¿Por qué protestan? excesiva burocracia, normas fitosanitarias rígidas, barreras comerciales, pocas ayudas, que les compran a precios irrisorios, aumento de los costes… Vamos, un descontento general con una situación insostenible, pero con sectores muy distintos.
Hay grandes terratenientes y regadíos intensivos de fondos buitres que cada vez acumulan más propiedades; hay pequeñas y medianas explotaciones agrícolas arrinconadas por los primeros y hay asalariados hiper explotados (con bajos salarios, la mayor tasa de temporalidad, jornadas más largas y la mayor siniestralidad, como los temporeros o las jornaleras de Huelva). Como dice el SAT, no es lo mismo el propietario que el jornalero.
Y así, está la plataforma 6F del entorno de VOX que defiende a los terratenientes, se tira contra las medidas ecologistas y lleva carteles conspiranoicos, la Asaja adscrita a la CEOE y conformada por grandes propietarios, pero también la Unión de Uniones con sectores de agricultores medianos y una perspectiva más progresista.
¿Y las causas de fondo del conflicto? por un lado, la caída de la renta agraria, por el otro, el fortalecimiento de los monopolios agroalimentarios. Si hay que señalar responsables:
Son las grandes cadenas de supermercados que les compran los productos a precios de miseria forzando los precios a la baja (y luego los venden cada vez más caros, incluso haciendo negocio con la inflación, para sacar hasta un 700% de margen).
Los tratados de libre comercio que sirven para negocio de grandes multinacionales, que expolian en América latina y Asia sobre todo, contaminan, agotan el agua y se saltan la poca regulación que hay.
Las subvenciones que da el gobierno y también la UE siempre acaban favoreciendo a los grandes terratenientes y los nuevos especuladores que invierten en el campo.
Y todo ello con el trasfondo de la crisis climática, que no es un invento de los “progres” como dice la extrema derecha, es una crisis profunda y global generada por el propio capitalismo, que ya está afectando profundamente a la población mundial, en especial a los sectores populares, y por supuesto, al campo y a los propios agricultores, sobre todo a los pequeños.
Pero queremos ser claros: las medidas ambientales impuestas por los burócratas de la UE poco tienen que ver con el cuidado del ambiente. Están hechas a la medida de los grandes productores y corporaciones capitalistas y no resuelven nada. Salvo excepciones, solo los grandes terratenientes y especuladores estarían en condiciones de aplicar estas medidas, lo hacen con la ayuda de subsidios millonarios y encima se las saltan permanentemente.
¿Y que pasa con muchos de los pequeños productores? Que no tienen recursos para poder competir en el mercado y al mismo tiempo aplicar estas regulaciones, y por no hacerlo les niegan los subsidios. Es un mecanismo perverso que solo favorece la concentración del campo en manos de un puñado de grandes explotadores a los que no les importa destruir el planeta e intoxicarnos con pesticidas con tal de acumular más y más beneficios.
Entonces, ¿qué hacer? El Gobierno del PSOE y Sumar se ha limitado a aprobar una Ley de Cadena Alimentaria que no cuestiona en absoluto el oligopolio de la distribución, ni la concentración de la propiedad.
No se trata de pedir más ayudas públicas a la producción, que se llevan los grandes propietarios, se trata de pelear por medidas de fondo. Y esas nos las van a dar los señoritos que se suben al tractor solo para la mani. Solo la puede dar la clase trabajadora con sus métodos de lucha y con un programa independiente, que ofrezca también una salida a las demandas de los pequeños productores para ganarlos como aliados y separarlos de la dirección reaccionaria de los terratenientes y grandes capitalistas.
Un programa con muchos aspectos, pero por lo menos cuatro medidas fundamentales:
1) Atacar la concentración de tierras con una verdadera reforma agraria, es decir, nacionalización sin indemnización de los grandes terratenientes y macroexplotaciones para pasar a su gestión por parte de comités de jornaleros o cooperativas y de manera sostenible. Y también de los grandes monopolios que controlan semillas e insumos, para que se garantice un precio justo.
2) A partir de esa nacionalización en manos de los trabajadores, establecer un plan racional de producción y distribución que le ofrezca a los pequeños produc¬tores materias primas, maquinaria, compras directas del estado y créditos en condiciones favorables para llevar a cabo una reconversión de los procesos productivos según criterios de sustentabilidad ambiental real.
3) También hay que apuntar a los grandes oligopolios de la distribución, como Mercadona, Carrefour o Día, que se enriquecen a costa de un aumento artificial de precios y la explotación de sus trabajadores. Todo el sector agroalimentario es un sector estratégico y de primera necesidad, por eso deber ser nacionalizado sin indemnización, para establecer una empresa pública bajo control obrero que garantice condiciones de trabajo dignas, alimentos saludables, sostenibles y al alcance de todas las familias.
4) Frente a las demandas reaccionarias que quieren cargar la crisis del sector sobre el planeta, los jornaleros y los asalariados, como la oposición al aumento del salario mínimo que fue clave en las movilizaciones de 2020, hay que oponerle un programa que recoja las principales demandas de las y los trabajadoras agrícolas, muchas de ellas trabajadores migrantes: subida de salarios, contrataciones fijas o un subsidio de desempleo no inferior al SMI para los períodos de inactividad estacional.
Vamos, todo lo contrario de lo que pide la derecha estos días, y que solo va a servir para que se enriquezcan más los de siempre mientras la crisis profunda continúa.
Esto tenemos que tenerlo muy claro. | 
