El miércoles 27 de marzo, se efectivizó el despido de 100 trabajadores y trabajadoras de Parques Nacionales. Muchos se organizan con movilizaciones y cortes. Entrevistamos a Fabian Bugnest, guardaparques retirado, sobre la situación que atraviesa el sector.

De acuerdo a las previsiones del Decreto Nº 84/2023 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, cuyo art. 1º establece que, entre las contrataciones del personal que desempeña funciones transitorias en la órbita de la administración nacional, 100 empleados del área de Parques Nacionales quedaron en la calle. Las y los trabajadores del sector se encuentran en estado de alerta y asamblea, previéndose acciones directas de movilización y cortes de ruta durante estos días de feriado largo.

Según surge de un informe del INDEC sobre la dotación de personal de la administración pública, elaborado en enero del corriente año, en la Administración de Parques Nacionales existe una planta de 2.232 agentes, conformada por guardaparques, brigadistas, administrativos, biólogos, antropólogos y abogados, la mitad de los cuales se encuentran empleados bajo el régimen de contrato público. Por su parte, en lo que refiere a la cantidad de áreas protegidas existentes en el país, se contabilizan un total de 55, con una extensión de unos 18 millones de hectáreas, cifra que, articulada a la cantidad de personal mencionada, arroja el porcentaje de un trabajador cada 8.000 hectáreas.

La experiencia en carne propia: testimonio de un guardaparques retirado

Tuvimos la oportunidad de dialogar con Fabián Bugnest, guardaparques retirado de Parques Nacionales, quien consultado por la situación que atraviesa la Administración de Parques Nacionales, nos expresa lo siguiente: “El sistema de la administración de áreas naturales protegidas nacionales corre peligro porque, técnicamente, las políticas de conservación y preservación natural son incoherentes con cualquier horizonte cortoplacista que busque reducción presupuestaria. La Administración de Parques Nacionales es un ejemplo y referente de áreas protegidas en América Latina. A 121 años de la creación del primer parque nacional, Nahuel Huapi, y a punto de cumplir 90 años como institución, asistimos a la reducción casi elemental del organismo”.

Respecto de los objetivos que persigue el gobierno con estas medidas de despido y vaciamiento de la dotación de Parques, el compañero Fabián responde: “Claro que la reducción de ese factor humano está incluido como una fase previa para la ocupación y manejo de organismos externos, como ONGs ambientalistas maquilladas de buenas intenciones. Eliminar el sistema de parques nacionales es imposible, porque son leyes nacionales que deberían pasar por el Congreso, e incidiría muy negativamente en la opinión pública. En otras palabras, es poco serio, a la vez que contraproducente por todo lo que engloba la eliminación del sistema de áreas naturales, que implicaría permanecer en estado latente, ofrecido en bandeja para gestores y apropiadores millonarios externos, a través de ONGs o fundaciones, donde solo unos pocos podrían vacacionar y disfrutar de las bellezas escénicas de la biodiversidad. Está claro además que, dentro de ese grupo minotario, de buen pasar económico, muchos de los beneficiarios son extranjeros. Así, se ofrecerán las áreas como espacio de recreación de la gente que pueda pagar por su utilización”.

Finalmente, de cara a las próximas acciones a seguir para enfrentar el ajuste y las situaciones disvaliosas creadas por el plan económico y político del gobierno, Bugnest nos señala que “la paralización que da el miedo no debe dejarnos callados o inmóviles, pues peor están aquellas familias de Parques cuyos integrantes no serán reincorporados o que seguirán con el contrato de la incertidumbre, hasta el próximo trimestre o hasta fin de año, en el mejor de los casos. Vaya con ellos la solidaridad y todo el apoyo y empatía que la situación exige”.

“Sin trabajadores no hay conservación”

Recordemos que el objetivo de los parques nacionales es la conservación y protección de la biodiversidad nativa, conformada por la flora, la fauna y los ecosistemas naturales, así como también la preservación de los sitios culturales e históricos, entendidos como bienes comunes de toda la humanidad. La historia comienza el 6 de noviembre de 1903, cuando Francisco Moreno decidió cederle al Estado nacional un extenso territorio de 7500 hectáreas a orillas del lago Nahuel Huapi, con el fin de consagrarlas como parque público natural. A partir de este momento, Argentina se convertiría en el tercer país de América –luego de Estados Unidos y Canadá- en impulsar el desarrollo de áreas naturales protegidas en su jurisdicción.

El 9 de octubre de 1934, mediante ley Nº 12.103 se creó la Dirección de Parques Nacionales (hoy Administración de Parques Nacionales), bajo la dependencia inmediata del Ministerio de Agricultura. En la actualidad, la normativa aplicable se encuentra contenida en el Decreto Ley Nº 22.351 de Parques y Reservas Nacionales y Monumentos Naturales, dictada en el año 1980. Dicho cuerpo legal consagra a la Administración de Parques Nacionales como un ente autárquico, cuyas funciones contemplan, entre otras, el manejo, fiscalización, conservación y protección de las áreas naturales en su estado natural, de su fauna y flora autóctonas, el otorgamiento de permisos de caza y pesca deportiva, la promoción de estudios e investigaciones científicas relativas a Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, así como también la realización periódica de censos de población, encuestas de visitantes y relevamiento e inventario de recursos naturales existentes, de sanción de las infracciones a las reglamentaciones vigentes, y el otorgamiento de concesiones para la explotación de servicios destinados al público visitante.

El ataque frontal del gobierno de Milei contra los trabajadores converge con una mentalidad extractivista y mercantilizadora de la tierra y los recursos naturales, como se evidencia a través de los lineamientos del DNU 70/2023, que dispone la derogación de la Ley de Tierras Rurales, de leyes de control de la actividad minera y la modificación de la normativa sobre energía. En tal sentido, se trata de normativas altamente regresivas en materia de medio ambiente, que privilegian las formas de gestión privada en el manejo de los espacios protegidos, al exclusivo servicio de la explotación turística, y por oposición a un acceso más amplio e igualitario de la población al disfrute de los paisajes naturales.

En términos globales, estas iniciativas atentan contra los derechos humanos, de jerarquía constitucional, y el principio de progresividad y no regresividad que los caracteriza, colocando a nuestro país en situación de incumplimiento respecto de las obligaciones internacionales asumidas en la materia.

Fagocitar la vida al servicio del capital parasitario

La disposición se comprende en el marco de un extenso paquete de medidas orientadas a la racionalización del gasto público, la estabilización monetaria y el achicamiento del Estado, universo vocabular que sustenta cualquier programa de gobierno de signo neoliberal ortodoxo. Desde una perspectiva sociohistórica, de lo que se trata, más bien, es de propiciar una nueva redistribución regresiva de los ingresos, desde las clases trabajadoras y las y los jubilados, hacia los sectores concentrados de capital, instrumentalizada a través del fuerte endeudamiento externo y la consecuente fuga de capitales al exterior.

Las noticias sobre la licuadora de salarios y despidos de trabajadores en distintos sectores de la administración pública, así como también de las empresas privadas, nos deben llamar la atención sobre el rol del Estado en el marco del neoliberalismo. Para ello, nos sirve adoptar un enfoque desde la economía política, la cual nos alerta acerca de la imposibilidad de separar las cuestiones económicas del todo vital, léase: lo social, lo político, lo cultural y lo medioambiental. Esta escisión implicó un desplazamiento conceptual y metodológico, desde la preocupación por el origen y la naturaleza del valor hacia la cuestión de los precios. Y este cambio de objeto se produjo como efecto de un conflicto político, datado en el último cuarto del siglo XIX, luego de la experiencia de organización obrera de la Comuna de París (1871) y la publicación de la obra de Alfred Marshall (1890), que esbozaba conceptos como “equilibrio general” o “concepto de utilidad marginal”. Con esto queremos recordar –y enfatizar- que no existe una teoría económica separada del contexto social y político, sino más bien, todo lo contrario: lo material es determinante, y a la vez determinado, por el discurso y la praxis política.

Entonces, cuando los abanderados del neoliberalismo lanzan sus diatribas acerca de la necesidad de achicar, e incluso, eliminar al Estado, no debemos interpretar tales expresiones en sentido literal, sino decodificarlas como lo que realmente son: un cambio en la direccionalidad de la acción estatal. Así lo ejemplifica una situación cotidiana: mientras el gobierno actual desregula y libera precios, en simultáneo interviene regulando las tasas de cambio, en función de su política de devaluación. A diferencia del liberalismo clásico, bajo la programática neoliberal el Estado no desaparece, sino que es objeto de una “reconfiguración radical de las instituciones y de las prácticas estatales” (Harvey, 2005: 88), puestas al servicio del gran capital y los sectores financieros. Su rol activo está orientado a crear, de forma sistemática y amplificada, situaciones de competencia en todos los ámbitos de la vida social: en otras palabras, su objetivo es la eliminación selectiva de la ineficiencia, lo que, a la postre, se traduce como una eliminación selectiva de sujetos.

Esta última observación se completa con una concepción del individuo cimentada en valores como la meritocracia y el emprendedurismo, en donde el sujeto aparece como una variable más de los costos de empresa, capital humano, que debe autovalorizarse. Finalmente, el rol activo se canaliza a través de los discursos del orden y la represión de todas las acciones contestatarias al orden capitalista vigente. Entonces, el eje orden y progreso, que solemos asociar con los postulados de Alberdi y Sarmiento, allá por el lejano siglo XIX, son una dupla que no cesa de reactualizarse en el marco de las relaciones sociales capitalistas.

El protocolo represivo de Bulrrich, así como las nuevas autorizaciones a las fuerzas policiales para disparar sin dar aviso, son ejemplos incuestionables de esta lógica: el ajuste, como cualquier situación de desigualdad creada por el capitalismo, no cierra sin coerción.

Advertido este cuadro de situación, el manejo del Estado bajo los criterios de la empresa privada implica un plan sistemático de redistribución de las ganancias, a favor de los grandes empresarios y en perjuicio de asalariados y jubilados, la privatización de los bienes comunes, como la tierra, la fuerza de trabajo, los recursos y ecosistemas, y la extranjerización en su manejo. No es posible, pues, seguir sosteniendo la premisa del “hay que aguantar”, porque, en el presente inmediato, las reglas del juego son claras y contundentes: vinieron a continuar y a profundizar el plan económico, social, político y cultural iniciado en la última dictadura militar, con su consumación durante el gobierno de Menem en los noventa. Vinieron a despojarnos de nuestros derechos, históricamente disputados y conquistados, bajo la narrativa del déficit cero, la licuadora de salarios y la motosierra a todo lo que huela a popular y comunitario.

Vinieron, por fin, a saquear las tierras y los recursos naturales, a garantizar la acumulación por desposesión de los grandes capitales mineros y energéticos extranjeros, reafirmando el carácter de enclave de nuestra economía latinoamericana, así como también la vulneración y el despojo de las comunidades nativas. Como sentenciara Rodolfo Walsh, en carta a interlocutores de la misma cepa que los dirigentes actuales, la miseria es planificada y las y los trabajadores, las mujeres y personas LGBTIQ+, las y los jubilados, jóvenes, personas discapacitadas y pertenecientes a comunidades indígenas, somos la cantera de explotación y coacción privilegiada. ¿Cómo puede sostenerse, entonces, un discurso de pasividad y conformismo ante la contundencia de la evidencia señalada?

Desde este espacio, manifestamos toda la solidaridad y el apoyo a nuestros compañeros y compañeras de Parques Nacionales, e insistimos en la necesidad de unificar la lucha y llamar al paro general ya. En tiempos en donde los gobernantes buscan tergiversar la historia de maneras notablemente burdas, pero peligrosas, recordamos las palabras del siempre vigente compañero Walsh: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas». («Cordobazo» en el Periódico de la CGT de los Argentinos, 1969).