Matías Aufieri, asesor parlamentario en Diputados y referente del CeProDH, se presentó como querellante ante el juez Julián Ercolini. El jueves, cumpliendo órdenes del Ministerio de Seguridad, la Policía disparó a mansalva al rostro de manifestantes que estaban pacíficamente sobre la plaza. Por un impacto de goma en el ojo, el abogado lucha por recuperar su visión. El Gobierno incurrió en los delitos de “lesiones” agravado por “abuso funcional” y “alevosía”, “apremios ilegales” y “abuso de autoridad”. Los detalles de la denuncia que solicita de manera urgente se aparten a las fuerzas federales del congreso frente al peligro de que se repitan las represiones.

El abogado Matías Aufieri, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos ( CeProDH ), acaba de presentarse como querellante en una causa penal contra la Policía Federal Argentina y la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por las graves heridas que le ocasionó el brutal operativo represivo montado por el Gobierno de La Libertada Avanza la semana pasada frente al Congreso.

La causa lleva el número 337/2024 y se tramita el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 10 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Julián Ercolini. Allí Aufieri, que además es asesor parlamentario de la bancada de Diutados del Frente de Izquierda, está patrocinado legalmente por la abogada y diputada Myriam Bregman y el abogado Carlos Platkowski, ambos también del CeProDH .

La denuncia es por los delitos de “lesiones” agravado por “abuso funcional” y “alevosía”, “apremios ilegales” y “abuso de autoridad”, todos en concurso real. En su presentación como querellante, Aufieri responsabiliza por esos delitos a quienes tuvieron responsabilidad directa en la represión que, según un relevamiento de la Comisión Provincial por la Memoria, entre el miércoles y el viernes dejó un saldo de 285 heridos, entre ellos 35 trabajadoras y trabajadoras de prensa y 5 referentes de organismos de derechos humanos.

Hechos incontrastables

El caso de Aufieri es la muestra cabal de que el operativo montado la semana pasada por Bullrich y sus secuaces (que amenaza con repetir estos días de continuidad del tratamiento de la “Ley Ómnibus”) incumplió el propio “Protocolo de Orden Público” propagandizado por la ministra. Se trata de una salvaje acción deliberada, ya que las órdenes las da ella misma desde su “comando unificado” y, posteriormente, sabiendo de sus consecuencias, reivindica todo el accionar de sus fuerzas represivas y amenaza a manifestantes con denunciarlos y hacerles pagar el costo del operativo. Así, Bullrich es la máxima responsable de, entre otras cosas, la pérdida de la visión de Aufieri.

En su denuncia, el abogado relata que la tarde del jueves 1 de febrero se hizo presente en el Congreso en su calidad de asesor de la bancada del FITU y militante del CeProDH . “Me encontraba realizando un relevamiento sobre el accionar de las fuerzas represivas, la cantidad de detenidos y heridos”, afirma. Y recuerda que esa tarea le había sido especialmente pedida por los diputados Bregman y Del Caño, “que se encontraban muy preocupados por la situación”.

“Los manifestantes se encontraban parados sobre la vereda de Rivadavia, frente a la Plaza Congreso (entre Callao y Rodríguez Peña). A pesar de esto, efectivos de la infantería de la Gendarmería Nacional comienzan a golpearnos empujándonos con los escudos hacía la calle”, relata Aufieri en su escrito. Y agrega que, evidentemente, se trataba de “una maniobra para justificar una represión más dura ya que acto seguido somos atacados por efectivos de la Policía Federal. Estos últimos parecían especialmente interesados en ‘encerrar’ a los manifestantes dentro del perímetro de la plazoleta que se encuentra justo delante del Congreso Nacional”.

Alrededor de las 20:50, mientras él y otros abogados estaban haciendo las tareas de relevamiento, “sobre la plazoleta que se encuentra entre el edificio del Congreso de la Nación y la Plaza Congreso”, el conjunto de personas que allí se encontraban fue “brutalmente atacado por un grupo de aproximadamente 30 policías de la Policía Federal Argentina, a bordo de unas 15 motocicletas. Los manifestantes protestaban sobre la superficie de la plazoleta y las calles se encontraban despejadas u ocupadas por los efectivos de las distintas fuerzas de seguridad”. La misma Policía, al igual que Gendarmería y Prefectura, incumplieron el cacareado “protocolo”.

“Algunos de los policías que ocupaban el asiento de atrás de las motos comenzaron a arrojar gases que producían un gran dolor en la piel y que afecta gravemente la respiración y otros comenzaron a disparar con las escopetas a las personas que nos encontrábamos sobre la plazoleta referida”, continúa detallando Aufieri. Y recalca que “disparaban a muy pocos metros de distancia y dirigían los disparos directamente a la altura del rostro”. En ese marco, “un disparo de bala de goma impacta en mi ojo izquierdo produciéndome inmediatamente el estallido de mi globo ocular y la pérdida de visión del mismo”.

El abogado agrega que, con su ojo sangrando, le fue muy difícil retirarse del lugar, porque “los efectivos de la Policía Federal a bordo de las motos siguieron atacando y disparando a quemarropa. Debimos arrojarnos cuerpo a tierra pero aun así volvimos a ser impactados por balazos de goma”, hasta que finalmente Guillermo Ermili, secretario parlamentario de la bancada de diputados del PTS-FITU, quien también sufrió impactos en su espalda, logró sacarlo de allí.

Aufieri fue inmediatamente trasladado a la guardia del Hospital Santa Lucía, donde recibió las primeras curaciones. Luego fue derivado al Instituto de la Visión, donde fue atendido de urgencia ya que diagnosticaron que “la lesión era grave”, la posta de goma le había dañado la cornea y el iris, con hemorragia y una “catarata contusa”. A su vez le dijeron “que otras zonas del glóbulo ocular no podían ser revisadas por la cantidad de sangre que invadía el tejido del ojo” y que por eso “debía ser intervenido de urgencia”. La mañana del viernes, finalmente, fue operado y comenzó un lento proceso de recuperación que demandará tiempo y nuevas intervenciones quirúrgicas.

En su escrito presentado ante el juez Ercolini, el abogado del CeProDH acompaña su relato de los hechos con videos y fotos de diversos medios de comunicación que corroboran sus dichos e incluso lo muestran saliendo de la plaza herido. Y a la vez pide al juez que se incorpore todo el material “en crudo” de esos medios para aportar más pruebas.

Una política ilegal y delictual

“Resulta revelador del carácter del operativo en el que fui gravemente herido las transcripciones de los relatos de los periodistas que se encontraban a cargo de los móviles televisivos”, sentencia Aufieri en su denuncia. Y agrega que él mismo tiene conocimiento “de camarógrafos y manifestantes heridos, también en el rostro, por los disparos de los efectivos policiales denunciados y a los cuales solicitamos se identifique durante la investigación de la presente causa”.

“No cabe duda que dentro del marco represivo más general que se dio en el lugar, en mi caso se trató de un hecho absolutamente intencionado. Fue una agresión ilegal y delictual con clara intención de lesionar mi integrad física”, acusa el abogado defensor de los derechos humanos, quien ve “un claro contenido político” en el mensaje que quiere dar el Gobierno, “de amedrentamiento hacia los que se manifiestan contra el contenido de las políticas” oficiales.

En ese sentido, Aufieri y sus abogados Bregman y Platkowski piden que “se investigue, identifique y castigue a los autores de las graves lesiones” de las que fue víctima y se los impute “por el delito de lesiones graves (Art 90 y 91 del CP) agravadas por abuso funcional (Art 92 en función del Art 80 inciso 9° del CP), y agravadas por alevosía (Art 92 en función del artículo 80 inciso 2° del CP)”. A su vez, “se dan ambas circunstancias agravantes, toda vez que el personal policial, actuó con un total desprecio de la integridad física y la vida de los manifestantes. Con el claro objetivo de atemorizar a la población y a quienes ejercían el derecho de manifestación, de reunión y protesta.”

Otro elemento importante de la denuncia es que solicitan que en la investigación judicial encausada “se ordene la abstención” de los efectivos de las fuerzas federales “y el apartamiento de manera urgente de las mismas de todo operativo que en este momento se encuentra en las inmediaciones del Congreso Nacional en forma totalmente intimidatoria y con el objetivo de coaccionar a los diputados opositores”. Medidas que, ante la evidencia de los hechos, deberían ser urgentemente dictadas por Ercolini.

Finalmente, en el escrito también piden que se cite a declarar como testigos a diputados, miembros de organismos de derechos humanos y periodistas. Y que se le exija al Ministerio de Seguridad que informe el “listado de efectivos de la Policía Federal Argentina que actuaron, así como los nombres y cargos de quienes se encontraban en el operativo desplegado (…), jefes y responsables de cada una de las divisiones que actuaron”.

Ahora el juez Ercolini debe decidir si asume su responsabilidad y atiende la denuncia de Aufieri con la premura que amerita. La imputación y procesamiento de Bullrich y los comisarios de la Federal responsables de los hechos debería ser la consecuencia lógica de este proceso. Tanto como la exhortación del juez al Gobierno nacional para que frene su escalada represiva y descontrolada, que ya dejó un saldo “histórico” de heridos que estaban ejerciendo su legítimo derecho a protestar.