El curso de los acontecimientos vuelve claro que por un lado hay un esfuerzo sistemático por criminalizar a los estudiantes y por otro se está implementando un sofisticado operativo para, a través de la confusión, lograr la impunidad de los autores intelectuales y materiales de esta nueva ofensiva contra los normalistas de Ayotzinapa.
La noche del 7 de marzo policías estatales de Guerrero atacaron a 3 normalistas que viajaban en una camioneta en el marco de la organización de distintas actividades para celebrar el aniversario de la Normal rural "Isidro Burgos", mejor conocida como Ayotzinapa. El ataque se dio a las afueras de Tixtla. Los estudiantes se detuvieron en un abarrote, uno de ellos se bajó de la camioneta a comprar algo. Mientras los otros esperaban, dos policías en motocicleta rodearon el vehículo, apuntaron con sus armas y de forma violenta dieron la orden de que bajaran del vehículo.
Ante esto Yanqui Kotham, el estudiante asesinado, reaccionó dando reversa a la camioneta. Los policías dispararon de inmediato. Yanqui recibió un tiro en la cabeza. Murió en el acto. El disparo que le arrebató la vida fue detonado a alrededor de un metro de distancia, según indican las pruebas de balística. El compañero que iba de copiloto quedó echo bolita para protegerse del ataque. El que se bajó al abarrote intentó huir aterrorizado; corrió a una barranca a esconderse. Ambos fueron aprehendidos y torturados; el primero por la policía, el segundo por militares que lo encontraron en la barranca donde estaba oculto.
Tras los hechos la policía se apoderó de la camioneta. Contaminó la escena del crimen. Sembraron en ella drogas, cerveza y armas. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad construyeron una narrativa donde supuestamente los estudiantes atacaron a los policías en un retén que había sido instalado para recuperar una camioneta con reporte de robo, la cual, según esta versión, era en la que viajaban los normalistas. La tortura a la que fueron sometidos los dos sobrevivientes tenía por objeto obligarlos a declarar que las armas y las drogas eran suyas.
Hoy se sabe que nunca hubo retén. Las pruebas forenses ya indicaron que en la sangre de los estudiantes no había rastro de consumo de alcohol ni droga. Cuando la camioneta por fin pudo ser puesta a disposición de peritos, los dictámenes de las periciales en balística arrojaron que los disparos fueron de afuera hacia adentro. Una sola arma hizo los 4 disparos efectuados. Nunca hubo enfrentamiento. Como dato, los policías que asesinaron a Yanqui pertenecen al grupo de Élite Centauro.
Al momento que se supo de la fuga del policía que ejecutó a Yanqui del interior del Cuartel de la Policía Estatal la indignación no se hizo esperar. La justa intensificación de los métodos de lucha tampoco. Los estudiantes de Ayotzinapa y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) no quieren que la impunidad continúe prevaleciendo en las agresiones a normalistas, en ese sentido ambas organizaciones irrumpieron hace unas horas en la Fiscalía General del Estado de Guerrero.
La Fiscalía del Estado continúa enrareciendo todo: ahora declara en un comunicado que nunca tuvo detenidos a los implicados, sino que los tenía resguardados. Como sea, el hecho es que el responsable está fugado y ahora se sabe que dejó las instalaciones del Cuartel de la Policía Estatal. De nada sirvió el mensaje que la gobernadora morenista, Evelyn Salgado Pineda, dirigió hace un día a la familia de Yanqui y a los estudiantes de Ayotzinapa donde afirmaba que “prevalecerá la justicia” y que “no habrá impunidad”.
Por el lado de los dos peritos desaparecidos, Suay Domínguez Pastrana y Enrique Linares Ríos, ya aparecieron con vida hace pocas horas entre los estados de Morelos y Guerrero. Fueron trasladados a la Ciudad de México.
Por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador el discurso criminalizador hacia normalistas continúa. En la mañanera de hoy mostró una resortera y unos balines que los normalistas usaron en la manifestación del portazo a Palacio Nacional el 6 de marzo. “Así pedían diálogo” dice el presidente.
Los familiares de Yanqui Kothan Gómez confirmaron a Imagen Noticiasque él estuvo en primera línea en esa acción, la cual fue calificada por AMLO como “vulgar acto de provocación”, para, acto seguido, asegurar que las consignas “fue el Estado” y “fue el Ejército” comenzaron a ser esgrimidas por los familiares de los 43 y el movimiento masivo en demanda de justicia por los hechos de Iguala a causa de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la cual, presuntamente, obedecía la línea de la Organización de los Estados Americanos para “socavar” la honorabilidad del Ejército.
Sin embargo, el presidente nunca habla de los 800 folios que la Secretaría de la Defensa Nacional no ha puesto a disposición de la Comisión de la Verdad para el caso, los cuales son necesarios para esclarecer lo sucedido, dar con el paradero de los normalistas y fincar responsabilidades de manera amplia. Esa documentación pertenece a Centro Regional de Fusión de Inteligencia que operaba en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, o sea, cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas.
Simplemente no ha habido "diálogo" que permita avanzar para que esa evidencia sea presentada. A todas luces se nota que la intención presidencial es dar largas al asunto y deslindarse del problema. De ahí las legítimas protestas de los padres de los 43 y los normalistas de Ayotzinapa. Hay que recordar que este año se cumple una década de los hechos de Iguala y ya va casi todo el sexenio de quien llegó a la presidencia impulsado por múltiples demandas democráticas, entre ellas, justicia para Ayotzinapa.
Otro dato que permite evidenciar la dimensión de la impunidad que prevalece en torno al caso Ayotzinapa es que el mismo funcionario que dirigió la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (encargada de las normales) cuando se dieron los hechos en Iguala, Guerrero aquel fatídico 26 de septiembre de 2014 sigue estando al frente de dicha dependencia. Se trata de Mario Alfonso Chávez Campos.
Treinta y cinco horas después de haber participado en los hechos en Palacio Nacional, el estudiante Yanqui Kothan fue ejecutado a sangre fría. Aunque todo apunta a que la responsabilidad material recae en un policía estatal, los testimonios de los dos sobrevivientes al ataque policiaco permiten aclarar que después de los hechos hubo coordinación entre el ejército y la corporación policíaca para criminalizar a los normalistas sobrevivientes mediante declaraciones arrancadas a base de tortura.
La participación de elementos de la policía estatal de Guerrero y de militares en los hechos muestran el involucramiento de los niveles estatal y federal de gobierno.
En estos hechos y en la persistente falta de justicia por los 43 de Ayotzinapa decimos que: sigue siendo el Estado, sigue siendo el Ejército, sigue siendo la policía. | 
