Un grupo importante de familiares, amigos, asociaciones, organizaciones políticas, sindicatos y organismos de derechos humanos se convocaron en el día de hoy para pedir justicia por Julián Castillo.

El viernes 8 de marzo se cumple un año de la muerte evitable de Julián Castillo. Por tal motivo, su familia, amigos y diversas agrupaciones y asociaciones convocaron una acción conjunta para pedir justicia en el día de la fecha. Exigen que se esclarezcan las condiciones en que se dio su detención, traslado y fallecimiento en manos de las fuerzas de seguridad. Solicitan que la investigación, llevada adelante por el fiscal para determinar las responsabilidades de quienes ejercieron violencia institucional, se realice con la mayor celeridad posible.

Las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad que incumplen con los procedimientos establecidos en normativas y protocolos de intervención ante personas con crisis subjetivas, pueden tener como consecuencia directa resultados fatales. Señalan los familiares que “el caso de Julián se reproduce y multiplica en diferentes ámbitos, pero especialmente en los barrios populares donde muchos jóvenes víctimas del consumo problemático, suman a su padecimiento la estigmatización, la persecución y el hostigamiento de las fuerzas de seguridad en la vida cotidiana.” Por ello convocaron a esta acción colectiva para reclamar “políticas de estado que atiendan con carácter de urgencia la complejidad de esta problemática y una justicia que intervenga con profunda perspectiva de DDHH”.

Las consignas de la convocatoria son los reclamos básicos a tener en cuenta para erradicar el entramado de violencias que reproducen y perpetúan la vulneración de derechos de quienes padecen consumos problemáticos: No a la precarización laboral, No a la mercantilización de la salud, No a la criminalización de las adicciones.

El fallecimiento de Julián fue producto de la no implementación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº26.657. Por lo que evidencia la necesidad urgente de adecuar las intervenciones de los cuerpos policiales y de las fuerzas de seguridad, prevista en la Resolución Nro. 506/20131, ante situaciones complejas con personas con padecimientos subjetivos. Dicho documento constituye un marco regulatorio elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que prevé la actuación conforme al art. 20 de la Ley Nacional de Salud Mental y contempla la capacitación específica en su contenido técnico. Recurso que permanece al día de hoy sin ser aplicado plenamente.

Participaron de la convocatoria representantes de sindicatos como Amsafe, Sadop y Adul, de la APDH, de la Asamblea Ni Una Menos, de centros comunitarios y de organizaciones políticas. Estuvieron presentes músicos y músicas para realizar un homenaje a Julián, y se realizó un acto en el cual distintos oradores se refirieron al seguimiento de la causa judicial, a otro caso similar sufrido por un joven de Paraná y a la situación de precarización laboral que sufría Julián, que llevaba largo tiempo esperando el pase a planta en El Molino Fábrica Cultural. Se recordó a Agustín Escobar, fallecido el año pasado en el frigorífico Recreo, uno más de los miles de jóvenes que trabajan en condiciones completamente inseguras y de riesgo, de forma precarizada y expuestos a la negligencia patronal. También se exigió a los gremios que "se sumen a la lucha" para que estos casos no queden reducidos a actos conmemorativos o festivales.

La necesidad de salir a las calles con estos reclamos se enmarca en un contexto de cambio de gobierno nacional y provincial con la misma línea de ajuste en lo social y laboral. A nivel nacional, la ofensiva planteada con la ley Ómnibus, fallida en su primer tratamiento en el congreso pero latente tras la propuesta presidencial del Pacto del 25 de mayo, obtuvo particularmente, un fuerte rechazo y repudio en lo que hace a las cuestiones de salud mental. Estudiantes y trabajadores de la salud mental se pronunciaron en un petitorio público para decirle No al DNU de Milei y al protocolo represivo de Bulrich que afectan las condiciones de vida del pueblo trabajador, y contra el retroceso que significa modificar la Ley Nacional de Salud Mental, intentando volver a viejos paradigmas de internaciones compulsivas por un juez, sin mediar un criterio clínico interdisciplinario. Señalan, además, que para la plena implementación de la ley 26.657, es necesario un aumento presupuestario y adecuación de los programas de estudio a los principios de la Ley actual.

En el ámbito provincial, recientemente se ha denunciado el aumento notable de la demanda en atenciones de salud mental. [1] Con la nueva gestión provincial, el área de Salud Mental pasó del rango de dirección a subsecretaría, a cargo de Liliana Olguín, quien ya estuvo en la función durante la gestión provincial que culminó en 2019. Tras asumir el cargo, la subsecretaria consideró como “jerarquización” el cambio de dirección a subsecretaría, destacando el trabajo codo a codo con el coordinador de salud y el coordinador del servicio de emergencias, sin hacer alusión a los ajustes en presupuestos, precarización laboral y los reiterados reclamos de los trabajadores de la salud y del servicio de emergencia expresados públicamente durante todo el año pasado.

Las consecuencias del bajo presupuesto y el deterioro generalizado de la salud pública la padecen tanto usuarios como trabajadores y profesionales. La demora en conseguir un turno en psicología o psiquiatría se debe a la falta de personal que deja en evidencia que para los gobernantes no es una prioridad la salud de las grandes mayorías que sólo tienen posibilidad de atenderse en los servicios públicos. Con las internaciones ocurre lo mismo. Conseguir camas demora más de lo que las urgencias requieren. En las externaciones se presentan crisis similares por falta de dispositivos para alojar a las personas que no tienen familiares o recursos para alojarse y continuar el tratamiento ambulatorio.

En el ámbito local, la subsecretaría de Abordajes de Consumos Problemáticos de la ciudad de Santa Fe informó que, de los casos de recibidos de consumos problemáticos, en el primer semestre del 2023, sólo un 40 % sostiene el tratamiento . Desde la subsecretaría se justifica que se debe a las “complejidades propias” que atraviesan las personas que están en situación de consumo problemático que, en ocasiones, "no propician la adherencia al abordaje". [2] “Complejidades propias” y no del contexto en el que la crisis económica ha aumentado la precariedad de la vida, del trabajo y de los vínculos, el aumento de la ansiedad, trastornos depresivos severos, conductas autolíticas, intentos de suicidios, etc. Más del 60% de los casos atendidos pertenecen al género masculino, pero la situación se agrava aún para las mujeres, por su condición de sostenedoras de su hogar o a cargo de menores y/o de adultos mayores, sin lugares de refugio o asistencia adecuados.

La salud mental integral debe ser concebida como un estado de bienestar mental condicionado por las condiciones materiales de vida, para poder desarrollar todas las habilidades, aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de la comunidad; siendo el presente un contexto social de mayor crisis, ajustes, empobrecimiento, es que muchos padecimientos se multiplicarán y agravarán. En este contexto es urgente defender la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos, comunitaria, y del respeto por las diferentes subjetividades y los padecimientos psíquicos. Y como se expresó en el acto, debemos seguir reclamando justicia por Julián, por todos las víctimas de precarización laboral y violencia institucional, en una lucha que nos tiene que unir a todas y todos.