En un sistema capitalista y patriarcal no es sorprendente que individuos con recursos financieros puedan acceder a un tratamiento preferencial dentro del sistema legal, pero claro, ya sabemos que ‘justicia’ es un nombre muy poco acertado para el sistema judicial patriarcal al servicio de los ricos que tenemos.

A pesar de todas las pruebas aportadas inmediatamente por la víctima de la violación, tras activarse el protocolo de la discoteca en la que tuvieron lugar los hechos, el cuestionamiento social por sectores de la ultraderecha existió, y esto no es algo nuevo, venimos viendo cómo se pone el foco sobre las víctimas y se habla continuamente sobre su forma de vestir, si iba o no sola, y en este caso concreto si no mintió para aprovecharse de la indemnización del adinerado futbolista, como si tras una agresión así el dinero fuera a solucionar todos los problemas que acarrea.

La decisión judicial, aunque fundamentada en el tiempo ya cumplido en prisión preventiva y la proporcionalidad de la pena impuesta, abre cuestiones como la coherencia y equidad del sistema judicial, que ya venían estando en cuestión con respecto a las demandas contra la violencia sexual y de género desde el caso de la manada, que reactivó el movimiento feminista hace unos años, y donde señalábamos que la justicia no era para todos, y que es profundamente patriarcal y capitalista, y que pone a la víctima en el punto de mira de la judicatura.

Esto vuelve a abrir las mismas cuestiones: ¿se está aplicando la justicia de manera igualitaria? ¿O la influencia de la riqueza y el estatus social continúa sesgando los resultados judiciales? Estas preguntas se unen a los cuestionamientos sobre la Ley sólo sí es sí que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero nos vendía como una vía para combatir la violencia patriarcal a base del endurecimiento de las penas.

Pero si la fuerza del movimiento de mujeres en las calles se canaliza hacia una estrategia que pone el eje en exigirle al Estado capitalista penas más duras para los agresores –el mismo Estado que garantiza la reproducción del patriarcado, que expulsa a los inmigrantes y reprime a los activistas–, se termina legitimando ese aparato de dominación y se crea la ilusión de que con castigos individuales se puede terminar con la opresión

La realidad es que esta justicia del Estado español, que acaba de condenar a tres años de cárcel a los huelguistas del metal en Cádiz, o que condenó a 5 años de cárcel a 4 de los 6 de Zaragoza por protestar contra Vox, y que son los mismos que firman deshaucios contra familias vulnerables o devoluciones en caliente en las fronteras, son los que ahora dejan libre a Alves por una gran cuantía, ¿nos podemos fiar de que una justicia así y de sus leyes que la amparan, sea realmente justa y vele por nuestros intereses, o sólo podemos esperar que beneficie a los ricos y ataque con todo su aparato represivo a la clase trabajadora?

Está claro que los jueces, hijos sanos del régimen del 78 heredero del franquismo, no van a ser los grandes aliados de las mujeres y el movimiento feminista en este tipo de cuestiones como abusos y violaciones, y ante situaciones como esta vemos claramente la necesidad de pelear por medidas básicas como la elección de todos los jueces por sufragio universal y la generalización de los juicios por jurados populares, pero no se puede quedar ahí.

La pelea contra las violencias patriarcales va más allá de una justicia para ricos. Exigimos la habilitación de casas refugios para mujeres, sin presencia policial ni judicial. Exigimos que no sea necesario realizar una denuncia penal para recibir ayudas financieras o psicológicas, y la implementación de planes de educación sexual integrales en todos los niveles educativos.

La lucha por la separación de la Iglesia del Estado está ligada a esta pelea, en tanto es una institución reaccionaria que reproduce las opresiones, el machismo y la homofobia. Pero eso no es suficiente, si no se garantiza vivienda y trabajo para todas las mujeres en situación violencia de género, para que no tengan que seguir viviendo con sus agresores. La expropiación de viviendas vacías en manos de bancos y especuladores, es una demanda central en este sentido. De igual modo, la regularización de todas las personas migrantes es fundamental, ya que muchas mujeres son más vulnerables a situaciones de violencia de género por estar sin papeles.

Tenemos que exigir que en todos estos tipos de casos de agresiones sexuales participen comisiones independientes de mujeres, con especialistas en violencias machistas, además de la formación de comisiones de género en centros de trabajo y estudios, que incorporen la formación contra todo tipo de opresiones.