La ministra de Seguridad continúa presentando reglamentos para darles más poder de fuego e impunidad a las fuerzas represivas mientras la crisis y la violencia social se profundizan.
No es casual que ante la terrible crisis que está viviendo todo el pueblo trabajador, principalmente por las medidas económicas llevadas adelante por Luis Caputo y Javier Milei, Patricia Bullrich avance y siga presentando estos reglamentos represivos que atentan contra toda la clase trabajadora.
Este miércoles, la ministra de Seguridad anunciaba en una conferencia de prensa su “Reglamento” para el uso de las armas de fuego por parte de las fuerzas federales, en el marco de los acontecimientos ocurridos en Rosario el pasado fin de semana entre bandas del narcotráfico y el gobierno de Santa Fe.
Es por ello que la ministra aprovecha esa situación para legitimar el accionar de las fuerzas de "seguridad", en vez de luchar contra el crimen organizado, los negocios ilegales y el narcotráfico, este reglamento se orienta más a criminalizar la protesta y la pobreza con un mayor control social en las barriadas populares, y de seguir dotando a las fuerzas de seguridad de más formas de represión. Particularmente de promover el “gatillo fácil”. Así lo establece en el artículo 2 inciso d, publicado este jueves en el Boletín Oficial por el Ministerio de Seguridad.
La resolución 125/2024 (puede verse abajo), que es a todas luces inconstitucional, también establece en su artículo tercero que las fuerzas policiales y de seguridad federales se encuentran "exceptuadas" en ciertas situaciones de identificarse como tales y dar voz de alto. Esto implica, que la ministra Bullrich está más preocupada de darle cada vez mayor poder de fuego y cobertura política a la Policía y fuerzas de seguridad, reafirmando la Doctrina Chocobar y legalizando el gatillo fácil como método disciplinatorio; que enfrentar al narcotráfico en Rosario .
En este sentido, Octavio Crivaro, referente del PTS en el Frente de Izquierda de Santa Fe señaló que “para enfrentar el narcotráfico hay que luchar por desmantelar el conjunto del aparato estatal cómplice, estatizar y controlar puertos, nacionalizar la banca por donde se lavan activos y hay que legalizar las drogas. Para eso, hay que movilizar masivamente al pueblo trabajador”.
Bullrich viene presentando protocolos de seguridad y ahora reglamentos, para avalar y legitimar estas formas de violencia policial, que siguen chocando contra las propias leyes argentinas, como la de Seguridad Interior, contra la Constitución Nacional y contra los tratados internacionales sobre derechos humanos y libertades democráticas que el Estado argentino está obligado a respetar.
Es una de las principales impulsoras de estas formas de represión, desde el fallido protocolo y la caída de la Ley Ómnibus, sigue buscando de la mano de la legislación burguesa, militarizar las movilizaciones, como fueron las jornadas de enero de este año, con cientos de heridos de gravedad, que indefensos enfrentaban los gases, los golpes y los balazos de las fuerzas federales, haciendo uso de su derecho a la protesta y libertad de expresión.
En este sentido, va más allá de cualquier parámetro constitucional, al decir en la conferencia de prensa de este miércoles que las armas Taser y las Byrna (que disparan proyectiles de gas pimienta) van a poder ser de uso civil en lugares de alta densidad. Estas formas de violencia estatal solo buscan el control social y la utilización de armas de fuego sobre personas indefensas, y principalmente contra la clase trabajadora, que se opone a seguir viviendo en condiciones de extrema precariedad, a trabajar en jornadas extenuantes, sin derechos laborales y llevadas hasta la extrema sumisión.
Legitimando el gatillo fácil y la represión
Esta práctica llevada adelante en Argentina y en otros lugares del mundo, coincide mayormente con momentos a lo largo de la historia de crisis económica y social. En este sentido, el orden social burgués argentino busca enmascarar las crisis económicas que las políticas oficiales, algunas más neoliberales que otras, vienen arrastrando a lo largo de décadas, reprimiendo y “disciplinando” socialmente al pueblo trabajador.
De hecho, la historia reciente del país demuestra que con la excusa de otorgar mayor seguridad a las personas, sólo se refuerzan los aparatos represivos, con lo cual crece la criminalidad de esas fuerzas en momentos de crisis aguda. Además estas distintas modalidades ya han fracasado, y seguimos observando cómo se repiten y siguen fracasando. Sin embargo, no podemos dejar de ver que estas modalidades represivas están orientadas a una criminalización social del pueblo trabajador y no hacia los grandes empresarios, ya que son éstos junto a el Estado, los gobiernos provinciales, los que realizan negocios ilegales y llevan adelante el crimen organizado.
La lucha política, hoy más que nunca se dará en las calles, como así también lo vienen demostrando las asambleas populares auto convocadas, integradas por jóvenes, mujeres,y trabajadores. Frente a estas fuerzas represivas del Estado, los trabajadores no van a permitir más hambre y represión.
