El gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, avanzan en su cometido de modificar, vía decreto de necesidad y urgencia, la fórmula de la movilidad previsional. Buscan imponer un techo a las jubilaciones e impedir que crezcan por encima de los precios, que siguen subiendo producto de la inflación.
“Millones de jubiladas y jubilados son rehenes de las negociaciones, del toma y daca entre Milei y los gobernadores", denunció al respecto Nicolás del Caño en la reunión convocada ayer por la Comisión de Previsión del Congreso. “Mientras tanto, los funcionarios políticos del gobierno que venía a combatir la casta están muy tranquilos en sus sillones, con los millones que cobran”, agrega Myriam Bregman. Este viernes, con un proyecto de ley, los diputados del Frente de Izquierda volvieron a insistir en este aspecto.
Qué propone el proyecto
“El proyecto es muy sencillo”, explica Bregman, y destaca que tiene sólo dos artículos: uno, planteando la derogación de leyes que provienen de la dictadura y el menemismo y que instauran un régimen de privilegios para una casta de funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos que nos parece intolerable. Otro, planteando que a todas las personas a las que benefician esas leyes que proponemos derogar, que son presidentes, vicepresidentes, jueces, diputados, senadores, obispos, arzobispos, les serán aplicables las previsiones de la ley 24.241, que es la ley de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, destaca la autora de esta iniciativa que vuelve a ser presentada por cuarta vez consecutiva, debido a la negativa de todos los oficialismos -el actual y el anterior- a darle tratamiento.
De dónde vienen y qué plantean las leyes que quiera derogar la izquierda
Entre varias otras, la última dictadura cívico, clerical y militar impuso tres leyes que desde entonces siguen vigentes, sin que ningún gobierno constitucional, de ningún partido, se anime a dar por tierra con los privilegios que establece.
Por un lado, el decreto ley N° 21.540, de 1977, donde Jorge Rafael Videla determinó que los Arzobispos y Obispos y el Vicario Castrense perciba, sea por edad avanzada o por invalidez, una jubilación que equivale al 70% de lo que cobra un Juez Nacional de Primera Instancia, mientras que los Obispos Auxiliares, incluidos los de las Fuerzas Armadas, y el Pro-Vicario Castrense tienen una jubilación que equivale al 60% de la remuneración fijada para el mismo cargo (un Juez Nacional de Primera Instancia).
Como explica el proyecto de la izquierda, aunque esta medida fue dejada sin efecto en 2002, con la sanción de la la Ley N° 25.668, el entonces presidente Eduardo Duhalde la vetó con un decreto y dejó sin efecto 7 de sus 8 artículos, por lo que estas jubilaciones de privilegio lograron seguir en pie.
Por otro lado, vía el decreto-ley N° 22.430 de 1981, Videla también dispuso la creación de una asignación mensual vitalicia “para Sacerdotes Seculares del Culto Católico Apostólico Romano” que tengan 65 años en adelante o que estén “incapacitados”, que hayan desempeñado “su ministerio” en el país como mínimo cinco años y que no tengan los aportes previos. Para ellos, el decreto aún vigente de Videla determinó que reciban una jubilación mensual “equivalente al haber mínimo de jubilación del Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones para trabajadores en relación de dependencia”, es decir, una jubilación graciable.
Además, el proyecto apunta contra el decreto-ley 22.731, de Reinaldo Bignone, que otorgó al personal jerárquico del Servicio Exterior de la Nación, que integra la Administración Pública Nacional, el privilegio de jubilarse con el 85% móvil del mejor haber recibido, cuando el resto de los trabajadores registrados perciben alrededor el 60% o menos de su último salario.
“La cuarta ley que traemos a consideración, la ley 24.018 de asignaciones vitalicias fue sancionada durante el gobierno de Carlos Menem y vino a ratificar las pensiones y jubilaciones de privilegio para quienes ocupen los cargos de Presidencia y Vicepresidencia de la Nación, los jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el resto de los funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, las y los diputados nacionales, entre otros”, señala el proyecto del Frente de Izquierda, y recuerda que “al calor de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, el Congreso sancionó la ley 25.668 que derogaba las normas en cuestión”. Sin embargo, el mencionado decreto dejó en pie casi todas las prerrogativas que establecía esa ley.
El proyecto del Frente de Izquierda denuncia que “todos los gobiernos, uno tras otro, han echado mano a los fondos de la ANSES, despojando a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas de recursos y derechos, mientras que con todos estos privilegios a la casta política, judicial y clerical unas 5 mil personas, verdaderamente privilegiadas, cobran jubilaciones de entre 3 y 14 millones de pesos, decenas y decenas de veces más que el equivalente a una jubilación mínima, que no alcanza a cubrir siquiera la canasta básica del jubilado, que se estima en unos 579 mil pesos.
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