Hace unos días, fue confirmado el pronóstico que varios economistas habían realizado: la economía chilena atraviesa una contracción de su actividad que empuja al país a una recesión.

El índice de medición de la actividad económica (IMACEC) arrojó que la economía chilena se contrajo un 1% durante el mes de diciembre, dando un promedio de un decrecimiento de la actividad económica del 0,2% durante el año 2023, contraviniendo así los pronósticos del Ministerio de Hacienda que sostenía que durante el año 2023 el país no crecería pero tampoco caería en su actividad económica.

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) fue publicado por primera vez en 1986, cumpliendo con los objetivos para los cuales fue concebido. En la actualidad, constituye un indicador ampliamente utilizado para el seguimiento de coyuntura y la elaboración de proyecciones económicas. El cálculo del IMACEC se basa en múltiples indicadores de oferta que son ponderados por la participación de las actividades económicas dentro del PIB en el año anterior. Estos indicadores están "anclados" a los resultados de las Cuentas Nacionales Anuales y trimestrales mediante técnicas de desagregación temporal. Es decir, el cálculo se realiza mes a mes para observar coyunturalmente cómo evolucionan los indicadores de la economía.

La principal caída de la actividad económica obedece a una fuerte disminución en la producción industrial, actividad bastante rezagada en nuestro país. La producción de bienes cayó un 3,2%, resultado que se explicó por la baja del 3,6% en la minería, seguido del resto de bienes que presentaron un descenso del 1,3%. En tanto, la industria presentó una caída del 2,3%.

El elevado precio del dólar, que supera los 900 pesos al cierre de esta edición, producto de las políticas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, golpea fuertemente a los productores en la medida en que gran parte de sus insumos deben ser importados de países altamente industrializados.

Se esperaba que el consumo aumentara con el fin del alza de la tasa de interés por parte del Banco Central. Sin embargo, la actividad comercial presentó una disminución del 3,8% en términos anuales. Este resultado fue explicado por todos sus componentes, principalmente por el comercio mayorista, donde destacaron las menores ventas de alimentos y bebidas. En tanto, el comercio minorista registró menores ventas en supermercados y grandes tiendas.

El hecho de que este no se elevara lo suficiente, especialmente en diciembre, que es uno de los meses donde aumenta el consumo en los hogares, nos permite deducir que los más de 20 meses de política monetaria restrictiva, sumado a la inflación y la caída de los salarios aún impactan fuertemente en los bolsillos de la clase trabajadora. Si a esto sumamos la reciente alza del desempleo que se ubica en un 8,8%, vemos claramente quiénes están pagando las políticas del ministro de economía.

Este resultado de caída en la actividad económica tiene varias explicaciones. A nivel estructural, Chile viene en un estancamiento económico desde hace más de una década producto del agotamiento del modelo primario-exportador. Este modelo favorece la extracción de materias primas, particularmente minerales, sin añadirles valor agregado. Esto no permite que se desarrolle la actividad industrial y mantiene al país estancado.

La otra explicación es más coyuntural y obedece a la política implementada por el gobierno de Boric y la gestión de Marcel en Hacienda. Tras el "rebote de la economía" luego de la pandemia, empujada por la reactivación de la actividad económica suspendida por la cuarentena y el aumento del poder adquisitivo producto de los retiros de las AFP y las ayudas estatales, los empresarios estimaron que era necesario contraer el gasto público y el consumo. Los costos de las pérdidas durante la crisis económica fueron traspasados vía precios a los consumidores. El Estado retirando todas las ayudas dejó en la más completa indefensión a millones de familias trabajadoras.

Sin embargo, esto generó una menor recaudación del Estado, que se financia en gran parte por el IVA que se cobra a todos los trabajadores. La negativa del gran empresariado a una reforma tributaria no permite al Estado diversificar su matriz de ingresos. Como consecuencia, Marcel empujó una fuerte reducción del gasto público, cerrando miles de programas sociales y despidiendo a miles de empleados públicos, deteriorando aún más los servicios sociales que se entregan a la población.

Esto no fue suficiente para financiar la actividad estatal, por lo tanto, el gobierno se vio obligado a contraer más deuda con los organismos de crédito internacional, convenientemente sujetos a los Estados Unidos, elevando la deuda pública a un 41% del PIB. Esta suma de factores refleja que la caída de la actividad económica no ha significado una caída en las ganancias de los grandes empresarios, que siguen batiendo cifras récord, sino una precarización de la vida de los trabajadores, quienes siguen soportando el costo de la crisis.

Las políticas del Ministerio de Hacienda esperan incentivar al empresariado a invertir más. Sin embargo, tampoco se avizoran expectativas de que aquello ocurra, dado que convenientemente el esquema productivo de Chile les permite obtener millonarias ganancias sin efectuar mayor gasto.

Urge, por tanto, un cambio en la política económica, que difícilmente vendrá de la mano de un gobierno cada vez más arrodillado ante los intereses empresariales. Se requiere que construyamos una alternativa de los trabajadores, que parta por colocar las riquezas generadas en el país al servicio de las grandes mayorías mediante una planificación económica que permita desarrollar la actividad productiva y enfrentar las urgencias sociales que tanto la crisis económica como la climática dejan a la vista.