En la exposición de motivos se plantea que la iniciativa “busca prevenir una crisis que padecerán las personas trabajadoras que se jubilarán con los regímenes pensionarios de 1997 y 2007, (…) un escenario que se prevé a 30 años de la entrada en vigor del sistema privado de pensiones, una de las reformas neoliberales y clientelares en materia de seguridad social, copiada del régimen chileno de Augusto Pinochet en la década de 1980.”
A continuación se asegura que, “si la reforma estructural sobre la privatización de pensiones se logró bajo un régimen corrupto y autoritario, entonces se puede revertir el daño bajo un régimen democrático y humanista”.
Luego, tras un breve recorrido histórico sobre el origen de la legislación y las instituciones vinculadas a la seguridad social en México, el documento se detiene en “El neoliberalismo como regresión de los derechos laborales y la privatización del ahorro de los trabajadores”, para hablar de la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro en 1992, bajo el gobierno de Salinas de Gortari, de la reforma de Zedillo al sistema de pensiones del IMSS en 1997 y de la creación, en el 2007, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, con Calderón.
Con tono crítico, se denuncia que el esquema neoliberal “condenó a las generaciones futuras a una escasez de derechos en diversos ámbitos, entre ellos el de una pensión justa, (…) realidad que ha azotado a los países que adoptaron este modelo y que evidenció las fallas del sistema privado, tanto así que la mayoría ya han reformado sus leyes para revertir la privatización de las pensiones.”
Lamentablemente, a pesar de que señala el carácter neoliberal y regresivo -incluso el origen pinochetista- de la privatización de las pensiones, de hablar de la posibilidad de “revertir el daño” y de que en otros países ya se han hecho reformas en ese sentido, la iniciativa de AMLO no busca revertir, de ninguna manera, dicha privatización, que en México se realizó mediante la imposición de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que quedan intactas.
Incluso antes de plantear la iniciativa como tal, el documento habla de la reforma del 2020 (ya en la 4T) a la Ley del Seguro Social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, presentándola primero muy bonito, diciendo que con ella aumentarán las pensiones mediante un incremento gradual entre 2022 y 2030 de las aportaciones patronales a las cuentas individuales, se redujo el requisito de semanas cotizadas y se disminuyeron las comisiones cobradas por las Afores.
Sin embargo, todo esto se estableció “sin debilitar la viabilidad financiera de las Afores, pues gracias a la reforma de 2020, desde 2023 y hasta el año 2030, las aportaciones totales de los trabajadores pasarán de 6.5% del salario base a 15%, esto generará que el saldo que administran las Afores seguirá creciendo significativamente, lo que permitirá que las Afores mantengan su estabilidad financiera.” Es decir, si bien se plantea que “mejorarán las pensiones de los trabajadores”, esto se hará, en parte, a costa de disminuir el salario real.
Una iniciativa con cargo a los recursos públicos
Se ha difundido ampliamente la idea de que la iniciativa presidencial consiste en que, al retirarse, los trabajadores afiliados al IMSS o al ISSSTE recibirán una pensión equivalente al 100% de su último salario. Sin embargo, hay que aclarar que, de aprobarse la reforma, este derecho sólo aplicará “hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS, cuando la pensión que obtengan en términos de la ley sea menor a dicho promedio.” Dicho de otra manera, el beneficio sería sólo para este último sector.
Lo anterior, para las trabajadoras y trabajadores con 65 años que empezaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 conforme a la Ley del Seguro Social, o que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE.
Para financiarlo, la iniciativa de reforma al artículo 123 constitucional plantea la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se integrará principalmente a partir de aportaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo; de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; y de los montos de los adeudos de las diversas dependencias, entidades, órganos autónomos y entes públicos, de los tres poderes y en los tres niveles de gobierno, que tengan pendientes de pago ante el SAT, el IMSS o el ISSSTE.
Complementariamente, podrá haber aportaciones derivadas del reintegro de los recursos de los fideicomisos de Poder Judicial, cuando concluyan los procedimientos legales en curso; de los recursos que se generen con la eliminación de los entes públicos que se extingan por tener duplicidad de funciones; de las enajenaciones de inmuebles en posesión o propiedad del ISSSTE; del producto de las inversiones que se deriven del patrimonio del Fondo de Pensiones para el Bienestar; y como expresión del avance de la militarización del país, “del 25% del remanente de las utilidades netas que se obtengan de los ingresos propios de las entidades paraestatales sectorizadas en las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de los rendimientos, aprovechamientos y demás productos financieros derivados de la administración de dichos recursos”, haciendo depender así, de manera perversa, parte del fondo de pensiones de los trabajadores, de los recursos manejados por las fuerzas armadas.
De este modo, mientras que se mantiene a salvo la apropiación privada de las aportaciones de generaciones de trabajadores para continuar beneficiando a los capitalistas y sus negocios (en primer lugar las Afores), al mismo tiempo se plantea la creación de un fondo de pensiones con millonarios recursos públicos, que tanto hacen falta para salud, educación, vivienda y otras necesidades sociales.
La oposición aprieta “por izquierda”
Por los dichos del gobierno, a estas alturas queda claro que la intención del paquete de iniciativas de AMLO es incentivar el voto a los legisladores del Morena para que, en la próxima legislatura, el oficialismo tenga la mayoría calificada necesaria para aprobar las reformas constitucionales.
Pero, en la carrera hacia las elecciones de junio, todos los gatos se volvieron pardos, y en el marco del análisis del paquete de iniciativas presidenciales en la Cámara de Diputados, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano adelantaron que votarán a favor de la reforma a pensiones, incluso planteando que el 100% sea para todos los trabajadores (que cuenten con seguridad social, se entiende).
Es como mínimo curioso que la derecha neoliberal tenga total acuerdo con una reforma, supuestamente, a favor de los trabajadores. Desde nuestro punto de vista, lo que permite estas posturas en la oposición es precisamente que en la iniciativa no se toca el sistema de Afores, mientras que, mediante el Fondo de Pensiones para el Bienestar (que podría crecer a partir de nuevas aportaciones provenientes de recursos públicos), queda abierta la posibilidad de que el Estado haga negocios con los empresarios.
Además, de aprobarse, la reforma sólo aplicará para quienes se pensionen con posterioridad a su entrada en vigor, es decir, no será retroactiva. Por otra parte, no se plantea reducir la edad jubilatoria, que se mantiene en 65 años (un retroceso respecto a los 60 años marcados en la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro de 1925).
Una perspectiva independiente para la clase trabajadora
Como puede verse, la iniciativa de López Obrador es tan inofensiva para los capitalistas que incluso la oposición puede darse el lujo de plantear su generalización para todos los trabajadores asegurados.
Para garantizar una pensión digna y atender también las demás necesidades sociales, es fundamental acabar con el negocio privado de las pensiones, es decir, echar abajo las Afores y recuperar el sistema solidario intergeneracional, junto con otras medidas como impuestos progresivos a las grandes fortunas, la renacionalización de toda la industria energética, el no pago de la deuda externa y la reorientación de los recursos que hoy se destinan a los megaproyectos, la Guardia Nacional y la militarización del país.
En esta perspectiva de lucha, también está planteado que las pensiones se actualicen mensualmente de acuerdo a la inflación (no anualmente como se plantea en la iniciativa), que no se utilicen las UMA para el cálculo de las mismas y que se reduzca la edad jubilatoria, definida mediante la discusión democrática de las y los trabajadores.
Pero además, para que estas medidas beneficien a toda la clase trabajadora, es necesario plantearnos la lucha para acabar con la informalidad y con el desempleo, para que todas y todos tengamos seguridad social. |
