El Gobierno convalidará los aumentos de tarifas de energía eléctrica que solicitaron las empresas en las audiencias públicas, en lo que será un muy duro golpe a los bolsillos de las familias trabajadoras, para cumplir con el plan de ajuste a la medida del FMI.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las distribuidoras son Edesur y Edenor, estos aumentos serán de entre 65% y 150%, según la categoría de usuario, y regirán a partir de marzo o principios de abril. Además habrá actualizaciones mensuales de acuerdo a un índice que estará compuesto por inflación y salarios.
Si la tarifa se ajusta de manera mensual y de forma automática, las empresas obtendrán un beneficio muy rentable que, por el contrario, es negado a los salarios, las jubilaciones ni los programas sociales, que pierden mes a mes con la elevada inflación.
Las resoluciones de los aumentos en el AMBA se firmaron este jueves por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y se publicarán en el Boletín Oficial. También en el resto del país se definirán los aumentos en cada jurisdicción, siguiendo la lógica de trasladar la quita de subsidios a las tarifas que pagan los usuarios, sin afectar las ganancias de las empresas privatizadas.
¿A cuánto subirá la tarifa de luz en marzo en el AMBA?- Usuarios N1: considerando un consumo promedio de 380 KV/h por mes, en el caso de los usuarios N1, una factura de $13.900 pasará a pagar $34.332, lo que representa un incremento del 150%.
- Usuarios N2: En el caso de los usuarios N2, para un mismo nivel de consumo y periodo, pasará de $4.360 a $7.415, lo que representa una suba del 70%;
- Usuarios N3: Para los usuarios N3, pasará de $4.783 a $7.850, equivalente a un incremento de 65%.
"No obstante, cabe señalar que, en esta clase de usuarios, en caso de superar los 400 KW/h mensuales, si el consumo alcanzara los 600 KW/h el monto pasaría de $14.600 a $34.000, es decir, un 130% de diferencia en la reconfiguración tarifaria", se informó.
El tope de ingresos requerido para solicitar ser parte de los segmentos que aún cuentan con parte de subsidios (hasta que se terminen de eliminar) en la luz y el gas, aumentó a $ 2.089.881,13, de acuerdo con el aumento del costo de la Canasta Básica Total (CBT) que fue de 20,4%. Esto implica que aquellas familias que perciban entradas de dinero superiores a dicho monto no podrán contar con el beneficio, que se estableció en 3,5 veces el valor de la CBT.
La reducción de subsidios es una medida que exige hace tiempo el FMI y el gobierno de Milei cumple. También el gobierno del Frente de Todos, con Sergio Massa al frente de Economía, avanzó en la segmentación para ir disminuyendo subsidios para cumplir con el Fondo. De ahí surgen los tres grupos antes detallados:
Segmento N1: incluye a los hogares con ingresos mensuales totales superiores al umbral establecido, propietarios de tres o más vehículos de menos de cinco años de antigüedad, tres o más inmuebles, o bienes de lujo. Estos usuarios no pueden acceder al beneficio.
Segmento N3: abarca a aquellos hogares con ingresos mensuales totales entre $596.823,18 y $2.089.881,13, ajustándose por condiciones particulares como la presencia de personas con discapacidad. Las familias que están dentro de este grupo pueden solicitar el subsidio.
Segmento N2: este grupo comprende a los hogares con ingresos netos inferiores a $ 495.798,32, con ajustes por condiciones especiales. Estos usuarios también pueden aplicar al subsidio.
La estafa de las privatizaciones
El discurso oficial busca plantear que se trata de un precio "justo" y que la quita de subsidios es necesaria, como si se tratase de un subsidio a los consumidores y no a las ganancias empresarias, que durante años han obtenido enormes beneficios sin garantizar la inversión acorde a la provisión de servicios.
"Con el objetivo de reducir las transferencias desde el Estado Nacional hacia el sector eléctrico y promover un equilibrio económico sostenible, mediante las resoluciones ENRE, dictadas en el día de hoy - tras haberse celebrado las correspondientes audiencias públicas- se han adoptado medidas inmediatas para que las tarifas de los usuarios finales, en sus diferentes categorías (Residencial, General y Grandes Demandas) sean acordes al costo del suministro, y se pague por su uso como cualquier otro bien", informó el Gobierno.
Los servicios públicos privatizados desde la década de 1990 lejos estuvieron de mejorar su calidad. Las consecuencias de la desinversión por las empresas privadas y la falta de regulación y control las siguen pagando los usuarios. Por ejemplo, por las fallas en la provisión de energía eléctrica, o los graves problemas en las líneas de colectivos y subtes. Las compañías eléctricas como Edesur y Edenor incumplen con los parámetros definidos en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio de distribución eléctrica de 2016, en el que se establecieron topes en el promedio y la duración de los cortes de electricidad, que se reducen en cada semestre. Estas empresas dejan sin luz a los usuarios un promedio de entre 4 y 5 veces por semestre, por un promedio de entre 10 y 15 horas.
Los servicios públicos tienen que dejar de ser un negocio porque son un derecho esencial del pueblo trabajador. Basta del negocio de las privatizadas. Los servicios de electricidad y gas deberían ser nacionalizados en todas sus etapas (producción, transporte y distribución) bajo gestión de los trabajadores y con control de usuarios populares para brindar un servicio de calidad, sin cortes.
La izquierda propone la nacionalización de los servicios públicos bajo el control de los trabajadores y especialistas interesados en desarrollar verdaderamente planes en función de satisfacer los intereses de las necesidades populares.
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