De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), y citado por la Comisión de Salud de la Cámara Alta, la red de Consultorios Adyacentes a las Farmacias (CAF) en el país atiende a 46.6% de la población inscrita en algún sistema público de seguridad social y a 85.5% de quienes no están afiliados a estos esquemas.
Ante esto, al interior del Senado se ha impulsado una reforma a la Ley General de Salud (LGS) que reconoce a los CAF dentro de la legislación y obliga a las farmacias a responder por los derechos laborales de médicos y médicas que presentan su servicio en ellas.
Con esta reforma, las farmacias estarían obligadas a apegarse a las nuevas reglas de subcontratación de la Ley Federal del Trabajo (LFT), establecidas en 2021 para regular la prestación de servicios de terceros, por lo que estarían obligadas a contratar al personal médico de los CAF y respetar sus derechos laborales. ¿Esto cómo podría impactar a las y los trabajadores del sector?
Estas iniciativas de ley han sido propuestas de partidos como el Morena y la legisladora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano (MC), y secretaria de la Comisión de Trabajo del Senado, junto con otras reformas para ampliar los días de vacaciones, el aguinaldo o reducir la jornada laboral a 40 horas. Se trata de iniciativas que cuentan con la simpatía de diversos sectores de trabajadores del país, pero que siguen siendo insuficientes para garantizar en los hechos, plenos derechos laborales para todas y todos, incluidos los médicos que atienden en las farmacias.
Son casi 40,000 profesionales de la salud que laboran en la red conformada por 19,000 CAF en el país, pero muchos de ellos y ellas reciben salarios bajos, dependen de propinas e inclusive deben poner de su bolsillo el costo de los materiales que utilizan con sus pacientes.
En México, la precariedad laboral va en ascenso cada día y no solo es un problema del sector salud, sino una problemática general de la clase trabajadora, pues la vida de muchos es más difícil, con las pésimas condiciones de trabajo y reducidos derechos laborales, a lo que se suman los precios altos de la canasta básica, vivienda, transporte, salud, educación, entre otros; esto se convierte en un panorama donde, a pesar de los discursos y las promesas de campañas, nuestras vidas son indignas.
Las condiciones de precariedad someten a miles de profesionales de la salud a buscar un segundo trabajo para poder cubrir lo necesario para la vida, acabando con su salud física y mental, al estar más de 8 horas laborando y con el fin de tener mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, pero a costa de su propia salud física y mental.
De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en el 2018 el gasto en medicamentos en las familias representó el 28 por ciento, en contraste con el 2020 y en tiempos de pandemia, las familias gastaron 40.5 por ciento más en salud y compra de medicamentos, incrementadose dicho gasto hasta un 68 por ciento. En contraste, fue claro que la crisis sanitaria llevó a que la industria farmacéutica tuviera como nunca antes un crecimiento del 43 por ciento en sus ganancias.
Como podemos observar, la salud en lugar de ser un derecho para tod@s como se predica en las mañaneras sigue siendo un privilegio de clase, donde se beneficia más el sector privado y aumenta la riqueza de las grandes empresas farmacéuticas, a costa de la necesidad de la población, la explotación laboral y la precarización de los profesionales de la salud.
No basta con un decreto de ley para cambiar las condiciones laborales de los médicos y médicas que laboran en farmacias adyacentes. Se necesitan sueldos acordes con el costo de la canasta básica, materiales e insumos adecuados, así como el equipo suficiente de trabajo, entre otros.
Por ello, es urgente que la clase trabajadora tome la lucha por el derecho a la salud y los derechos laborales en sus manos, de forma independiente y sin ningún vínculo con los partidos del régimen que solo brindan migajas y hacen promesas de campaña. Las y los trabajadores merecemos todo y no solo una parte.
Debemos luchar por la centralización de los sistemas de salud público y privado, para que de esta forma pueda brindarse cobertura a toda la población y sean las y los trabajadores del sector de la salud quienes tomen el control para que no se lucre más con el derecho a la salud y todo el personal médico y de salud, trabaje con plenos derechos sociales y laborales.
Asimismo, exigir desde cada barrio y centro de trabajo mayor presupuesto para la salud pública y no para la militarización del país, cuyo gasto militar creció 41.5% hasta los 210, 000 millones de pesos anuales en el Gobierno de la 4T, en sintonía con los sexenios anteriores. |
