentina adhirió y que tienen rango constitucional. El Comité de Libertad Sindical en reiteradas oportunidades ha señalado que sólo pueden considerarse como tales aquellos cuya interrupción pueda acarrear “una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población” y ha establecido que la educación no es un servicio esencial dado que su interrupción no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población. En 2017 la Corte Suprema de Justicia ya declaró inconstitucional un decreto que declaraba la educación básica e inicial como esencial, cerrando la discusión legal.
El gobierno además se basa en las leyes existentes para realizar una ofensiva en el ingreso de empresas, ONG y fundaciones para financiar y sponsorear cooperadoras, un pedido del FMI, el Banco Mundial y la OCDE para hacer negocios con la educación. En primer lugar está ordenado pedagógica y políticamente como un “servicio” y no como un derecho social. Es una clara orientación hacia una Educación cada vez más de mercado, meritocrática e individualista, como proponen los organismos de créditos internacionales y las grandes patronales. Mientras atacan nuestro derecho huelga, atacan a los contenidos que enseñamos y aprendemos en las escuelas como el ambiental, derechos humanos y género.
Es decir lo esencial para el Gobierno es mercantilizar aún más la educación. Por eso esta tarde nos concentramos en las puertas del Congreso para rechazar este ataque y desde las asambleas populares, desde el sindicalismo combativo y la izquierda las y los docentes participamos con una fuerte exigencia a la conducción de CTERA-CTA y la CGT a darle continuidad al paro nacional y masiva movilización del pasado 24 de enero con un plan de lucha nacional hasta derrotar el plan de ataque de Milei. | 
