Las consecuencias del desfinanciamiento crónico que se sintieron en todo el AMBA con los temporales, se evidencian desde hace décadas en los barrios populares. Una vecina de la Villa 21-24 nos cuenta cómo con el gobierno de Milei y Jorge Macri, esto sólo empeora: “Cuando el presidente dijo que se paraba la obra pública acá en el barrio fue así de literal y real.- Dejaron todo así nomás: agujeros sin tapar y cañerías que faltaban terminar, tapadas con cascotes”.
También una vecina de la Villa 31 expresó que por consecuencias de la inundación, entre otras cosas, no se podía acceder a la salita del barrio (CeSAC N°25): “Para llegar a la salita más o menos tener que traer una canoa, un barco”.
En barrios como la Villa 21-24 o la Villa 31, toda lluvia provoca inundaciones y reflujo de cloacas, pero el agua no es sólo agua; con ella viene aparejado el riesgo eléctrico. “Acá las instalaciones eléctricas son precarias, hay una causa contra la ciudad donde la ciudad está incumpliendo ya que no hace las obras eléctricas”. dijo, refiriéndose a la causa en la cual el Poder Judicial ordena al GCBA brindar servicio eléctrico adecuado en la Villa 21-24.
Las inundaciones exponen doblemente al riesgo de muerte a vecinas y vecinos: “Así está nuestro barrio, yo tengo que salir a trabajar y no sé cómo voy a hacer y cómo voy a volver. Si salgo y me electrocuto ¿de quién es la culpa?... O solo termina con ‘un pobre se electrocutó yendo a trabajar’, y nada más”
Como si esto fuera poco, la epidemia de dengue está fuera de control en los barrios populares. El agua (o la desidia gubernamental) agrava la situación. “Siento que se están burlando de nosotros, ¿Hace cuánto tiempo que no salen a fumigar en el barrio? Mis hermanas están con dengue, mis vecinos están con dengue, mis compañeros de trabajo están con dengue. Yo tuve dengue y veo lo mal que la pasás cuando estás enfermo. Los hospitales colapsados te dicen que no hay tiritas para hacer los reactivos, jamás te dan los resultados y uno está entre la vida y la muerte”, nos relata con preocupación una vecina.
Agrega, con bronca: “La vacuna cuesta alrededor de 70 y 100 mil pesos y son dos dosis, y yo como la mayoría no cuento con ese dinero. La vacuna tiene que ser obligatoria y de calendario ¿que más van a esperar? En las escuelas tienen que repartir repelentes”.
La legisladora porteña del PTS-FITU Alejandrina Barry presentó un pedido en la legislatura para que Jorge Macri explique qué medidas está tomando ante todo ésto. Los y las vecinas saben muy bien que no se están tomando medidas siendo clara la emergencia sanitaria y habitacional. Por eso, tomaron los reclamos en sus manos, vienen organizándose y haciéndose escuchar en los cacerolazos y actividades de visibilización abiertas a la comunidad. Al cierre de esta nota los vecinos y vecinas de Barracas que cortaron la calle, consiguieron que se restablezca la electricidad después de 10 días sin luz.
La solidaridad también crece. Los estudiantes organizados en asambleas están juntando donaciones para las familias afectadas por las inundaciones. Esto también se realiza en la PBA de Axel Kicillof, que tampoco tomó alguna medida sería para prevenir las inundaciones que se viven en las barriadas del conurbano.
Si algo queda claro es que lo que se está viviendo no pasa tanto por una cuestión de incompetencia estatal o incapacidad de gobernar, sino que se trata de un robo sistemático de nuestros salarios e ingresos en pos de favorecer a las grandes fortunas y someternos al FMI; y que la organización desde abajo es la única salida. |