Última actualización: 7:30 am. del 22 de febrero
La confirmación del alud en la mina la dio el martes hacia el final de la tarde el secretario de Seguridad Ciudadana del estado Bolívar, Edgar Colina Reyes, que habría dejado a decenas de trabajadores mineros soterrados. El viceministro de Gestión de Riesgos del gobierno nacional, Carlos Pérez Ampueda, informó que el número de mineros muertos se elevó a 16 tras una cifra oficial que hablaba en principio de 15 trabajadores y 11 desaparecidos, mientras que Yorgi Arciniega, alcalde de la localidad de Angostura, donde se encuentra la mina, habla de, al menos, 30 fallecidos y más de 100 sepultados.
En varios videos posteados en sus redes sociales durante el martes por la tarde se observa a las personas tratando de salir del lugar o cargando a los heridos. Se dio a conocer que las labores de socorro y rescate estaban siendo realizadas por los mismos mineros. Desde La Izquierda Diario, al momento de confirmarse reportamos sobre la tragedia.
A media mañana de hoy miércoles se reportaba el informe del alcalde de la localidad con la trágica cantidad de fallecidos y sepultados.
Este derrumbe acontece a casi tres meses del derrumbe de una mina ubicada en el sector 7 de la comunidad indígena San José de Wadamapa, en la parroquia Ikabarú del municipio Gran Sabana, al sur de Bolívar, el pasado 6 de diciembre en el que fallecieron 12 personas. Se trataba de una tragedia más que anunciada, pues esa mina ya se había desbarrancado menos de un mes antes, el 12 de noviembre, en un siniestro que dejó varios heridos. Aun así, esa mina siguió trabajando como si nada hubiese pasado, llegando el saldo trágico pocas semanas después.
En el caso de la mina en la mina Bulla Loca, ubicada en La Paragua, considerada ilegal, de acuerdo a información de periodistas de la región se empezó a trabajar en el último trimestre del año pasado, y tenía alrededor de 35 metros de profundidad.
La responsabilidad de estas recurrentes tragedias es del Estado y el gobierno nacional. Se trata de minas, propensas a sufrir accidentes, que se gestionan ante la propia vista del Gobierno y donde las tragedias son constantes. Es que desde el propio Estado se promueve este tipo de minería criminal e inhumana, a pesar de toda la retórica contraria. Por eso decimos que se trata de desastres anunciados.
Como hemos venido denunciando desde La Izquierda Diario, en la zona actúan todo tipo de grupos irregulares y criminales en engranaje tanto con sectores de las grandes corporaciones transnacionales como de empresas formales del Estado, que son los que reciben el producto de esa explotación minera. Son estos grandes intereses de estas corporaciones y empresas para los que la vida de trabajadores mineros no valen nada.
Se trata de una extensa región de explotación minera en el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), que abarca más de 111 mil kilómetros, casi un 12% del territorio nacional, zona de gran biodiversidad, fuentes de agua, espacios de vida de variados pueblos indígenas. Allí confluyen empresas extranjeras transnacionales y formales del Estado -la mayoría de ellas empresas ligadas a las Fuerzas Armadas- junto a todo tipo de organizaciones mafiosas y criminales.
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