La injerencia imperialista actúa de manera descarada y vuelve a la carga con la retomada de las criminales sanciones o medidas coercitivas unilaterales que solo afectan al pueblo de Venezuela. Con su usual prepotencia la Casa Blanca advirtió al Gobierno venezolano que “tiene de límite hasta abril” para cumplir con los acuerdos alcanzados con la oposición de la derecha antes de que Estados Unidos tome decisiones sobre sanciones. El detonante ha sido la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ratificar el pasado 26 de enero lo que ya era un secreto a voces, la inhabilitación de María Corina Machado.
El Gobierno de Biden informó el martes su decisión de no renovar, a partir de abril, la Licencia General 44 que había otorgado en apoyo al acuerdo de Barbados, firmado en octubre del año pasado, según un comunicado que difundió el Departamento de Estado. La licencia, que había expedido la Casa Blanca al sector petrolero y de gas venezolano, expira el 18 de abril de 2024.
Esta decisión se une a la difundida el lunes, que revoca la licencia que autorizaba transacciones con CVG Minerven, empresa estatal que se dedica a la minería de oro. Según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU., toda empresa estadounidense que negocie con Minerven tiene hasta el 13 de febrero para "cerrar transacciones" con la misma.
En respuesta la vicepresidenta Delcy Rodríguez, advirtió que revocarán a partir del 13 de febrero los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y revisarán “cualquier mecanismo de cooperación existente” con EE.UU. “Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos”, declaró Delcy Rodríguez.
Lejos de una medida realmente antiimperialista que afecte los intereses de Estados Unidos en el país, el gobierno de Maduro amenaza con tomar una acción que afecta de manera directa a miles de migrantes venezolanos que se encuentran detenidos en pésimas condiciones y tratados como delincuentes. Se trata de millares de venezolanos y venezolanas, incluyendo niños, que fueron apresados intentando ingresar en Estados Unidos en función de la miseria que viven en Venezuela y en busca de trabajo o nuevas oportunidades de vida, miseria de la cual es responsable el propio gobierno venezolano, y desde hace unos años también indirectamente los gobiernos de EEUU por las sanciones que perseguían terminar de ahogar la ya crítica economía nacional.
Muchas son las empresas estadounidenses que operan en Venezuela y no solo en el sector petrolero y gasífero, que luego de las políticas aperturistas del Gobierno de Maduro operan con grandes ventajas incluso con una mano de obra considerada de las más baratas del mundo, obteniendo grandes ganancias que repatrían casi en su totalidad, y a veces hasta en un 100%, a sus casas matrices en las potencias capitalistas. Pero a todas estas empresas ninguna afectación. En cambio, decide la suspensión de los vuelos de repatriación en medio de un endurecimiento inédito de las políticas antiinmigrantes y la crisis abierta en Texas, que seguirán padeciendo las inclemencias y el trato de delincuentes, cerrándoles la opción de volver por esa vía si así lo desean.
Voceros de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), que impulsa La Izquierda Diario, han ratificado el rechazo de las medidas criminales de las sanciones imperialistas, y denuncian la prepotencia imperialista con la retomada de las mismas. Al mismo tiempo rechazan la política del Gobierno de Maduro de la suspensión de los vuelos, usando a los migrantes como fichas de cambio. Denuncian las deportaciones forzadas y exigen centralmente para los inmigrantes en EEUU todos los derechos básicos a residencia y trabajo. La opción para aquellos que así lo deseen del retorno y dejar de estar presos expuestos a condenas y mayores penalidades carcelarias, debe estar abierta.
Milton D’León, de la LTS, enfatiza ante la situación imperante que: "Estamos ante una combinación brutal de políticas reaccionarias por donde quiera que se mire. María Corina es una empresaria y política reaccionaria que siempre quiso hacerse del poder por la fuerza, sin importarle la voluntad del pueblo, participó en cuanto golpe o intento de ese tipo hubo contra Chávez; ya en el período de Maduro, un gobierno claramente odiado por la mayoría del pueblo, ésta quiso que fuera Estados Unidos el que impusiera el gobierno en Venezuela, pidiendo no solo esas sanciones sino incluso intervención militar. Pero la medida de proscripción que hace Maduro, un gobierno cuasi-dictatorial, es una medida claramente antidemocrática contra el derecho de la gente a decidir por quién votar. En respuesta los EEUU vuelven con sus medidas criminales contra el pueblo, y Maduro responde convirtiendo reduciendo a los migrantes venezolanos a meras armas de profundización de la crisis interna de EEUU, un país donde, a su vez, los gobernadores de estados fronterizos como el de Texas y el Gobierno Federal se pelean por ver quién trata peor a los inmigrantes sin papeles".
En tal sentido el dirigente de la LTS es categórico, afirmando que: "Rechazamos toda esta podredumbre de estos políticos y gobiernos capitalistas, rechazamos las políticas estadounidenses de deportaciones forzadas y exigimos para los inmigrantes en EEUU todos los derechos básicos a residencia y trabajo, exigimos el cese de la persecución, al mismo tiempo que exigimos que el gobierno venezolano mantenga abierta la vía de los vuelos de repatriación para quienes así lo decidan o lo requiera como opción ante la persecución y dramáticas condiciones impuestas en EEUU. No somos barajita de cambio, nuestras vidas valen, basta de que nuestras vidas sean solo un cálculo en los juegos de poder de tantos políticos burgueses reaccionarios". |
