El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó este viernes que la redacción del proyecto para la nueva Ley Penal Juvenil se encuentra "en el último tramo". Anunció, además, que estima que podrán lo podrán tener finalizado este fin de semana para "tratar de meterla la semana que viene" en el Congreso.
El ministro aseguró que el proyecto, que entre otras cosas propone bajar a 14 años la edad de punibilidad, cuenta con consenso de especialistas. "La ley la hice ver por fiscales, jueces, especialistas y demás, y está consensuada. Estoy en el último tramo. Yo creo que vamos avanzar en este fin de semana, en el final, de comulgar este propósito común que tenemos con la ministra Bullrich de sacar la ley cuanto antes, y tratar de meterla la semana que viene", explicó Cúneo Libarona.
"Nuestra ley es de 1980. Los chicos que tenían 14 o 15 años en ese entonces no son los chicos de 14 o 15 años de hoy. La droga, la violencia, han desencadenado un montón de casos de menores que han cometido un montón de delitos gravísimos. Entonces tiene que haber un cambio", argumentó.
Sin embargo, los datos que suelen utilizar los funcionarios para incrementar la sanción de leyes punitivas están muy alejadas de lo que realmente ocurre en la sociedad. Si bien la violencia callejera está en ascenso, las causas no las genera el consumo de drogas sino el hambre. Es decir la política de ajuste brutal que está llevando adelante el gobierno de la Libertad Avanza. Pero hay otro dato que desmiente al ministro Cúneo Libarona.
Según la Base General de Datos de La Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 2022, las causas contra menores de 16 años, representaron un total de 1,047; el 80% de ellos no tenían causas anteriores en la Justicia Nacional de Menores. El 85% de estas causas corresponden a delitos contra la propiedad. Además, solo el 8 % tenían causas judiciales previas, lo que contradice la premisa sostenida por los funcionarios, que los chicos entran por una puerta y salen por la otra.
Asimismo hay que subrayar que los robos y crímenes cometidos por el negocio sangriento del narcotráfico se llevan adelante con la complicidad o participación de las fuerzas de seguridad, e incluso del Poder Judicial. Algo sobre lo que el ministro Cúneo Libarona sabe bastante.
Luciano Arruga fue asesinado por la Policía Bonaerense y desaparecido su cuerpo con complicidad institucional, todo por negarse a robar para la Policía. Este es un caso emblemático de lo que pasa con muchos jóvenes.
Aumentos a las fuerzas represivas
Patricia Bullrich diseñó un protocolo para impedir la protesta social. Junto al DNU, el gobierno puso en vigencia este protocolo antipiquetes para desalentar la movilización popular y reprimirla si se lleva adelante. Es así que el gobierno decidió recompensar con aumento de sus haberes a los guardianes de los intereses de la burguesía: las fuerzas represivas.
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, aprobó una serie de incrementos de haberes para policías federales, gendarmes y prefectos con pisos de casi 500 mil pesos para los rangos más bajos y techos que rozan los 2 millones para los cargos superiores.
La Resolución 210/2024 del Ministerio de Seguridad establece que un agente de la Policía Federal cobrará a partir de abril un salario bruto de 589.866 pesos, mientras que un comisario general percibirá 1.946.523.
Los aumentos son del 290,95 % interanual para todas las categorías. Para quienes cuentan con un título académico es aún mayor. Va del 1.223% para el grado más alto del escalafón, a 1.030 % para el más bajo. Estos aumentos son tanto para título universitario como para terciario. Se elimina la bonificación por posgrado.
La inflación interanual de febrero 2023-febrero 2024, fue del 276.2% (último informe del INDEC disponible). Es decir que quienes tienen el rol de reprimir a trabajadores, jubilados y docentes, que sufren día a día la pérdida de su salario, reciben una remuneración por sobre la inflación y muchísimo mayor a las paritarias que en todos los gremios les pusieron techos. Ni hablar de los jubilados que cobrarán sus magros ingresos en cuotas.
Ministerios al servicio del ajuste
Las dos noticias que se conocieron en las últimas 24 horas tienen una significativa relación. Solo si observamos esta última semana, nos encontramos con trabajadores estatales que están llevando adelante distintas acciones para enfrentar los cerca de 10.000 despidos en el Estado que dispusieron en los últimos diez días. Además, las y los docentes se movilizaron en la jornada de paro nacional convocado por Ctera. Reclaman la reapertura de paritarias y la restitución del Fondo de Incentivo Docente. Las acciones de los trabajadores estatales y los docentes, en la que participaron jubilados, fueron reprimidos. En medio de esa represión Federico Puy, docente de la escuela de Barracas, y miembro de la 9 de Abril, alertó sobre “la voucherización de Milei con una parte del pago para las escuelas privadas y el desfinanciamiento a la educación pública”. Además agregó que “estamos funcionando con un presupuesto educativo que es del año pasado, que ya tenía un ajuste muy importante a pedido del FMI”.
Sobre todo subrayó que los alumnos tienen hambre. “Están recortando en comedores de las escuelas, en las meriendas, en los desayunos” y denunció que en la Ciudad de Buenos Aires “el pancito que les dan ahora es un pancito de pancho, es decir han recortado la comida que le daban a los chicos, no hay plan de construcción de escuelas tanto que hablaban de alfabetización, no hay ningún plan de alfabetización, ni de entrega de libros”.
Los anuncios que llegaron desde los ministerios de Justicia y Seguridad responden a la necesidad del gobierno de pasar el ajuste que propone el FMI. La represión a los que luchan y el control social sobre los sectores más vulnerados es parte del plan motosierra y licuadora del gobierno de Javier Milei. | 
