La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, anunció en la noche de este viernes “el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador”, luego de que policías ecuatorianos irrumpieran por la fuerza a la embajada de México en Quito y se llevaran detenido al exvicepresidente de ese país, Jorge Glas.
La operación fue avalada por el presidente Ecuatoriano y empresario bananero Daniel Noboa, que justificó la detención del exvicepresidente (alineado políticamente con Rafael Correa) mediante un comunicado en sus redes sociales en las que señala que “Jorge Glas Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes (...) “Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glas ha sido condenado con sentencia ecuatoriana y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes”.
Sin embargo, Noboa no hizo ninguna referencia a las leyes internacionales que permitían a Glas permanecer refugiado en la embajada de México y que rompió en la noche de este viernes al ingresar por la fuerza.
Esta situación fue denunciada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que en la red social X señaló que "policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al exvicepresidente de ese país quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador".
La OEA publicó un comunicado haciendo alusión a la situación y llamando al respeto de los acuerdos y tratados internacionales pero donde no menciona a los países involucrados, es decir que evita aparecer tomando partido ante una situación absolutamente irregular. Solo señala una "solidaridad" general con México y llama al diálogo entre las partes.
El único precedente similar fue durante la dictadura en Uruguay. En 1976, el gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez, le dio asilo a una militante que huía de la dictadura uruguaya. Los cuerpos represivos ingresaron a la embajada venezolana y se la llevaron. En ese momento el gobierno venezolano rompió relaciones con Uruguay.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, ha desplegado un Estado policial en Ecuador desde principios de este año bajo la excusa del "combate al narco" que incluye el Estado de sitio y la militarización de los barrios populares, en particular en Guayaquil, junto al encarcelamiento masivo de jóvenes pobres, estigmatizados como parte de las bandas criminales que actúan en el país.
Estas bandas fueron promovidas, esponsoreadas y protegidas desde el propio Estado durante años y mantuvieron estrechos vínculos con la política, la justicia y las fuerzas represivas. Guayaquil se convirtió en la zona más caliente por ser el principal puerto y por no tener siquiera los controles básicos, permitiendo un funcionamiento fluido del narcotráfico, que al mismo tiempo se apoyaba en la dolarización de la economía y laxas restricciones financieras para completar el circuito de lavado de dinero.
Ni Noboa, ni ninguna figura clave de la oposición, denunciaron esta situación sino que aprovecharon para profundizar el bonapartismo estatal que cada vez se apoya más en la relación entre el presidente, las fuerzas armadas y la Policía. Este plan fue apoyado mediante un amplio "acuerdo nacional" que fue desde Rafael Correa hasta la Conaie (Coordinadora de nacionalidades indígenas), quienes declararon a mediados de enero que era el momento de encolumnarse detrás de Noboa en su "lucha contra las bandas criminales" y que luego vendría el momento de discutir las diferencias. Sobre esta unidad nacional se montó Estados Unidos que a fines de enero desembarcó en Ecuador con la presencia de la generala del Comando Sur, Laura Richardson, quien anunció un plan de 5 años de cooperación conjunta entre Ecuador y el Pentágono, que incluye una ley especial para dar inmunidad judicial a las tropas estadounidenses que actúen en territorio ecuatoriano.
La avanzada bonapartista del presidente, al dar luz verde para atacar la embajada de México y detener a Glass en un show mediático este viernes por la noche, es la consecuencia del fortalecimiento de ese Estado policial, que de todas maneras empieza a entrar en contradicción por la brutalidad de sus métodos, por la situación económica y social y por los levantamientos de los pueblos originarios contra la megaminería que se vienen sucediendo desde hace unas semanas en el país. | 
