Recientemente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que más de 1,100 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a agua potable. En el caso de Perú, la situación es alarmantemente similar: aproximadamente el 30% de su población, lo que equivale a más de 10 millones de personas, se encuentra sin acceso a este recurso esencial. En la capital, Lima, cerca de 1 millón de habitantes enfrentan la misma realidad.
La carencia de agua potable tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en los niños. Ellos se encuentran constantemente expuestos a diversas enfermedades prevenibles e, incluso, al riesgo de muerte debido a esta problemática.
PRIVATIZACIÓN DE SEDAPAL
Ajenos completamente a esta problemática, en diciembre pasado del 2023, el actual gobierno de Dina Boluarte dio una serie de leyes y modificaciones (decreto legislativo 1620), para promover las asociaciones público privadas en todas las empresas del agua. Además, no podemos pasar por alto que ya existen informes favorables por parte del Ministerio de Vivienda para segmentar Sedapal y entregar a los privados a través de asociaciones público privadas, es decir concesiones, la administración del agua potable.
Así, un recurso vital como el agua podría ser controlado por poderosos conglomerados económicos, lo que impactaría negativamente en la economía doméstica de las familias trabajadoras debido al aumento de las tarifas del servicio de agua potable. Además, aquellos que actualmente carecen de acceso al servicio enfrentarían costos adicionales significativos por la instalación, añadiendo un peso más a su situación ya precaria.
¿DERECHO O MERCANCÍA CAPITALISTA?
Con el lema de no a la “privatización de sedapal”, “el agua no se vende, el agua se defiende”, muchas agrupaciones se vienen preparando para responder a esta arremetida de Boluarte y se anuncia una movilización para el 22 de marzo, en el marco del día mundial del agua. Así también, desde otras organizaciones se pone énfasis en fortalecer el estado, nacionalizar los recursos naturales y poner las ganancias en función de las necesidades del pueblo.
Sin embargo, la realidad dentro del marco del capitalismo actual derechos esenciales salud, la educación, el agua potable, la energía eléctrica, el gas, entre otros se consideran mercancías. Esto significa que solo aquellos que tienen la capacidad económica para adquirirlos a su valor de mercado pueden acceder a ellos.
Incluso si estos servicios son proporcionados por el Estado, no dejan de ser tratados como mercancías.
Se podría plantear la pregunta: si estos servicios se distribuyeran de manera gratuita, ¿dejarían de ser considerados mercancías? La respuesta es que, efectivamente, dejarían de serlo. Sin embargo, dentro de la dinámica del sistema capitalista, esta gratuidad se compensaría de otra manera, como por ejemplo, elevando los impuestos. Esto significa que, de manera indirecta, todos contribuiríamos al costo de los insumos necesarios para su provisión, incluyendo la fuerza laboral requerida. Esto se alinea con las leyes del capitalismo. Por lo tanto, dentro de este sistema, no es imposible que el agua (o cualquier servicio esencial) deje de ser considerado una mercancía.
NUESTRAS TAREAS
Es indiscutible que, en la actualidad, es esencial oponerse y resistir a los embates de Boluarte mediante la lucha de clases, y simultáneamente, abogar por la convocatoria a una Asamblea Constituyente que sea realmente libre y soberana, como solución a esta crisis.
Una Asamblea Constituyente genuinamente libre y soberana abriría el debate sobre las leyes e instituciones que constituyen los cimientos del sistema capitalista. Se discutiría acerca de quién debe poseer el control de los recursos naturales y los sectores clave de la economía, así como los derechos sociales y económicos de la clase trabajadora, entre otros aspectos fundamentales.
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