La aprobación del dictamen presentado por el presidente López Obrador a finales del 2023, fue aprobado en apenas diez minutos sin discusión de por medio y con únicamente ocho de los 18 integrantes de la comisión presentes. Tan solo una de los once senadores presentes votó en contra de la medida.
Al presentar el dictamen para su votación, el presidente de la comisión, Félix Salgado Macedonio, insistió en que de aprobarse esta medida “habremos de permitir que las fuerzas armadas de nuestro país sigan formándose y capacitándose de cara a los retos que presenta el México contemporáneo al tiempo que se seguirán estrechando las relaciones con un importante vecino fronterizo”.
La “capacitación” por parte de los militares estadounidense se llevará a cabo en las instalaciones del centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, Chihuahua, entre el 8 de abril y el 17 de mayo de 2024. Este “Entrenamiento de Ejercicios Combinados Conjuntos” forma parte del Plan Anual de Actividades 2024 acordado entre la Secretaría de Defensa Nacional y el Comando Norte de Estados Unidos. Además, los once elementos instructores del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de EEUU entrarán al país con armamento, municiones y equipo especializado propio.
La solicitud fue presentada por López Obrador después de que se reuniera con Joe Biden en la ciudad de San Francisco el pasado 17 de noviembre, aunque el presidente aseguró que este no fue uno de los acuerdos que tuvieron en dicha reunión.
No puede obviarse que la propuesta del ingreso de los militares estadounidenses fue presentada en el marco de la insistencia del senador republicano de Texas, John Cornyn, para que el Departamento de Defensa de EEUU instruya a las fuerzas militares de México con el supuesto fin de luchar contra el crimen organizado y “fortalecer la cooperación militar” de ambos países.
El presidente dijo que no se puede no mantener relaciones permanentes con el vecino del norte pues “millones de mexicanos cruzan a EEUU para trabajar”. Sin embargo, este dictamen que busca profundizar la subordinación militar de México hacia Estados Unidos y no tendrá ningún correlato en la mejora de condiciones de vida de los migrantes mexicanos en tierras estadounidenses.
De cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la cuestión migratoria y el fortalecimiento del control en las fronteras con México ha sido un elemento importante de presión por parte del partido republicano. Durante el 2023 bajo el discurso del combate al fentanilo los distintos aspirantes a candidatos del partido republicano fortalecieron las amenazas de mayor injerencia en México. Ron DeSantis, emulando a Donald Trump, declaró en su momento que debía usare la fuerza letal para proteger al pueblo estadounidense, mientras que Asa Hutchinson dijo que no se puede tener éxito contra los cárteles a menos que se tenga a México como socio.
Sin embargo, a pesar de su retórica el gobierno demócrata de Joe Biden estuvo lejos de tener una política amigable con los y las migrantes y posiblemente apuesta a apuntarse unos cuantos puntos a favor en la carrera electoral con la potencial aprobación de este dictamen en el pleno del Senado mexicano, para mostrar su capacidad de continuar y profundizar la injerencia imperialista en su patio trasero.
Por su lado, López Obrador asegura que esta medida no atentará contra la soberanía nacional pues únicamente se trata de once elementos del ejército estadounidense con el objetivo de “fortalecer la capacidad de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Defensa Nacional”. A unos meses de culminar su sexenio, es claro que el presidente ha dado grandes pasos en consolidar el proyecto de militarización inaugurado por los gobiernos del PRI y el PAN, valiéndose de su enorme legitimidad, para complacer a la Casa Blanca en su interés de mantener el control del territorio mexicano tanto a nivel militar como económico como lo demostró la firma del T-MEC, la versión remasterizada del TLC.
López Obrador no solo había prometido la desmilitarización del país en su campaña presidencial, sino que en reiteradas ocasiones se había opuesto al ingreso de tropas estadounidenses en territorio mexicano. Esta vez la diferencia sería, según el mandatario, que lo estarían haciendo con permiso y para “afrontar amenazas comunes en el hemisferio norte del continente americano y fortalecer la relación bilateral”. Contrario a lo que ha afirmado el presidente no hay una relación de iguales o de amigos entre México y Estados Unidos, por lo que la única relación que puede profundizarse es la de subordinación.
Por otro lado, esas “amenazas comunes” no son otras que el tráfico de drogas y la crisis migratoria, pero no puede olvidarse que fueron precisamente los gobiernos de Estados Unidos quienes en su inicio promovieron al crimen organizado en México y otros países de América Latrina como mecanismo de control, hoy hipócritamente dicen querer combatir el tráfico de fentanilo con el mismo objetivo. Como explicamos en esta nota, Los Zetas surgieron “a partir de un grupo de exmilitares mexicanos entrenados en la Escuela de las Américas, cuyos alumnos fueron parte del impulso de golpes de Estado y de escuadrones de la muerte (como los kaibiles guatemaltecos) en América Latina.”
La desmilitarización del país y el fin de la subordinación política, económica y militar a Estados Unidos es una demanda histórica que el gobierno de la 4T ha demostrado estar menos que dispuesto a resolver. Para hacerla realidad, clase obrera mexicana, los pueblos indígenas y defensores de la tierra que enfrenta el despojo y los megaproyectos impuestos con la ayuda de la Guardia Nacional; la juventud; y el movimiento de mujeres y disidencias que enfrentan la violencia cisheteropatriarcal en México; tienen a su mejor aliado en la multiétnica clase trabajadora estadounidense y por las jóvenes generaciones que han protagonizado el Black Lives Matter, la lucha por la sindicalización y el movimiento contra el genocidio en Palestina.
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