A instancias de la diputada nacional Myriam Bregman en la Cámara baja y de la legisladora porteña Alejandrina Barry en la Ciudad, integrantes del Frente de Izquierda Unidad, Unión por la Patria y el Partidos Socialista reclamaron por la inmediata reincorporación de los trabajadores y trabajadoras injustamente despedidos por el Ministerio de Justicia de la Nación y su Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
De esta cartera, como señalan, dependen entre otros los llamados "Sitios de la Memoria": espacios que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención (CDD) bajo la última dictadura cívico, clerical y militar y que, con la aprobación de la Ley 26.691, en julio de 2011, fueron recuperados y reconvertidos para la comunidad, como patrimonio de barrios y regiones de distintos puntos del país.
En el Congreso Nacional, con la firma de los diputados Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina del Plá del bloque Frente de Izquierda-Unidad, Carlos Castagnetto y Pablo Carro de Unión por la Patria y Esteban Paulón del Partido Socialista, se rechazó también la posibilidad inminente de despido de otros 600 trabajadores y trabajadoras, cuyos contratos vencen el 31 de marzo próximo y no tienen todavía ninguna garantía de continuidad laboral.
En particular, los firmantes de la iniciativa que ahora espera su giro a comisiones, donde deberá ser tratado, expresaron su "preocupación respecto al futuro que esto implicaría para los llamados ’Sitios de la Memoria’", como son los ex Centros Clandestinos de Detención “Automotores Orletti”, “Club Atlético”, “ESMA”, “Famaillá”, “Faro de la Memoria”, “Olimpo”, “Regimiento de Infantería 9” y “Virrey Cevallos”.
El texto presentado este martes advierte también que en vísperas de un nuevo aniversario del Golpe de Estado cívico, clerical y militar de 1976, "estos hechos que amenazan las fuentes de empleo atentan también contra la lucha contra la impunidad de ayer y hoy".
Con el vencimiento de los contratos conocidos como “artículo 9”, el próximo 31 de marzo de 2023, se encuentra en riesgo la continuidad laboral del 90% de las y los trabajadores de estos Espacios para la Memoria. Se trata de verdaderos despidos encubiertos a trabajadores que, a través de ese artículo, hace años que deben esperar su recontratación cada tres meses, sometidos a estas precarias condiciones de trabajo ya por parte del gobierno anterior.
El despido de quienes garantizan tareas tan claves como son la conservación, investigación, archivo y difusión pedagógica del patrimonio histórico que representan estos sitios; el acompañamiento a familiares y víctimas del genocidio; el aporte de pruebas a los juicios por delitos de Lesa Humanidad, entre muchas otras tareas, debe leerse también como parte de un ataque orquestado por el gobierno de Javier Milei y la vice-presidenta Victoria Villarruel, que buscan dar también un mensaje de impunidad y avanzar en imponer sus discursos negacionistas.
"A ello sumamos que el total de trabajadoras y trabajadores en cada sitio está muy por debajo de las necesidades que cada uno de estos espacios requiere. Cualquier despido no sólo atenta contra sus fuentes de trabajo sino también contra el normal funcionamiento de estos Espacios y las políticas públicas de Memoria que dependen en gran medida del desempeño de sus labores profesionales, donde manejan materialidades y contenidos sensibles que asimismo dotan a sus tareas de una especificidad crítica", dice el proyecto que reproducimos abajo.
El rechazo a los despidos, el reclamo de pase a planta permanente y el repudio a todo intento de silenciar la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, como plantea el proyecto, está así a la orden del día. El próximo 24 de marzo, cuando se espera que decenas de miles vuelvan a las calles de todo el país, a 48 años del golpe genocida, estos reclamos sin dudas deberán estar presentes.
Proyecto R_Sitios de La Mem... by Sol Bajar |
