De forma unánime fue aprobada por el congreso de la CDMX la Ley Malena. Esta Ley fue presentada por las comisiones de Género y la comisión de administración y procuración de justicia.
Esta Ley castiga la violencia ácida (ataques con ácido o cualquier sustancia química corrosiva) y es considerada como tentativa de homicidio, e implicaría la reforma del Código Penal local para que dicha violencia sea castigada con penas de 8 a 12 años de prisión.
Las penas pueden aumentar si, producto de la agresión, hay deformaciones en el rostro, daños en órganos o en los casos que en la victima sean niñes, adolescentes o personas con discapacidad.
Esta ley ha sido aprobada en dos entidades más: en Baja California en la que se pena con 13 años de prisión a quien cometa esta agresión, y en el caso de Puebla donde las penas pueden llegar hasta a 40 años de prisión, siendo esta la primera entidad en tipificar los ataques con ácido.
La ley toma su nombre por el caso de María Elena Ríos, saxofonista de origen mixteco que sobrevivió a un intento de feminicidio al sufrir un ataque con ácido en septiembre de 2019, cuyo actor intelectual es Juan Antonio Vera Carrizal, empresario y ex diputado del PRI, y a quien el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca estuvo a punto de ordenar cumplir su condena en prisión domiciliaria, decisión que fue revertida por el enorme repudio que causo.
En septiembre de 2022 la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir la violencia acida dentro de las agresiones físicas, pero estas aun no eran señaladas como intento de feminicidio como lo propone la Ley Malena.
Cabe destacar que el 96 % de los ataques reportados en México quedan impunes, y la Conapred señala que la violencia ácida son agresiones con una alta carga simbólica, que buscan imponer una condena social y una huella imborrable a la víctima.
Lo que es importante señalar también es la responsabilidad estatal ante estas situaciones, muchas de ellas son precedidas por denuncias de violencia y otras agresiones que no son atendidas, además del entramado que implica la vulnerabilidad de las mujeres debido a la precarización, la pobreza o entornos de violencia los cuales no están siendo atendidos.
Esta Ley es sobre todo expresión de las movilizaciones y protestas del movimiento de mujeres ante la creciente ola de violencia, con el aumento del feminicidio como su máxima expresión; y aunque representa un avance el reconocimiento de las violencias, como es en este caso la violencia ácida, esto se complejiza si contemplamos la enorme impunidad que impera en el país, y lo acotado de la justicia al restringirse a actuar cuando se comete ya la violencia y no cuestionar las bases estructurales de la misma. | 
